El consenso social, el Gobierno y los sindicatos

EL PACTO social -que recibe impropiamente el nombre de concertaci¨®n, cuando esta palabra significa m¨¢s bien contienda o pelea- para el pr¨®ximo a?o se plante¨® en esta ocasi¨®n de un modo m¨¢s ambicioso y con mayor alcance que cuantos se hab¨ªan firmado hasta ahora en nuestro pa¨ªs. Esta intenci¨®n estaba avalada por el hecho de que por primera vez al frente del Ejecutivo figura un Gobierno socialista.El proceso del di¨¢logo, sin embargo, corre peligro de hacer que ese pacto no llegue a existir. La cuesti¨®n naci¨® enferma por varios motivos, y quiz¨¢ el m¨¢s importante de ellos haya sido un aparente y parad¨®jico desinter¨¦s de algunos miembros del Ejecutivo por negociar el programa econ¨®mico a medio plazo con los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Prueba de ello son las declaraciones del ministro de Econom¨ªa y Hacienda, quien durante el pasado verano expres¨® reiteradamente la voluntad del Gobierno de informar a sindicatos y empresarios sobre el plan, pero no a pactarlo. El Gobierno est¨¢ en su derecho de aplicar su propia pol¨ªtica econ¨®mica y de rendir cuentas de su gesti¨®n ¨²nicamente ante el Parlamento. Sin embargo, no parece coherente que mientras altos responsables de la Administraci¨®n negaban la voluntad del pacto, el presidente Gonz¨¢lez llamara a los interlocutores sociales y les pidiera un esfuerzo para llegar a la concertaci¨®n social.

El Gobierno, que exige una moderaci¨®n salarial como elemento fundamental de su pol¨ªtica econ¨®mica (aunque hab¨ªa predicado en el programa electoral y en el primer a?o de su mandato el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores), no ha explicado suficientemente qu¨¦ contraprestaciones de tipo social ofrece a esa moderaci¨®n, y la cobertura del desempleo est¨¢ siendo negociada con los sindicatos al margen de los Presupuestos Generales del Estado. Si bien es cierto que previamente, al debate de los presupuestos se hab¨ªa recogido una parte de las sugerencias de las organizaciones obreras, cabe preguntarse qu¨¦ puede ocurrir si en las negociaciones en curso entre sindicatos y Gobierno los primeros consiguieran imponer sus criterios. En ese caso al Gobierno, al menos por lo que se refiere a 1984, s¨®lo le quedar¨ªa la posibilidad de recurrir a v¨ªas de financiaci¨®n extraordinaria, denostadas muchas veces por algunos de los m¨¢ximos responsables del ¨¢rea econ¨®mica. Si, por el contrario, el Ejecutivo no tiene intenci¨®n de modificar las cuant¨ªas de las actuales prestaciones, el interrogante es, entonces, para qu¨¦ pueden servir las actuales conversaciones.

La situaci¨®n en la que se encuentran los dos sindicatos mayoritarios es otro de los elementos cruciales de la negociaci¨®n. Con la subida al poder del PSOE, UGT ten¨ªa, en los extremos, el riesgo o bien de alinearse excesivamente con las tesis gubernamentales o bien de actuar como vigilante y molesto acusador de la posible derechizaci¨®n del Gobierno. Tratando de soslayar estos dos polos, UGT ha tratado de nadar y guardar la ropa. Comisiones Obreras, v¨ªctima de las diferentes corrientes en su seno, se ha venido debatiendo entre la necesidad de participar en el acuerdo -frenando sus reivindicaciones mientras las negociaciones estuvieran abiertas para no quedar desenganchada de todo el proceso negociador- y el temor a renunciar a una pol¨ªtica de movilizaciones que algunos consideran rentable. As¨ª, ha mantenido una actitud ambigua, sin decantarse claramente por una negociaci¨®n que p¨²blicamente reclamaba, y adoptando a la vez posturas de presi¨®n que han crispado las conversaciones.

El tercer elemento que ha distorsionado el proceso tiene su origen en lo que a primera vista parece un enfrentamiento personal entre el ministro de Industria, Carlos Solchaga, y el secretario general del metal de CC OO, Juan Ignacio Mar¨ªn, que ha desembocado en la exclusi¨®n de CC OO de la mesa de la reconversi¨®n industrial. Al margen de las razones de uno y otro, comprensibles desde ambos puntos de vista, ni el ministro debe imponer a un sindicato su representante en la negociaci¨®n, ni un sindicalista puede utilizar el enga?o o la confusi¨®n para llevar adelante sus acciones. Y, desde luego, un enfrentamiento personal o una imposici¨®n arrogante nunca puede poner en peligro algo que afecta al inter¨¦s de miles de trabajadores.

El mapa del pacto social, reducido de momento a los temas de empleo y reconversi¨®n industrial, se presenta as¨ª muy diferente de como se proyect¨®. En la mesa de empleo se negocia una cobertura ya condicionada por los propios presupuestos generales, con lo que el campo de juego se reduce a negociar el reparto de unos fondos limitados. En el otro gran tema de debate, la contrataci¨®n temporal, los sindicatos pueden pensar que tienen m¨¢s posibilidades de obtener algo, pero de todas maneras parece muy firme la voluntad del Gobierno de flexibilizar al m¨¢ximo el mercado de trabajo, con la idea de .cumplir con sus objetivos de empleo.

La mesa de reconversi¨®n industrial presenta caracter¨ªsticas a¨²n m¨¢s duras. El proceso de reconversi¨®n va a marcar la pol¨ªtica industrial de este pa¨ªs en los pr¨®ximos a?os. Que en el mismo no participe CC OO dificultar¨¢ sensiblemente su desarrollo. Quiz¨¢ pudiera llevarse a la pr¨¢ctica la reconversi¨®n con o sin CC OO, pero no es deseable que el consenso social falle en uno de sus m¨¢s importantes elementos. No es seguro que un simple acuerdo entre UGT y el Gobierno sirva para a?adir credibilidad al proceso, y en cambio puede agudizar la sensaci¨®n de absoluta connivencia entre el Ejecutivo y la central socialista. ?sta corre el peligro de convertirse en el instrumento del Gobierno para llevar adelante su pol¨ªtica econ¨®mica y social. Y CC OO quiz¨¢ caiga en la tentaci¨®n de un radicalismo ya visible en algunas de sus movilizaciones callejeras recientes, m¨¢s demag¨®gicas que otra cosa.