Iglesia rica, curas pobres

Las retribuciones de los sacerdotes se complementan con lo obtenido en los cepillos o con las limosnas y estipendios que los fieles entregan a los ministros del culto como contraprestaci¨®n de los actos lit¨²rgicos, a pesar de que los aranceles quedaron suprimidos hace a?os y, en teor¨ªa, todos los servicios eclesiales son gratuitos. La emotividad de un bautizo, de un casamiento o de una defunci¨®n encauza muchas veces los sentimientos religiosos por la vertiente de la generosidad econ¨®mica hacia quien dispensa bienes espirituales tan apreciados.Depende de cada caso concreto que el sacerdote aplique los resultados financieros de esas efusiones religiosas a mejorar su patrimonio personal o a satisfacer necesidades de la feligres¨ªa o de los pr¨®jimos. De todos modos, como la Iglesia tiene respuesta para todo y uno de sus axiomas es que "la caridad bien entendida empieza por uno mismo", la situaci¨®n de pobreza formal en que la Conferencia Episcopal mantiene a sus ministros constituye una tentaci¨®n permanente -en la que seguramente no cae ning¨²n sacerdote con sentido evang¨¦lico- de convertir en fuente personal de ingresos la devoci¨®n de los fieles. Unos sueldos dignos y suficientes, sufragados y controlados por la comunidad parroquial, y la prohibici¨®n absoluta de complementar la retribuci¨®n con ning¨²n tipo de limosna, ayuda o estipendio, contribuir¨ªa a la dignificaci¨®n de los sacerdotes, en opini¨®n de muchos cristianos de base.

En contraste con esa carencia de sus ministros, la Iglesia funciona, a efecto de transacciones exteriores y de movimiento de divisas, seg¨²n fuentes del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, como una multinacional. La Conferencia Es pa?ola de Religiosos y Religiosas (Confer), por ejemplo, cuenta con un cupo anual de salidas de divisas superior a los 1.000 millones de pesetas, que se incrementa cada a?o seg¨²n el aumento del ¨ªndice de precios al consumo. La Iglesia ha solicitado reiteradamente que se levante este techo. Otra v¨ªa de salida de divisas es el cupo de la propia Conferencia Episcopal. La necesidad de no sobrepasar el cupo de 1982 fue la raz¨®n de que el sobrante de lo recogido con motivo de la visita del Papa se entregara como donativo a un diario madrile?o.

"Pobres, pero no m¨ªseros"

El obispo de Vallecas, Alberto Iniesta, no cree que los sueldos del clero sean tan escasos. ?l, que ha renunciado a su retribuci¨®n de obispo ("yo parto de la idea de que el est¨®mago de todos es igual") y cobra como un presb¨ªtero m¨¢s asegura: "Vivimos con sobriedadcomo consecuencia de una pobreza aceptada voluntariamente y que en ning¨²n caso debe confundirse con una situaci¨®n de miseria". A?ade que la falta fe cargas familiares y lasventajas de la casaparroquial o el ahorro de la vida en com¨²n de varios sacerdotes aminoran notablemente las necesidades.Alberto Iniesta acepta que hay sacerdotes que se vean obligados a acudir a la limosna de los fieles aunque a ¨¦l no se le ocurre cobrar por los servicios religiosos. "Si los seglares vienen a misa gratis ?c¨®mo voy a cobrar yo por participar en la celebraci¨®n eucar¨ªstica?". En su opini¨®n, no hay gran diferencia entre unos y otros curas -los p¨¢rrocos cobran igual que los coadjutores, excepto la diferencia de trienios-, ni entre los de Vallecas y, por ejemplo, los de zonas ricas comoel madrile?o barrio de Salamanca: "Creo que en este aspecto se aplica la filosof¨ªa de la comunicaci¨®n de bienes. Existe una caja de compensaci¨®n, a la que todas las parroquias aportamos lo que podemos, y despu¨¦s pedimos seg¨²n las necesidades de nuestras feligres¨ªas. Lo que sobra a unos se entrega a otros. Puede haber alg¨²n caso de ahorrar pensando en la vejez, pero creo que esas situaciones son las menos".

Seg¨²n datos facilitados a este peri¨®dico por el sacerdote Bernardo Herr¨¢ez, encargado de las finanzas de la Iglesia espailola, las percepciones de los obispos y sacerdotes, incrementadas para 1984 en el 6,5% respecto a las del a?o anterior -de forma paralela a las remuneraciones de los funcionarios y de acuerdo con el incremento de la dotaci¨®n presupuestaria real?zada por el Estado-, son, en t¨¦rminos globales, las siguientes: los obispos perciben un sueldo rriensual de 65.604 pesetas y los sacerdotes de 27.690 pesetas.

Aunque estas cantidades s¨®lo se perciben las 12 mensualidades ordinarias y las dos pagas extraordinarias son algo m¨¢s reducidas, en el cuadro adjunto se ha calculado a raz¨®n de 14 pagas del mismo importe. Igualmente, aunque entre los 91 obispos y los 23.500 sacerdotes con que cuenta la Iglesia espa?ola algunos est¨¢n jubilados y perciben cantidlades inferiores en concepto de pensiones, en el cuadro se han unificado todas las percepciones, de acuerdo con el criterio de Herr¨¢ez, seg¨²n el cual "en cantidades tan peque?as, poco se puede reducir". La Conferencia Episcopal se ahorra tambi¨¦n los sueldos de los sacerdotes que perciben en n¨®mina, por otras ocupaciones, cantidades superiores a las 40.000 pesetas mensuales. "A ¨¦stos s¨®lo se les paga una gratificaci¨®n de 2.000 pesetas", informa Herr¨¢ez.

A pesar de despreciar estas cantidades deducibles y de haber realizado los c¨¢lculos y los redondeos, como el del importe de la Seguridad Social, al alza, la distribuci¨®n de la asignaci¨®n estatal para el clero que proyecta realizar la Conferencia Episcopal para 1984 arroja un sobrante superior a los 58 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que la dotaci¨®n que el Estado transfiere actualmente de forma global a la Conferencia Episcopal sustituye a las dotaciones que tradicionalmente pagaba el Ministerio de Justicia individualizadamente a cada obispo o sacerdote, quienes seguramente saldr¨ªan beneficiados si se volviera a esta forma de retribuci¨®n directa.

El 'sobrante' y los 'agujeros'

Por supuesto que ese sobrante no es tal en cuanto la Iglesia tiene numerosos agujeros donde echar cualquier excedente de dinero. Se g¨²n el propio Herr¨¢ez, en 1983 se dedicaron 224 millones de pesetas a la Confer, Universidad Pontificia de Salamanca y Conferencia Episcopal; 134 millones para las universidades eclesi¨¢sticas; 490 millones para actividades pastorales, y 177 millones de pesetas para gastos patrimoniales. En 1984, estas cantidades ser¨¢n similares. Por otra parte, los casi 45 millones de pesetas que aporta el Estado para conservaci¨®n de templos son a todas luces insuficientes, "con unas iglesias", dice Herr¨¢ez, "que se est¨¢n cayendo". Hay que sacar dinero de otros sitios para que los templos se mantengan en pie.Pero ¨¦se es un problema de la Iglesia, que tambi¨¦n cuenta con fuentes de recursos propias. La Conferencia Episcopal recibi¨® de las di¨®cesis, para 1983, una aportaci¨®n de unos 900 millones de pesetas, y para el pr¨®ximo a?o esta aportaci¨®n probablemente superar¨¢ los 1.000 millones, sin contar otros rendimientos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Iglesia. Bernardo Herr¨¢ez se neg¨® a facilitar otros datos del presupuesto para 1984 o de los criterios de constituci¨®n y distribuci¨®n del fondo com¨²n interdiocesano, que a partir de ma?ana, lunes, comenzar¨¢n a ser estudiados por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. "Lo que hay ahora es un proyecto que debe ser conocido, debatido y aprobado por los obispos antes de que yo pueda decir nada sobre su contenido a la prensa", dijo.

En todo caso, lo que al ciudadano le importa es qu¨¦ se hace con su dinero, esto es, con las pesetas que el Estado entrega a la Iglesia para el sostenimiento del clero y de los templos, en sustituci¨®n de las transferencias "por piezas eclesi¨¢sticas" que realizaba la antigua Direcci¨®n General de Asuntos Eclesi¨¢sticos antes de 1978. Como explica el actual director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, desde la vigencia de los acuerdos con la Santa Sede, suscritos en 1979, la filosof¨ªa con que se realiza la consignaci¨®n global elimina la vieja concepci¨®n del Concordato de 1953, que justificaba la dotaci¨®n econ¨®mica en el pago de la desamortizaci¨®n y la establec¨ªa como f¨®rmula provisional "hasta tanto se pudiera reconstruir el patrimonio eclesi¨¢stico".

El 'impuesto religioso', in¨¦dito

En los acuerdos con la Santa Sede se especifica que "el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jur¨ªdicas contra¨ªdas en el pasado". Los acuerdos prev¨¦n un proceso hacia la auto financiaci¨®n de la Iglesia que pasa por un per¨ªodo transitorio de tres a?os -en principio, 1980, 1981 y 1982-, durante los cuales el Estado "podr¨ªa" asignar a la Iglesia cat¨®lica un porcentaje del rendimiento de la imposici¨®n sobre la renta o el patrimonio neto u otra de car¨¢cter personal, mediante la manifestaci¨®n expresa de cada contribuyente sobre el destino deseado para dicho porcentaje. En ausencia de tal declaraci¨®n, la cantidad correspondiente se destinar¨ªa a otros fines.El importe obtenido por este procedimiento, mal llamado impuesto religioso, aminorar¨ªa la aportaci¨®n global del Estado a la Iglesia hasta tanto la sustituyera totalmente. Ni los Gobiernos centristas ni el Gobierno socialista han puesto en marcha estas previsiones de los acuerdos con la Santa Sede. En este momento est¨¢n muy avanzados los trabajos de los departamentos de Justicia y Hacienda, pero, seg¨²n el director general de Asuntos Religiosos, "se trata de una decisi¨®n pol¨ªtica que el Gobierno no ha considerado oportuno adoptar todav¨ªa".

Para Bernardo Herr¨¢ez, la raz¨®n de la no implantaci¨®n del impuesto religioso reside en la falta de un acuerdo gubernamental con las otras confesiones religiosas. Precisamente el pr¨®ximo d¨ªa 5 de diciembre la Comisi¨®n Asesora de Libertad Religiosa -integrada por expertos gubernamentales y representantes de la Iglesia cat¨®lica y de las confesiones israel¨ª, evang¨¦lica, musulmana y ortodoxa- estudiar¨¢ el concepto "notorio arraigo en Espa?a", exigido le almente para que el Estado establezca acuerdos con las confesiones religiosas.

El problema de la posible inconstitucionalidad de una declaraci¨®n fiscal que conculcar¨ªa el derecho a no declarar sobre la ideolog¨ªa, religi¨®n o creencias no es considerado un obst¨¢culo serio por el Gobierno. Su¨¢rez Pertierra recuerda que lo que la Constituci¨®n impide es obligar a declarar, pero no hacerlo voluntariamente. Asimismo, estima que la soluci¨®n alternativa ofrecida, consistente en exenciones fiscales a los miembros de las confesiones con las que pactara el Estado, presenta el mismo riesgo de la constancia oficial de la religi¨®n profesada. El valor del impuesto religioso residir¨ªa en que ofrecer¨ªa una radiografla religiosa de la sociedad espa?ola. "Ser¨ªa un test colectivo que a lo mejor nos proporcionaba muchas sorpre sas", manifiesta el obispo Iniesta.