La agrupaci¨®n de acreedores de Rania se querella por estafa contra los gerentes de la central lechera

Laz agrupaci¨®n de acreedores de Productos L¨¢cteos Freixas interpuso ayer una querella criminal por presunta estafa contra Narcis Torerent¨®, Felip Puig y Pere Astais, gerentes de Central Lletera de Catalunya, que elabora la leche conocida bajo la marca Rania. Los acreedores solicitan que se suspenda la subasta de la empresa convocada para el pr¨®ximo d¨ªa, 24 de noviembre por la Magistratura de Trabajo n¨²mero 1 de Barcelona en la que se han tasado los bienes en 313 millones de pesetas cuando el valor activo de la empresa supera los 2.000 millones de pesetas, seg¨²n los ¨²ltimos balances.

La agrupaci¨®n de acreedores, integrada por un conjunto de 60 sociedades y con unos cr¨¦ditos de m¨¢s de 800 millones de pesetas, se constituy¨® p¨²blicamente en febrero de 1982, pero de forma privada ya ven¨ªa funcionado desde poco despu¨¦s del 4 de diciembre de 1980, d¨ªa en que se solicit¨® la quiebra de la sociedad declarando unas deudas de 2.400 millones de pesetas.Entre los acreedores de la agrupaci¨®n destacan varios centenares de ganaderos de Navarra, ?lava, Guip¨²zcoa, Zamora y Palencia, la cooperativa de Industrias Alimenticias de Navarra, la Cooperativa Agraria de La Coru?a, la Caja Rural Provincial de Palencia, Papelera Internacional y Construcciones Batalla, entre otros.

Fue nombrado depositario administrador de la quiebra Francisco Pedre?o, y comisario, Luis Ram¨ªrez Feliu, quien no present¨® el balance y el informe de la empresa quebrada hasta el 15 de marzo de 1982. El pasivo que se hizo constar fue el siguiente: cr¨¦ditos laborales, 408 millones de pesetas; Instituto Nacional de Previsi¨®n, 189 millones; Hacienda P¨²blica, 44 millones de pesetas; cr¨¦ditos hipotecarios, 391 millones, y cr¨¦ditos comunes, 1.972 millones de pesetas. Paralelamente, el Fondo de Garant¨ªa Salarial fue pagando a los trabajadores unas cantidades que, los querellantes estiman en 400 millones de pesetas.

En mayo de 1982 se aprob¨® el convenio de acreedores con el voto favorable de los cr¨¦ditos laborales que supon¨ªan el pago de las deudas en un plazo de 10 a?os con dos de carencia. Asimismo, se nombr¨® una comisi¨®n de verificaci¨®n y una comisi¨®n de vigilancia encargadas de controlar el desarrollo de la empresa.

Nuevos cr¨¦ditos

Tras la aprobaci¨®n del convenio, los ganaderos catalanes que suministraban leche a Rania, animados por el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, constituyeron Uni¨® de Ramaders (una uni¨®n de ganaderos) y se hicieron con m¨¢s del 90% de las acciones de la sociedad, que a partir de entonces pas¨® a denominarse Central Lletera de Catalunya.Durante este tiempo, el n¨²mero de trabajadores qued¨® reducido a 41,6 frente a los 808 con que contaba la plantilla de la empresa en el momento en que se inst¨® la quiebra.

Al frente de Central Lletera se situ¨® a Narc¨ªs Torrent¨®, presidente de Uni¨® de Ramaders, y ex jefe de Servicio de Relaciones Agrarias del Departamento de Agricultura de la Generalitat.

La nueva sociedad cont¨® con vanos cr¨¦ditos por una suma total de 350 millones de pesetas otorgados por la Caja de Barcelona y la Caja Rural de Gerona, que estaban avalados por la Generalitat a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Ayuda a la Reconversi¨®n Industrial de Catalu?a (CARIC). Pero la insuficiente ayuda financiera y la mala gesti¨®n hicieron fracasar el proyecto.

A mediados de junio de 1983 se comunic¨® al consejo de vigilancia que la situaci¨®n de la empresa era de franca bancarrota, y los directivos se pusieron a disposici¨®n del citado consejo para que la junta general de acreedores decidiese la liquidaci¨®n o la administraci¨®n de la sociedad. Sin embargo, el 20 de julio, Torrent¨® pidi¨® que se suspendiera la reuni¨®n y propuso una soluci¨®n: el arrendamiento de la empresa a los trabajadores por la misma cantidad mensual que se deb¨ªa pagar a los acreedores, es decir, unos 115 millones al semestre.

Acuerdo laboral

El 29 de julio se lleg¨® a un acuerdo, que permiti¨® a los 286 trabajadores constituirse en sociedad an¨®nima laboral y solicitar una ayuda de 700.000 pesetas cada uno para refinanciar la sociedad.Sin embargo, unos d¨ªas antes el 15 de julio, los representantes de los trabajadores comparecieron ante el IMAC y reclamaron el cobro de 298 millones de pesetas, en concepto de salarios atrasados y pagas extraordinarias. El representante de la empresa, Juan Garc¨ªa de la Riera, reconoci¨® la deuda y se comprometi¨® a pagarlos el 18 de julio.

Transcurrido el plazo sin que se hiciera efectivo el pago, los trabajadores recurrieron a Magistratura del Trabajo, instando la v¨ªa de apremio reconocida por el IMAC. Se procedi¨® a la peritaci¨®n de los bienes y result¨® una valoraci¨®n de los mismos sorprendentemente distinta de la real e incluso de la que consta en el expediente de la quiebra. As¨ª, el perito de Magistratura valora ahora la maquinaria en 225 millones de pesetas, cuando en la quiebra eran 755 millones de pesetas.

Los inmuebles que en la quiebra se valoraban en 361 millones, ahora se estiman en 37 millones. Los 195 veh¨ªculos de reparto que hace dos a?os se valoraban en 157 millones, ahora se eval¨²an en 25. En suma, el valor de todos los bienes de la empresa, que supera los 2.500 millones de pesetas, se ha reducido a 313 millones.

Adem¨¢s, como no se permitir¨¢ a ning¨²n otro postor que se presente a la subasta porque en este supuesto hay amenazas de incendiar la f¨¢brica, toda la empresa se puede liquidar por dos tercios de la tasaci¨®n, es decir, 234 millones.