El Senado solicita informaci¨®n al director general de la Polic¨ªa y al fiscal general del Estado

La comisi¨®n del Defensor del Pueblo y Derechos Humanos del Senado acord¨® ayer solicitar la comparecencia del director general de la Polic¨ªa, Rafael del R¨ªo, y la del fiscal general del Estado, Luis Bur¨®n Barba, para que expliquen si se produce o no una supuesta "falta de inter¨¦s" cuando una mujer va a denunciar malos tratos a una comisar¨ªa, o una presunta "lenta acogida" en la admisi¨®n de tales denuncias en los juzgados. ?sta es una de las primeras medidas que adopt¨® ayer la mencionada comisi¨®n del Senado, que se ha interesado por la situaci¨®n de las mujeres maltratadas por sus maridos a ra¨ªz de un escrito remitido por un grupo de abogadas de Madrid.En el citado escrito, del que se hizo portavoz en la C¨¢mara Alta la senadora socialista Mar¨ªa del Carmen Delgado, se recogen los ¨²ltimos testimonios sobre mujeres que tras haber denunciado reiteradamente haber sufrido malos tratos, han sido asesinadas, y entre otras cosas se denuncia que "ninguna autoridad judicial o policial ha renunciado a su puesto o ha cesado en su cargo, cuando se han conocido casos de mujeres asesinadas por sus maridos despu¨¦s de haber intentado in¨²tilmente solicitar tutela para su vida y sus derechos m¨¢s elementales ante la justicia". "Ninguna investigaci¨®n", prosigue, "se ha producido por parte del Consejo General del Poder Judicial por la ineficacia de los juzgados para detener esas agresiones; y ninguna sanci¨®n para los jueces que se atribuyen competencia que no tienen (los jueces de distrito) para conocer coacciones, tentativas de parricidio, amenazas de muerte...".

Tras describir ¨²ltimos testimonios de mujeres asesinadas por sus maridos, a pesar de haber denunciado repetidamente haber sido objeto de malos tratos (se recogen los n¨²meros de sumario, para aseverar la fiabilidad de lo relatado, ya que muchos casos parecen incre¨ªbles), las abogadas se acogen al derecho de petici¨®n que contempla el art¨ªculo 29 de la Constituci¨®n, para que el poder legislativo, en este caso el Senado, haga algo para remediar tales situaciones.

Tambi¨¦n recogen las abogadas que la Subsecretar¨ªa de Interior, cuyo responsable es Carlos Sanju¨¢n, acogi¨® las peticiones que le hiciera la Comisi¨®n para la Investigaci¨®n de Malos Tratos a las Mujeres, patrocinada por la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Espa?a. Estas medidas, que fundamentalmente tend¨ªan a obtener que las comisar¨ªas de su dependencia recibieran las denuncias que formulaban las esposas, prescindiendo de la relaci¨®n familiar que exist¨ªa con el presunto agresor, han comenzado a dar sus frutos.

Antes de comenzar sus trabajos, la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Senado acord¨® ayer recabar informaci¨®n de las partes que intervienen en estos casos, y solicitar¨¢ la comparecencia del fiscal general del Estado o de alg¨²n alto cargo del Ministerio Fiscal, del director general de la Polic¨ªa, de las propias abogadas denunciantes, de la Comisi¨®n contra los Malos Tratos a Mujeres y del Instituto Nacional de la Mujer.

Asimismo, la comisi¨®n prosigui¨® sus trabajos para elaborar un informe sobre la discriminaci¨®n que sufre la comunidad gitana y nombr¨® una ponencia que se encargar¨¢ de la mendicidad infantil, a propuesta del Grupo Socialista. Todos los grupos parlamentarios apoyaron las tres medidas: sobre malos tratos, discriminaci¨®n de los gitanos y mendicidad de la poblaci¨®n infantil. Tan s¨®lo hubo una objeci¨®n del senador socialista Celso Montero, quien protest¨® porque en el informe de las abogadas figuraba como caso denunciado el de Neus Soldevilla, condenada por haber inducido a sus hijos a matar a su marido.