Los censores de cuentas quieren mayor nacionalizaci¨®n de las firmas auditoras
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas ha efectuado una convocatoria para el pr¨®ximo d¨ªa 13, con el fin de pronunciarse definitiva y oficialmente sobre el anteproyecto de ley de Auditor¨ªas preparado por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, cuyo titular es Miguel Boyer.Las principales observaciones formuladas provisionalmente se centran en que los auditores no sean convertidos en funcionarios, que sea democr¨¢tico el nombramiento de los directivos del futuro Instituto de Auditores y que se imponga un mayor nivel de nacionalizaci¨®n que el proyectado para las empresas extranjeras.
El instituto, creado en 1927, tiene m¨¢s de 4.000 miembros, de los cuales 1.100 juraron o prometieron fidelidad a sus principios de ¨¦tica el a?o pasado, dado el auge creciente de la profesi¨®n.
Un solo organismo
Seg¨²n explicaron ayer a los periodistas los responsables del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, regular las revisiones externas de cuentas de las empresas y hacer depender de un solo organismo a los auditores ser¨¢ positivo e importante.Adem¨¢s, si prospera el proyecto de que la mayor¨ªa de las sociedades an¨®nimas tenga que ser sometida a tales revisiones -recogido en los ¨²ltimos borradores del anteproyecto de ley de sociedades an¨®minas-, "habr¨¢ trabajo para todos", tanto nacionales como extranjeros. Pero, a su juicio, dejar sin vida al Instituto de Censores Jurados de Cuentas, como ocurrir¨ªa al reconvertirlo en el futuro Instituto de Auditores, requiere una serie de cautelas para preservar la independencia de su labor.
En opini¨®n del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, que compite en protagonismo e influencia ante la Administraci¨®n espa?ola y las empresas con el Registro de Auditores, promovido por las principales multinacionales de auditor¨ªa instaladas en Espa?a y por el Colegio de Economistas de Espa?a, el anteproyecto de ley no preserva la independencia de las auditor¨ªas y convertir¨ªa a los auditores en funcionarios, por el control que ejercer¨ªa la Administraci¨®n sobre su colegio profesional e incluso por la regulaci¨®n de aranceles.
Sus responsables a?adieron que los organismos internacionales ya han advertido de que, si prospera este anteproyecto, Espa?a no formar¨ªa parte de ninguno de ellos. Preguntados sobre la preferencia que se observa de forma muy mayoritaria entre las empresas que se auditan por las firmas extranjeras, sobre todo si tienen que salir a mercadoos exteriores, contestaron que ten¨ªan constancia de que en el extranjero han sido aceptados numerosos trabajos de miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.
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