Las cajas tachan de "in¨²til" el decreto de la Generalitat que las obliga a auditarse, porque todas lo vienen haciendo

El decreto sobre cajas de ahorro aprobado por el Gobierno de la Generalitat es "in¨²til" o "superfluo", en opini¨®n de medios del ahorro catal¨¢n. El decreto obliga a las cajas a realizar auditor¨ªas, cuando las 11 cajas catalanas ya est¨¢n auditadas. Asimismo, instrumenta el control del Gobierno aut¨®nomo sobre la obra social, cuando el decreto de diciembre de 1980 ya lo preve¨ªa. El decreto incumple dos promesas hechas al Parlamento de Catalu?a por el conseller de Finanzas.

El decreto sobre cajas, ya aprobado por el Gobierno Pujol, y al que ha tenido acceso este diario, consta de ocho art¨ªculos, dos disposiciones transitorias y una final, y ayer estaba pendiente de publicaci¨®n en el diario oficial. Las cajas, que no han mostrado oposici¨®n a esta norma, s¨ª han expresado su desd¨¦n por la misma, debido a su "inutilidad".El decreto -que va acompa?ado de una orden- establece la obligatoriedad de hacer p¨²blicos los criterios de actuaci¨®n de los consejos de administraci¨®n y reglamenta el control del gobierno aut¨®nomo sobre la obra social. La publicidad de los criterios de actuaci¨®n, pese a que algunas cajas ya cumplen con ello, es el aspecto m¨¢s novedoso. Por el contrario, el control de la obra social ya estaba contemplado en el decreto de 29 de diciembre de 1980, seg¨²n el cual la Generalitat "dar¨¢ la aprobaci¨®n a los proyectos de nueva obra social que presenten las cajas de ahorro catalanas", por lo que la nueva norma era innecesaria, seg¨²n las mismas fuentes.

Donde la cr¨ªtica de inutilidad es m¨¢s severa es en la obligatoriedad de las auditor¨ªas, que se ha presentado oficialmente (ver EL PAIS del 5 de enero) como la principal aportaci¨®n de la nueva norma. El decreto establece la obligatoriedad de realizar auditor¨ªas y presentarlas a la Generalitat, cuando de hecho las 11 cajas catalanas ya ven¨ªan realizando auditor¨ªas en los ¨²ltimos ejercicios (ver detalle, fechas y especificaci¨®n de firmas auditoras en cuadro adjunto).

As¨ª, algunos directivos han destacado el "car¨¢cter de escaparate" de la medida, mientras otros la han relacionado con "el intento del conseller de efectuar un acto gratuito de autoridad, despu¨¦s de las recientes discrepancias surgidas entre ¨¦l y las cajas". Est as discrepancias se refieren a la cobertura de la ¨²ltima emisi¨®n de deuda p¨²blica de la Generalitat, por un importe de 10.000 millones, que debi¨® ser asumida por las cajas -mediante el derreto de 1980-, ya que los baneos se negaron a ello.

Incumplimientos

A estas cr¨ªticas se a?aden las de medios de oposici¨®n del Parlamento de Catalu?a, que lamentan el incumplimiento de dos promesas realizadas por Cullell en este tema: la de que la nueva normativa tendr¨ªa car¨¢cter de ley, y la de que ¨¦sta reformar¨ªa los ¨®rganos de gesti¨®n de las entidades de ahorro.

En efecto, a ra¨ªz de una interpelaci¨®n del portavoz comunista, Rafael Rib¨®, sobre los prop¨®sitos del Consell Executiu en torno a la ordenaci¨®n del sistema financiero en Catalu?a, el conseller de Econom¨ªa y Finanzas anunci¨® el pasado 1 de julio, ante el pleno de la C¨¢mara catalana que debat¨ªa el desenlace del grupo Banca Catalana, cu¨¢les ser¨ªan las l¨ªneas maestras del actual despliegue legislativo.

En dicha intervenci¨®n, Cullell manifest¨® que su departamento pensaba "proponer una ley que adec¨²e los ¨®rganos de gobierno de las cajas con sede social en Catalu?a a su definici¨®n como instituciones financieras al servicio de la econom¨ªa catalana". Y se?al¨® que el futuro contenido de dicha disposici¨®n contemplar¨ªa "la definici¨®n jur¨ªdica de las cajas; regular¨¢ el funcionamiento de sus ¨®rganos de gobierno; establecer¨¢ la composici¨®n de la representaci¨®n de las instituciones p¨²blicas en las cajas y, finalmente, precisar¨¢ la imprescindible coordinaci¨®n entre la pol¨ªtica general de las cajas y la pol¨ªtica econ¨®mica de la Generalitat".

El decreto aprobado por el Gobierno Pujol incumple, en opini¨®n de diputados de la oposici¨®n, dos de estas promesas realizadas ante el Parlamento. La primera es su mismo rango jur¨ªdico, pues lo que Cullell anunci¨® el pasado julio era una ley, no un decreto y una orden. El segundo incumplimiento viene dado por su contenido: la norma no hace referencia a "la composici¨®n de la representaci¨®n de las instituciones p¨²blicas en las cajas", como se hab¨ªa prometido. La justificaci¨®n utilizada ha consistido en que conven¨ªa esperar la actuaci¨®n del Gobierno central en esta materia.

El argumento de que conven¨ªa esperar es justamente el contrario al utilizado en otro aspecto por el propio Cullell el pasado 4 de enero, cuando present¨® las l¨ªneas generales del decreto. El responsable de la Hacienda catalana se?al¨® que la obligatoriedad de la realizaci¨®n de auditor¨ªas, seg¨²n unos patrones y especificaciones comunes, "constituir¨¢ un precedente ¨²til para la legislaci¨®n general espa?ola sobre estas instituciones".