La Administraci¨®n estudia un decreto para facilitar a los inquilinos de Darsa la compra o el alquiler de sus viviendas

El Consejo de Estado se pronunciar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas sobre un proyecto de decreto del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU) por el que se establecen cauces de negociaci¨®n entre la empresa inmobiliaria Darsa y los inquilinos sobre los que pesa una demanda de desahucio. Seg¨²n el decreto, que de ser aceptado ser¨ªa presentado al Consejo de Ministros, aquellos jubilados y viudas (265 en Madrid capital y 800 en toda Espa?a) que quieran comprar sus viviendas pagar¨ªan en torno al 30% de su precio.

El proyecto de texto legal establece tambi¨¦n que los jubilados con pensiones inferiores a las 43.000 pesetas que no quisieran adquirir el piso abonar¨ªan una renta muy baja, inferior al 20% del alquiler de un piso de protecci¨®n oficial. Mientras tanto, prosiguen los juicios por desahucio promovidos por la inmobiliaria y el encierro de unos 600 afectados en una iglesia del paseo de Santa Mar¨ªa de la Cabeza.El MOPU envi¨® al Consejo de Estado un decreto para su dictamen preceptivo a mediados de diciembre de 1983, ante la decisi¨®n de Darsa de desahuciar por la v¨ªa jur¨ªdica a todos los inquilinos que, habiendo ocupado sus viviendas en los a?os 50 y 60 en virtud del puesto laboral que desempe?aban, se encuentran en la actualidad jubilados. En la misma situaci¨®n est¨¢n las viudas de trabajadores de empresas como Telef¨®nica, Tabacalera, entidades bancarias y qu¨ªmicas.

Seg¨²n inform¨® Maximino Dom¨ªnguez, asesor del ministro de Obras P¨²blicas, el decreto propuesto establece que aquellas empresas, como Darsa, que quieran vender sus viviendas de protecci¨®n oficial a viudas y jubilados podr¨¢n hacerlo siempre que los inquilinos est¨¦n de acuerdo y el precio no supere unos topes m¨¢ximos fijados en funci¨®n de la antig¨¹edad de los pisos.

En el caso de Darsa, la mayor parte de los pisos afectados tienen entre 16 y 30 a?os, por lo que el precio de la vivienda ser¨ªa el 30% del normalmente establecido para un piso de protecci¨®no ficial con caracter¨ªsticas similares. As¨ª, uno de los pisos de Darsa, de 58 metros cuadrados, en la plaza de Castilla, costar¨ªa unas 900.000 pesetas frente a los 3.500.000 pesetas que puede alcanzar hoy una vivienda en Alcorc¨®n o M¨®stoles. Con objeto de evitar casos de especulaci¨®n, el decreto fija un plazo de cinco a?os durante el cual las viviendas no podr¨¢n ser revendidas. Para aquellos jubilados y viudas que no quieran comprar el piso y tengan unos ingresos inferiores a 1,2 veces el salario m¨ªnimo interprofesional -por debajo de las 43.000 pesetas mensuales, aproximadamente-, se fija una renta m¨¢xima no superior al 20%. de la estipulada por la ley para pisos similares. La aceptaci¨®n de este punto es condici¨®n para que el MOPU autorice a las empresas la venta de viviendas de protecci¨®n oficial.

Darsa, por otra parte, quedar¨ªa autorizada para vender el resto de sus viviendas de protecci¨®n oficial a aquellos inquilinos que desearan comprarlas y no estuvieran afectados por el decreto. Seg¨²n las negociaciones que se manten¨ªan a finales de diciembre, Darsa ten¨ªa la intenci¨®n de vender estas viviendas al mismo precio que hab¨ªa ofertado tres meses antes, en torno a 1.400.000 pesetas.

Sin embargo, las negociaciones quedaron interrumpidas el pasado d¨ªa 10, a ra¨ªz de la celebraci¨®n de los primeros juicios contra cuatro inquilinos. Hasta ese momento, Darsa hab¨ªa manifestado su conformidad con el decreto y hab¨ªa ofrecido conceder a los jubilados y las viudas con pensiones bajas un derecho de habitaci¨®n vitalicio y gratuito. Este derecho es estrictamente personal, por lo que, a la muerte de los beneficiarios, la vivienda no podr¨ªa pasar a sus familiares directos, como ocurre con los pisos alquilados.

Los inquilinos, por su parte, seg¨²n manifest¨® uno de sus portavoces, mantienen su desacuerdo con el contenido del decreto. Los afectados creen que los precios fijados por la Administraci¨®n son muy altos.