Prisioneros en Tailandia

LA DESESPERADA situaci¨®n en que se hallan 13 ciudadanos espa?oles - 11 hombres y dos mujeres- encarcelados en Tailandia (v¨¦ase EL PAIS SEMANAL de 15 de enero) ha dado lugar a una interpelaci¨®n del diputado Manuel Gallent, afiliado del PDP y miembro del grupo parlamentario de Coalici¨®n Popular, y a una petici¨®n de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos para visitar a los presos espa?oles que cumplen sentencia, dictada para castigar delitos de tenencia o tr¨¢fico de droga, en condiciones inhumanas. El reportaje publicado en las p¨¢ginas de nuestro suplemento dominical parece arrancado de una de esas fant¨¢sticas narraciones de horror que alimentan las pesadillas infantiles con estampas crueles e im¨¢genes angustiosas cuya clave ¨²ltima es la completa ausencia de esperanza y el progresivo hundimiento de los protagonistas en las arenas movedizas de la degradaci¨®n y el envilecimiento. Con condenas de 20 a?os, la muerte puede incluso llegar a parecer la ¨²nica salida posible de ese laberinto de dolor y humillaci¨®n.La preocupaci¨®n por el destino de estos desventura dos compatriotas honra a los que la manifiestan y a quienes han realizado, ante el Gobierno espa?ol y la representaci¨®n diplom¨¢tica tailandesa, las gestiones necesarias para aliviar la suerte de los condenados. La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos no hace, as¨ª, m¨¢s que prolongar, fuera de nuestras fronteras, su benem¨¦rita actuaci¨®n de vigilancia y denuncia, en el territorio espa?ol, de las eventuales conculcaciones de esos dere chos fundamentales de la persona cuya violaci¨®n no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia ni pretexto. El diputado democristiano Manuel Gallent tambi¨¦n merece el elogio por haber ejercido sus facultades para interpelar al Gobierno y solicitar que interponga sus buenos oficios diplom¨¢ticos para conseguir que unos ciudadanos espa?oles sometidos a la jurisdicci¨®n de un pa¨ªs extranjero reciban el trato que las normas civilizadas establecen.

Se?alemos, sin embargo, nuestro deseo de que Coalici¨®n Popular no discrimine a los espa?oles en funci¨®n de sus lugares de residencia carcelaria y que incluya dentro de su campa?a en favor de los derechos humanos de los presos -procesados o detenidos- a la poblaci¨®n reclusa de nuestro propio suelo. La reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del C¨®digo Penal, orientada a limitar los per¨ª¨®dos de prisi¨®n preventiva (cuya ilimitada prolongaci¨®n transformaba esa medida cautelar en una condena) y a rebajar algunas penas excesivas, cost¨® al ministro Ledesma una sostenida campa?a de desprestigio. Las denuncias sobre el hacinamiento y deterioro de nuestras prisiones y sobre los abusos cometidos con los reclusos en algunas c¨¢rceles de alta seguridad -como Herrera de la Mancha- tambi¨¦n han sido generalmente acogidas por la,derecha espa?ola con el silencio o con la descalificaci¨®n de quienes formulaban las acusaciones. La justificada sensibilidad ante el r¨¦gimen carcelario de Tailandia no debe tapar la preocupaci¨®n por la situaci¨®n de nuestras propias prisiones.