Plan de viviendas y autonom¨ªas

El Gobierno, a trav¨¦s del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU), ha hecho p¨²blico en los ¨²ltimos meses un plan cuatrienal d¨¦ viviendas, para el per¨ªodo 1984-1987. Pieza clave de este plan, por su importancia social y el cumplimiento de un mandato constitucional, es el compromiso de. iniciar anualmente 30.000 viviendas de promoci¨®n p¨²blica, para atender tanto la nueva demanda generada por las capas de poblaci¨®n de menor solvencia econ¨®mica como la sustituci¨®n de las infraviviendas existentes en nuestro pa¨ªs.Esta cifra de viviendas de promoci¨®n p¨²blica requiere una inversi¨®n media anual de unos 90.000 millones de pesetas, a los que habr¨ªa que a?adir, al menos en los primeros a?os, las cuant¨ªas necesarias para atender las anualidades pendientes de promociones ya iniciadas y el cumplimiento de compromisos firmes ya contra¨ªdos e igualmente iniciados.

En funci¨®n de las transferencias a las comunidades aut¨®nomas, de las competencias y funciones que hasta hoy correspond¨ªan al Estado y ejerc¨ªa el Instituto para la Promoci¨®n P¨²blica de la Vivienda (IPPV), la ejecuci¨®n del plan cuatrienal va a corresponder, con car¨¢cter exclusivo, a las comunidades aut¨®nomas.

En las negociaciones entre el Gobierno de la naci¨®n y las diversas comunidades aut¨®nomas para la concreci¨®n de las transferencias de competencias, funciones y recursos en diversas materias, entre ellas las de vivienda, ha podido detectarse la pretensi¨®n, por parte del sector econ¨®mico del Gobierno, de que dicho plan, y en particular la construcci¨®n de las citadas 30.000 viviendas de promoci¨®n p¨²blica, se financie con cargo al Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI).

Hay que afirmar rotundamente que tal pretensi¨®n es incongruente en t¨¦rminos pol¨ªticos, financieros y conceptuales. Y, lo que es peor, que tal pretensi¨®n, si llegase a consolidarse, equivaldr¨ªa a negar el propio plan cuatrienal, haciendo imposible tanto la finalizaci¨®n de promociones y programas ya en curso como el inicio de las 30.000 nuevas viviendas de promoci¨®n p¨²blica, provocando una quiebra de las leg¨ªtimas expectativas de los sectores sociales menos dotados econ¨®micamente.

Tres reflexiones

La afirmaci¨®n precedente puede evidenciarse en tres breves reflexiones:

-En t¨¦rminos pol¨ªticos, tal como est¨¢ configurado constitucionalmente el Estado de las autonom¨ªas y ha quedado consolidado con la aprobaci¨®n de los distintos estatutos, las comunidades aut¨®nomas tienen plena competencia para asignar sectorialmente los recursos que les son propios, tales como la participaci¨®n en el FCI, especialmente en aquellas materias que, como la vivienda, son competencia exclusiva de las mismas.

Por tanto, no puede hablarse de un plan cuatrienal, elaborado y propuesto por el Gobierno de la naci¨®n, sin el concurso y aceptaci¨®n previa de las comunidades aut¨®nomas, cuya ejecuci¨®n es competencia de ¨¦stas y para el cual las comunidades deben vincular obligatoriamente un porcentaje de sus recursos para nueva inversi¨®n.

Tal pretensi¨®n, o quebrar¨ªa el propio principio de autonom¨ªa de gobierno de las comunidades, o, de lo contrario, invalidar¨ªa cualquier plan con ¨¢mbito nacional. - Desde el punto de vista de la financiaci¨®n del plan cuatrienal, el compromiso de construcci¨®n de 30.000 nuevas viviendas de pro moci¨®n p¨²blica al a?o requiere, como ya se ha dicho, un presupuesto de unos 90.000 - millones de pesetas en 1984, adem¨¢s de las anualidades derivadas de promo ciones y programas ya iniciados.S¨®lo esta cifra supone el 45% del total nacional del FCI. Este porcentaje parece excesivo, si tenemos en cuenta que los 210.000 millones aproximadamente que se supone va a tener el FCI deben cubrir el 40% de todas las nuevas inversiones p¨²blicas, atendiendo a sectores tan importantes, en un momento de crisis econ¨®mica y social, como pueden' ser: ense?anza, sanidad, transportes, infraestructuras b¨¢sicas, agricultura, etc¨¦tera.

Pretender financiar la promoci¨®n p¨²blica de viviendas con cargo exclusivamente al FCI se hace claramente inviable si analizamos los resultados de tal pretensi¨®n desagregadamente en las distintas comunidades aut¨®nomas, dada la desigualdad en cuanto a participaci¨®n de las distintas regiones, que hace imposible una aplicaci¨®n uniforme de un tanto por ciento vinculado a la promoci¨®n p¨²blica de viviendas.

Clases de inversi¨®n

Los recursos englobados en el FCI, por su cuant¨ªa y la finalidad que deben cumplir, son inadecuados globalmente, y su aplicaci¨®n en las distintas comunidades aut¨®nomas, en funci¨®n de su muy diversa participaci¨®n en el "mismo, producir¨ªa distorsiones invalidadoras de un necesario plan cuatrienal de vivienda.

- Desde el punto de vista conceptual, vuelve a surgir la incoherencia de la pretensi¨®n de financiar el plan cuatrienal con cargo al FCI, ya que las finalidades y funciones que deben sustentar un programa de construcci¨®n p¨²blica de viviendas no coinciden, y en gran medida son discordantes, con la filosof¨ªa, cuant¨ªa y mecanismos de distribuci¨®n regional que sustenta el citado fondo con su configuraci¨®n actual.

La vivienda de promoci¨®n p¨²blica no es una "inversi¨®n nueva" en el sentido que lo es una carretera, una escuela, un sistema de regad¨ªos, etc¨¦tera. Estas ¨²ltimas son inversiones en capital fijo, no recuperable por el organismo inversor, en t¨¦rminos contables, y s¨ª generadoras de una infraestructura productiva o de unos servicios sociales. Por el contrario, la vivienda p¨²blica es una inversi¨®n que se amortiza, reintegrando gran parte de su costo por v¨ªa de alquiler o pago aplazado, constituyendo, en este sentido, un pr¨¦stamo, lo que permite y exige un tratamiento presupuestario diferenciado de la cuantificaci¨®n del FCI.

La vivienda de protecci¨®n oficial, especialmente la de promoci¨®n p¨²blica, est¨¢ justificada por la necesidad de hacer efectivo el mandato constitucional, permitiendo el acceso a este bien insustituible a las capas sociales menos dotadas econ¨®micamente, para las que no sirve el mercado libre. No puede entenderse como una actividad m¨¢s del "sector construcci¨®n, que act¨²e como locomotora econ¨®mica, generando beneficios y puestos de trabajo permanentes, aunque pueda coadyuvar a paliar el paro coyunturalmente. Algo sustancialmente distinto de la finalidad reequilibradora que pretender¨ªa el FCI.

La distribuci¨®n regional de la promoci¨®n p¨²blica de viviendas debe establecerse en funci¨®n de las necesidades y demandas insolventes en el mercado libre, tomando como indicadores b¨¢sicos: la demanda de nueva vivienda en funci¨®n de la estructura demogr¨¢fica y el d¨¦ficit del parque existente, tanto por la cuant¨ªa de infraviviendas como por las situaciones de hacinamiento. Indicadores que no son contemplados en las intrincadas f¨®rmulas de distribuci¨®n del FCI y, debidamente analizadas, son incluso contradictorias.

Frente a este grave problema, que preocupa en todas las comunidades aut¨®nomas, como ha podido comprobarse en las reuniones de todas ellas con el ministro de Obras P¨²blicas y Urbanismo, una actitud responsable nos obliga a todos a buscar soluciones coherentes en t¨¦rminos pol¨ªticos, financieros y conceptuales.

Puede afirmarse que el conjunto de comunidades aut¨®nomas apoyan el plan cuatrienal de vivienda, desean su credibilidad y se comprometen, en una actitud solidaria y concurrente, con el Gobierno de la naci¨®n en su ejecuci¨®n. Para ello son imprescindibles, por parte del Gobierno, las garant¨ªas suficientes de financiaci¨®n, en cuant¨ªa y condiciones adecuadas, y el establecimiento de mecanismos mixtos de seguimiento y control del plan.

Esquema operativo

Un esquema operativo, aceptable por las comunidades aut¨®nomas y coherente con la necesaria viabilidad del plan cuatrienal, podr¨ªa enunciarse en los siguientes puntos:

-Las partidas presupuestarias destinadas a cubrir la financiaci¨®n de la promoci¨®n p¨²blica de viviendas deben configurarse almargen del FCI y dise?arse como una funcion espec¨ªfica en los Presupuestos Generles del Estado.

-La cuantificaci¨®n de esta! partidas tendr¨¢ en cuenta las anualidades pendientes para las promociones o programas ya iniciados con anterioridad al plan cuatrienal como a las que deban iniciarse a partir de 1984 en desarrollo del mismo.

-Estas partidas deber¨ªan configurarse como una caja ¨²nica de ambito nacional, y se consignar¨¢n presupuestariamente como subvenci¨®n finalista a las comunidades aut¨®nomas, que mantendr¨¢n la capacidad de decisi¨®n y gesti¨®n sobre las mismas.

-Para el ejercicio de las competencias auton¨®micas de forma solidaria y eficaz, los fondos para la promoci¨®n p¨²blica se distribuir¨¢n, como una asignaci¨®n, entre las diversas comunidades, en funci¨®n de una f¨®rmula, aceptada por las mismas, basada fundamentalmente en dos grandes indicadores: nueva demanda de viviendas, generada por la poblaci¨®n de menores ingresos, y d¨¦ficit del parque existente en cada comunidad, tanto debido al n¨²mero de infravivienda como al ¨ªndice de hacinamiento.

-Constituci¨®n de un organismo mixto, Gobierno-comunidades, capaz de garantizar el cumplimiento del plan, as¨ª como de corregir las desviaciones del mismo y reasignar los excedentes que puedan producirse en algunas comunidades.

Este, esquema propuesto no s¨®lo est¨¢ orientado a garantizar la viabilidad del plan cuatrienal, sino que compatibilizar¨ªa dos principios pol¨ªticos b¨¢sicos en un Estado como el nuestro: la necesidad de pol¨ªticas sectoriales estatales y el ejercicio pleno del gobierno auton¨®mico en materias que son competencia propia de ¨¦stos, tales como la vivienda.