Los militares no podr¨¢n ser candidatos

El Consejo de Estado, nicarag¨¹ense inici¨® ayer los debates en torno a la ley electoral que, seg¨²n todos los indicios, ser¨¢ aprobada en el curso del pr¨®ximo mes. Aunque los sandinistas gozan de amplia mayor¨ªa en este organismo deliberante, el dictamen de la comisi¨®n electoral ha introducido algunas modificaciones a solicitud de las fuerzas de oposici¨®n, como la prohibici¨®n de que los militares sean candidatos.El anteproyecto, que consta de 158 art¨ªculos, establece que presidente y vicepresidente ser¨¢n elegidos por mayor¨ªa relativa en un ¨²nico colegio nacional, en tanto que el pa¨ªs se divide en seis regiones electorales y tres zonas especiales para designar por sistema proporcional riguroso a los -90 diputados. de la Asamblea. En uno y otro caso, el mandato ser¨¢ de seis a?os. Se asigna a los miembros de la Asamblea la tarea espec¨ªfica de redactar una constituci¨®n en 24 meses.

El requisito previo para la presentaci¨®n de candidaturas es presentar 5.000 firmas. Quienes no obtengan un 3% de votos perder¨¢n su personalidad jur¨ªdica.

Esta norma fomentar¨¢ las coaliciones, principalmente en la oposici¨®n de centro-derecha. Tambi¨¦n los peque?os partidos que forman parte del Frente Patri¨®tico de la Revoluci¨®n es probable que acudan aliados a los sandinistas, posiblemente con la excepci¨®n del Partido Liberal Independiente (PLI), que tiene en el ministro de Trabajo, Virgilio Godoy, a su m¨¢ximo l¨ªder.

La ley determina que no ser¨¢n elegibles los magistrados de la Corte Suprema, miembros de organismos electorales, presidentes de organismos descentralizados del Estado, los que ejerzan jurisdicci¨®n y los miembros en activo de las Fuerzas Armadas. Esta ¨²ltima exclusi¨®n ha sido introducida para silenciar una de las cr¨ªticas m¨¢s generalizadas. Si Daniel Ortega se presenta como candidato a la presidencia deber¨¢ renunciar a su cargo en la Junta apenas se abra la inscripci¨®n de candidaturas.

No podr¨¢n votar ni ser elegidos los que cumplan condena o est¨¦n pendientes de juicio, los ex oficiales de la ex Guardia Nacional que no hayan sido juzgados y los jefes contrarrevolucionarios que hayan pedido la intervenci¨®n extranjera, reunido fondos en el exterior con este fin o planeado ataques contra bienes del pa¨ªs. En cambio, s¨ª podr¨¢n participar los amparados por la amnist¨ªa.

En un plazo que a¨²n no se ha determinado se elaborar¨¢ un registro electoral. El dictamen mantiene la edad de voto a los 18 a?os, si bien se someter¨¢ a discusi¨®n la propuesta anunciada por Daniel Ortega de rebajarla a 16 a?os. Quienes no se inscriban, est¨¢n expuestos a inhabilitaci¨®n por tres a?os. La partida de nacimiento, el pasaporte, la libreta del seguro social y el carn¨¦ de conducir sirven, entre otros documentos, para formalizar la inscripci¨®n. La oposici¨®n entiende que por esa v¨ªa los comit¨¦s de defensa sandinista pueden inflar el registro. En l¨ªneas generales, la t¨¦cnica que se fija para el censo es similar a la de cualquier pa¨ªs democr¨¢tico, y el Gobierno esta dispuesto a aceptar la presencia de observadores extranjeros en todo el proceso censal.

El Consejo Supremo

El m¨¢ximo organismo electoral es el Consejo Supremo, formado por tres miembros, que designar¨¢ la Corte Suprema de Justicia. Desaparece as¨ª el papel que asignaba el anteproyecto al Consejo de Estado, que hab¨ªa despertado una fuerte censura por parte de la oposici¨®n.El Consejo Supremo nombrar¨¢ a su vez a los colegios regionales y ¨¦stos a las juntas receptoras de votos. Una vez m¨¢s, la oposici¨®n exige que los partidos pol¨ªticos participen en estos organismos, porque de lo contrario todo el proceso de escrutinio estar¨ªa en manos de personas nombradas por el sistema.

Este tema adquiere enorme importancia porque el Consejo Supremo es la ¨²ltima instancia en materia de reclamaciones. Los dem¨¢s partidos podr¨ªan ¨²nicamente designar fiscales en las mesas, sin m¨¢s poder que el de presentar denuncias.

En materia de propaganda electoral, el Estado garantiza un espacio igual para todos en la televisi¨®n y la radio p¨²blicas, as¨ª como una financiaci¨®n id¨¦ntica de 600.000 d¨®lares para cada partido que presente candidatos.

M¨¢s all¨¢ de eso, cada grupo puede recaudar fondos dentro y fuera del pa¨ªs aunque en este ¨²ltimo caso tendr¨¢ que dar cuenta al Banco Central para el correspondiente control de divisas.

En el cap¨ªtulo de prohibiciones de campa?a est¨¢n la de regalar productos de consumo para ganar votos y calumniar a otros candidatos. Ha desaparecido del texto la referencia a la revoluci¨®n sandinista, que hab¨ªa originado suspicacias en la oposici¨®n.

Las fort¨ªsimas sanciones a quienes cometan fraude o destruyan urnas (hasta dos a?os de prisi¨®n) parecen apuntar un prop¨®sito de celebrar elecciones limpias. La oposici¨®n replica que tal como est¨¢ la ley se deja la puerta abierta para que los sandinistas sean juez y parte y exigen representaci¨®n en los organismos de control.