Las c¨¢maras de comercio piden reformas contra el aumento de la delincuencia

Las c¨¢maras de comercio de toda Espa?a, que celebran hoy, martes, asamblea general en Madrid, debatir¨¢n una moci¨®n en la que se suman a la inquietud causada entre los comerciantes por el aumento de la delincuencia. Asimismo, piden reformas legislativas y de la Administraci¨®n de justicia, seg¨²n fuentes de dichas entidades. Otra de las reclamaciones actuales de las c¨¢maras, ya analizada en anteriores reuniones, es que se cubra el vac¨ªo legal surgido en torno a la creciente competencia de la venta callejera y ambulante a los establecimientos comerciales permanentes.

La moci¨®n sobre el aumento de la delincuencia ha sido prepara da por el Consejo Superior de C¨¢maras de Comercio, que preside Josep Maria Figueras, a ra¨ªz del cierre de comercios y de la manifestaci¨®n convocada la pasada semana en Madrid. Paralelamente, los promotores de la iniciativa han iniciado una serie de estudios jur¨ªdico-penales para proponer soluciones en torno la aplicaci¨®n de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que consideran la causa del incremento de los atracos y otras violencias contra los establecimientos.Seg¨²n el proyecto de moci¨®n, todas las instituciones deben sopesar las consecuencias de su actuaci¨®n y asumir los presuntos errores de planteamiento u oportunidad. La propuesta del Consejo Superior de C¨¢maras de Comercio indica que la seguridad ciudadana debe ser considerada un tema prioritario de Estado, pues el mantenimiento del orden p¨²blico es una exigencia b¨¢sica del Estado de derecho. Tambi¨¦n se?ala que, cuando se necesitan los esfuerzos de todos para salir de la crisis, resulta inaceptable que los empresarios tengan que dar protagonismo a dicha preocupaci¨®n.

Venta callejera y ambulante

Por otra parte, las c¨¢maras de comercio temen que con el actual vac¨ªo legal en torno a la venta callejera y ambulante se llegue a un aut¨¦ntico caos de estas pr¨¢cticas, as¨ª como a fricciones sustanciales con el comercio establecido. El problema es que el Tribunal Supremo anul¨® el pasado mes de diciembre el decreto regulador de dichas formas de venta, promulgado en mayo de 1980, sin que desde entonces la Administraci¨®n haya cubierto las deficiencias. Estimando un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el Tribunal Supremo observ¨® que el decreto no hab¨ªa pasado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, imprescindible para considerarlo v¨¢lido. Seg¨²n las c¨¢maras, la Administraci¨®n central debe tomar la iniciativa y subsanar sus omisiones, ya que las especiales caracter¨ªsticas de las ventas callejeras, ambulantes, en mercadillos y en ferias comerciales hacen ineludible la existencia de un marco legal para canalizarlas. Piden, en concreto, unas reglas de juego m¨ªnimas, como las trazadas por el decreto, y una serie de l¨ªmites a la libertad de ventas y la protecci¨®n de los intereses del consumidor.