El juicio por torturas contra 12 funcionarios de la c¨¢rcel de Herrera de la Mancha comienza el martes

El juicio contra el director y 11 funcionarios de la prisi¨®n de m¨¢xima seguridad de Herrera de la Mancha, acusados de torturas, se celebrar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 6 en la Audiericia Provincial de Ciudad Real.La existencia de torturas fue denunciada ante el Fiscal General del Estado por 19 abogados, en septiembre de 1979. Los procesados son Santiago Mart¨ªnez Motos, director de la c¨¢rcel durante los sucesos, Jos¨¦ Antonio Barroso y Manuel Arcila , jefes de servicios, y los funcionarios Jos¨¦ Luis Malag¨®n, Eutiquio Gil, Salustiano Cart¨®n, Francisco Jos¨¦ Campos, Vicente Fern¨¢ndez, Jos¨¦ Mar¨ªa Pozas, Angel Luis Moreno, Jes¨²s P¨¦rez y Francisco Javier Seco.

El fiscal solicita para cada uno de los procesados la pena de cuatro a?os de suspensi¨®n de empleo, como autores, en su calidad de funcionarios de prisiones, de un delito contra el ejercicio de los derechos de la persona, por haber impuesto privaciones indebidas o usado un rigor innecesario con los presos. Los letrados de la acusaci¨®n particular imputan a los funcionarios varios delitos de torturas y piden penas que van desde un a?o y medio a 15 a?os de c¨¢rcel, as¨ª como indemnizaciones econ¨®micas que var¨ªan seg¨²n la gravedad de las lesiones causadas a los presos que recibieron malos tratos. El defensor de todos los procesados solicita la absoluci¨®n por entender que no se ha producido delito alguno.

En septiembre de 1979, 19 abogados presentaron una denuncia ante el Fiscal General del Estado, en la que daban cuenta de las palizas que recib¨ªan los reclusos que ingresaban en la reci¨¦n creada prisi¨®n de Herrera de la Mancha. Los presos trasladados a Herrera eran escogidos entre los m¨¢s conflictivos de otras c¨¢rceles.

A ra¨ªz de las denuncias, y a instancias del fiscal de Ciudad Real, Rafael Rojo, el juez de Manzanares, Eduardo Hijas, abri¨® un sumario en el que declararon reclusos que hasta ese momento hab¨ªan permanecido incomunicados y funcionarios de prisiones que confirmaron la existencia de torturas. El 8 de noviembre de 1979, 35 abogados de Madrid presentaron una querella por torturas contra el director, subdirector y m¨¢s de 20 funcionarios de la prisi¨®n. El juez exigi¨® a los letrados una fianza de tres millones de pesetas, la m¨¢s alta exigida hasta entonces, para ejercer la acci¨®n popular.