Las declaraciones de dos 'ultras' acusan al comisario Conesa de haber armado a un comando nazi, para luchar contra ETA

Dos de los 17 ultras juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona -ocho por tenencia il¨ªcita de armas, y nueve por des¨®rdenes p¨²blicos- manifestaron ayer durante la vista oral que en 1974 el comisario Roberto Conesa organiz¨® en Valencia un comando parapolicial, integrado por militantes del Partido Espa?ol Nacional Sindicalista (PENS) -de ideolog¨ªa nazi-, que ten¨ªa como, objetivo declarar la guerra sacia al FRAP y a ETA. Conesa, ya jubilado, era entonces el m¨¢ximo responsable de la Brigada de Informaci¨®n.

Seg¨²n la versi¨®n de los dos ultras, el comando actu¨® en el Pa¨ªs Vasco espa?ol y en el franc¨¦s, donde efectuaron la voladura de numerosos chal¨¦s de etarras, a cambio de armas e impunidad.Los hechos juzgados ayer en la Audiencia de Barcelona se remontan al 18 de junio de 1980, cuando un grupo de simpatizantes de la extrema derecha decidi¨® manifestarse por las calles de la ciudad, con ocasi¨®n del que denominaron D¨ªa de la Patria Espa?ola, en protesta por el reciente incendio de camiones espa?oles en Francia y el apresamiento de pesqueros por Marruecos.

La manifestaci¨®n, que fue calificada de ilegal por el Gobierno Civil, acab¨® con un atentado contra la sede de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico y con la detenci¨®n de varios j¨®venes a los que se les imputaban delitos de des¨®rdenes p¨²blicos. Se iniciaba de esta manera la instrucci¨®n de una voluminosa causa en la que, adem¨¢s del incidente de Barcelona, se investig¨® un supuesto tr¨¢fico de armas.

La historia judicial de esta causa se inici¨® en la Audiencia Nacional, se prolong¨® posteriormente a lo largo de cuatro juzgados y finaliz¨® en el mes de enero de 1983, cuando Ernesto Mil¨¢ fue detenido en Barcelona despu¨¦s de haber permanecido durante tres a?os acosado por una orden de b¨²squeda y captura. Con la detenci¨®n de Ernesto Mil¨¢ conclu¨ªa la instrucci¨®n del sumario, que desemboc¨® en el juicio oral que se vio ayer finalmente en la secci¨®n primera de lo penal.

A lo largo de las 12 horas que dur¨® ayer el juicio oral, la fiscal Mar¨ªa Teresa Compte intent¨® insistentemente localizar el origen y el complejo recorrido que, entre las filas de la extrema derecha, efectuaron dos ametralladoras marca Ingram M-10 -m¨¢s vulgarmente conocidas como mariettas, fabricadas en Estados Unidos-, cinco pistolas Astra y -una Llama, as¨ª como abundante munici¨®n. Todo ello fue localizado en los domicilios de ocho de los acusados.

El ministerio p¨²blico llev¨® hasta la sala las declaraciones efectuadas ante la polic¨ªa por Juan Carlos Castill¨®n Mart¨ªn y Ernesto Gonz¨¢lez Asensio, que ayer estaban en paradero desconocido. ?stos aseguraban que el armamento citado anteriormente proced¨ªa de servicios de seguridad de la Presidencia y que hab¨ªa sido facilitado a militantes del PENSI para que pudieran llevar a cabo una guerra sucia contra ETA y el FRAP. Los dos detenidos se?alaban que el organizador de este comando hab¨ªa sido el comisario Conesa y que uno de los responsables del grupo era Ernesto Mil¨¢.

La fiscal Teresa Compte interrog¨® tambi¨¦n a los procesados sobre la implicaci¨®n del ultra italiano Stefano della Chiae en este tr¨¢fico ilegal de armas. Della Chiae, bajo el nombre de Claudio, trabajaba como camarero en una pizzer¨ªa de Madrid y est¨¢ relacionado con la ultraderecha internacional. Uno de los acusados, Alfredo Blas Alemany, asegur¨® haber recibido las dos mariettas de manos del italiano, en Madrid, con orden de guardarlas.

El confuso recorrido de estas armas finaliz¨® en una finca de Valdepe?as (Ciudad Real), donde las escondi¨® el procesado Antonio Valero S¨¢nchez Cantalejo. Con anterioridad, alguien hab¨ªa vuelto a referirse a Ernesto Mil¨¢, para asegurar que en Montserrat el ultra hab¨ªa ense?ado a los alumnos el manejo de las armas.

Mil¨¢, para quien el fiscal pidi¨® en principio tres a?os de c¨¢rcel, neg¨® todas las acusaciones.

El fiscal lleg¨® a la conclusi¨®n de que las acusaciones de tenencia il¨ªcita de armas vertidas contra Mil¨¢ carec¨ªan de base, y retir¨® esta ¨²ltima acusaci¨®n y mantuvo s¨®lo la de des¨®rdenes p¨²blicos. Para los dem¨¢s acusados, reclam¨® un total de 67 a?os y cuatro meses de prisi¨®n.