El coste de la autonom¨ªa

Pasar de una concepci¨®n y organizaci¨®n centralista del Estado al llamado Estado de las Autonom¨ªas no es solamente una cuesti¨®n sem¨¢ntica constitucional, sino que adem¨¢s representa un conjunto de procesos pol¨ªticos, ideol¨®gicos y econ¨®micos que afectan a una gran variedad de factores. De todo ello quiz¨¢s el que se presta a mayor exageraci¨®n es el financiero. No es de extra?ar pues que se argumente sobre el "d¨¦ficit desproporcionado" que generan las comunidades aut¨®nomas, tal como se hace en EL PAIS del 13 de marzo de 1984.La primera cuesti¨®n a precisar, respondiendo a aquellos argumentos, es que no se puede hablar t¨¦cnicamente de d¨¦ficit, ya que en realidad los presupuestos de las comunidades aut¨®nomas son equilibrados. Se trata m¨¢s bien de un endeudamiento p¨²blico a pagar en futuros presupuestos, eso s¨ª, con sus correspondientes cargas financieras. De todas formas, ya de entrada, la cifra dada (130.000 millones de pesetas) me parece harto exagerada.

A continuaci¨®n cabe preguntarse sobre el origen y las causas de dicho endeudamiento. Sin lugar a dudas aqu¨ª influye especialmente la deficiente valoraci¨®n que se est¨¢ haciendo de los traspasos de servicios, personal e inversiones. En la gran mayor¨ªa de los casos se han traspasado los servicios y parte del personal, y no se han valorado los costes centrales de aquella materia (la parte alicuota), y se ha subestimado el concepto de nuevas inversiones.

Si las comunidades aut¨®nomas se plantean cumplir el mandato constitucional de asegurar el mismo nivel de prestaciones (mandato que obviamente deber¨ªan cumplir) y no disponen de los recursos econ¨®micos suficientes, es l¨®gico que recurran al endeudamiento.

A partir de aqu¨ª es cuando se deben considerar, m¨¢s all¨¢ del an¨¢lisis t¨¦cnico, un conjunto de factores pol¨ªticos, la mayor¨ªa de los cuales tambi¨¦n emana de la Constituci¨®n. En primer lugar hay que propugnar una pol¨ªtica de ahorro y racionalidad del gasto p¨²blico evitando todo tipo de despilfarros como ser¨ªa el de la inflaci¨®n de cargos y sueldos. Y es sobre este tema, en gen¨¦rico, en donde m¨¢s se puede coincidir con los argumentos del art¨ªculo citado. Aunque tambi¨¦n cabr¨ªa precisar, como ha hecho el propio ministro de Administraci¨®n Territorial, que las cifras publicadas "son producto de la suma de conceptos diferentes, dif¨ªcilmente sumables". Es en esta n¨²sma direcci¨®n que se debe precisar sobre el alcance de t¨¦rminos como sueldo y complementos de libre disposici¨®n.

Sobre este punto, y en lo que afecta a los gastos de la Generalitat de Catalu?a, todos ellos han sido aprobados y votados, por todos los grupos parlamentarios, en los debates presupuestarios en el Parlament. Algunos grupos, como el nuestro, el del PSUC, hemos planteado diversas veces la irracionalidad de una administraci¨®n que est¨¢ creciendo como un cuerpo raqu¨ªtico con una cabeza gigantesca, y nuestra labor de oposici¨®n ha ido dirigida a evitar aquellos defectos. En algunos casos incluso, el grupo del PSUC, en la medida de sus fuerzas y limitaciones, ha intentado denunciar la malversaci¨®n y mala gesti¨®n (como botones de muestra se pueden citar todos los intentos de destapar la verdad sobre el Grupo Banca Catalana, o la cuesti¨®n de los gerentes sanitarios).

Para la rentabilidad

De todas formas, a nivel de Estado, el tema se tiene que enfocar desde una perspectiva mucho m¨¢s amplia. El quid de la cuesti¨®n, que olvida el articulista, reside en el proceso de construcci¨®n del Estado de las Autonom¨ªas. No hay autonom¨ªas posibles, rentables y competentes, si no desaparecen progresivamente las partes correspondientes de la Administraci¨®n central que dejan de tener raz¨®n de existencia a partir de las autonom¨ªas. Es rayano a la demagogia utilizar dos p¨¢ginas enteras de un prestigioso medio de informaci¨®n como EL PAIS para informar sobre este tema, sin considerar en un solo momento dicha cuesti¨®n.

Mientras no se aborde con decisi¨®n el traspaso real de servicios y la desaparici¨®n de las partes sustituidas, se est¨¢ condicionando los poderes de las comunidades aut¨®nomas y se produce una escandalosa duplicaci¨®n de costes, tema que deber¨ªa preocupar a las m¨¢ximas autoridades pol¨ªticas.

En esta misma direcci¨®n se debe recordar, y ser¨ªa interesante tambi¨¦n cuantificar y publicar, el coste de servicios como son los gobiernos civiles, la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado, y las diputaciones provinciales, que, como m¨ªnimo en Catalu?a, son administraciones cuasi superfluas que principalmente producen, por su sola existencia, mayor confusi¨®n al ciudadano, inflaci¨®n administrativa, conflictos competenciales, y evidentes costes financieros que se podr¨ªan evitar.

He afirmado "como m¨ªnimo en Catalu?a" porque quisiera utilizar un ¨²ltimo argumento que tambi¨¦n tiene base constitucional, que es el de las diferencias entre autonom¨ªas. Pese a la evidente realidad hist¨®rica y pol¨ªtica que significa la existencia de comunidades con diverso grado de conciencia colectiva, y pese al expl¨ªcito reconocimiento que hace la Constituci¨®n de dichas diferencias (diferencias de v¨ªas de acceso, instituciones, niveles competenciales, etc¨¦tera), desde 1977 se practic¨® una pol¨ªtica de "caf¨¦ para todos" (descafeinado) con el enorme tinglado de las preautonom¨ªas y la artificial creaci¨®n de sentimientos autonomistas por doquier con el prop¨®sito esencial de rebajar las aspiraciones y revindicaciones de Euskadi y Catalu?a.

Despu¨¦s se pas¨® a practicar una pol¨ªtica que podr¨ªamos denominar de "caf¨¦ con carajillo" (p¨®ngase el licor que a uno m¨¢s le guste) para todos. A todos se les impulsa a imitar a las nacionalidades, aunque a veces no se sepa qu¨¦ hacer con las competencias y recursos de autogobierno. El principio pol¨ªtico, reafirmado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, seg¨²n el cual las autonom¨ªas no significan uniformizaci¨®n, sino variedad, deber¨ªa tener una traducci¨®n capital tambi¨¦n en el plano financiero.

es portavoz del Grupo Parlamentario del PSUC en el Parlamento de Catalu?a.