Jueces y seguridad ciudadana / y 2

Despu¨¦s que el juez ha decidido, hay que ejecutar la pena impuesta. Y hay que ejecutar la pena procurando la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social de los reos, como ordena la Constituci¨®n, lo que no se hace hacin¨¢ndolos en jaulas como fieras.Si la delincuencia aumenta, hay que aumentar la polic¨ªa, con funcionarios bien formados para cumplir su misi¨®n y dotados de medios que obedezcan a un plan coordinado, racional de actuaci¨®n. Polic¨ªas conscientes de que son auxiliares de los jueces, subordinados a ¨¦stos, que previenen y evitan el delito, pero que no tienen por misi¨®n castigar al delincuente. Tambi¨¦n es necesaria la vocaci¨®n sacrificada de los polic¨ªas dentro de estos principios.

Buenas prisiones

Consecuentemente, tambi¨¦n hacen falta muchas y buenas prisiones. No "hoteles de cinco estrellas", como ha dicho una c¨ªnica y corrosiva cr¨ªtica, pero tampoco campos de concentraci¨®n en los que a la privaci¨®n de libertad de movimientos, ¨²nico contenido de la pena legal, se unan sufrimientos f¨ªsicos y morales que conduzcan a la destrucci¨®n y degradaci¨®n irreversible de la persona del reo.Dec¨ªamos que se trata de recordar principios elementales que se ocultan a la opini¨®n por una oposici¨®n sistem¨¢ticamente destructora. De estos principios no podemos prescindir, a menos que nos decidamos a salir fuera del medio cultural del que presumimos formar parte; de esta Europa occidental, de esta civilizaci¨®n de ra¨ªz humanista y cristiana. A menos que deroguemos la Constituci¨®n que nos hab¨ªamos dado. Como no podemos cortar las manos a los ladrones, la lengua a los que injurian, mutilar a los violadores, azotar y ahorcar en la plaza p¨²blica, torturar a los sospechosos.

Tampoco podemos, si hemos constituido un Estado, desentendernos del problema y restablecer la ley de la selva, para que cada uno defienda lo suyo por su cuenta y con sus armas y abandonar al linchamiento al delincuente aprehendido.

La oposici¨®n que censuramos no propone nada concreto y no reconoce nada.

Nunca en la historia espa?ola, hasta ahora, un Gobierno, urgido y combatido en todos los frentes: en los de Educaci¨®n, Sanidad, Trabajo, Defensa, Hacienda, ha atendido, en la medida en que le ha sido posible, a las necesidades de la administraci¨®n de Justicia, como lo est¨¢ haciendo el actual, con la creaci¨®n de nuevos ¨®rganos judiciales, inversiones en medios materiales, instalaciones y establecimientos penitenciarios, aumento de retribuciones; todo ello, reflejado en el aumento sin precedentes del presupuesto para la justicia. Se podr¨ªa hacer mejor, pero no es la oposici¨®n la que se?ala c¨®mo. Es justo reconocer que esta atenci¨®n se prest¨® ya en una etapa de la Rep¨²blica de 1931, y se inici¨®, a partir de 1976, por algunos ministros de Justicia.

Un jurista eminente

Al frente, del Ministerio de Justicia hay un jurista eminente, fiscal y magistrado, n¨²mero uno en sus oposiciones, acreditada su competencia en sus sentencias, pues ha dedicado lo mejor de su vida a dictar sentencias; conocedor a fondo, puesto que las ha vivido, de las necesidades de la administraci¨®n de Justicia, por lo que acierta en la distribuci¨®n de los escasos medios con que cuenta. Es el ministro de Justicia que corresponde a un Estado de Derecho. Los conceptos y principios de esta clase de Estado son la base de su formaci¨®n, jur¨ªdica y ¨¦tica, de su vocaci¨®n profesional, de su entrega total al servicio de sus valores. Puede presentar sus realizaciones en s¨®lo un a?o de leyes y proyectos, en curso o promulgados ya: asistencia al detenido, h¨¢beas corpus, protecci¨®n jurisdiccional de los derechos y libertades, derecho de r¨¦plica, reforma de leyes sustantivas y procesales.Asombrosamente, la enumeraci¨®n detallada ser¨ªa muy larga. Y a lo que hay que a?adir, como antes se dijo, la reforma estructural reflejada en el aumento del presupuesto para la justicia, logrado, sin duda, en un noble forcejeo con las necesidades de otros ¨®rdenes del Gobierno. La persona del ministro sufre, elegantemente, sin queja, no ya las cr¨ªticas, sino los insultos y motes despectivos con que le hacen befa. Hasta han dicho de ¨¦l nada menos que su actuaci¨®n obedece a un oculto plan para lograr la instauraci¨®n de una dictadura marxista-leninista. El juicio de intenciones s¨ª que puede hacerse a los que han descubierto que en este ministro est¨¢ el factor m¨¢s activo, entusiasta y eficaz en la construcci¨®n del nuevo Estado de Derecho, y como esta construcci¨®n es cuesti¨®n de vida o muerte para la democracia, los enemigos de ¨¦sta atacan al punto m¨¢s vulnerable y decisivo.

Polic¨ªa, jueces y c¨¢rceles no son los ¨²nicos medios para luchar contra el delito. Son medios directos e inmediatos, pero hay otros que atacan las causas profundas de la delincuencia a largo plazo. Si los primeros forman parte del contenido del Estado de Derecho, los segundos son los instrumentos del Estado social. Nos referimos ahora al paro, la inflaci¨®n, las marginaciones, las drogas, las subculturas, el consumismo y la competencia sin freno, causas todas del delito objeto de estudio en sugestivos y extensos tratados de criminolog¨ªa.

En el campo en que operan estas causas es en donde se luchar¨¢ m¨¢s eficazmente contra la delincuencia.

La democracia y la libertad tienen para defenderse los medios que proporciona el Estado de Derecho, y no podemos renunciar ni a aqu¨¦llas ni a ¨¦ste en la fase de cultura y civilizaci¨®n a que hemos llegado. Queremos paz y seguridad en nuestras ciudades, pero no a costa de todos los valores que hemos defendido. No queremos una tranquilidad sepulcral en nuestras ciudades, s¨®lo turbada por el chirrido de tanques.