La pol¨¦mica sobre la titularidad y el d¨¦ficit acumulado retrasan la transferencia del Metro

La pol¨¦mica entre el Gobierno de la naci¨®n y el Ejecutivo regional madrile?o sobre la titularidad del Metro y las f¨®rmulas para enjugar el d¨¦ficit acumulado por la compa?¨ªa, que supera los 15.000 millones de pesetas, retrasan la transferencia de ese servicio de transporte urbano a la Comunidad de Madrid. El lunes pasado, el Bolet¨ªn Oficial del Estado public¨® el decreto por el que se traspasan a la comunidad exclusivamente, las funciones y servicios de inspecci¨®n y supervisi¨®n t¨¦cnica y financiera del Metro, en el conjunto de transferencias referidas a transporte. Entre ellas figuran las de concesi¨®n, autorizaci¨®n explotaci¨®n, inspecci¨®n y sanci¨®n de los servicios de transporte escolar, laboral, de viajeros y mercanc¨ªas, sea por carretera o ferrocarril, que discurran por el ¨¢mbito de la comunidad aut¨®noma.

C¨¦sar Cimadevilla, consejero de Obras P¨²blicas y Transportes del Gobierno aut¨®nomo madrile?o, inform¨® ayer que la comunidad est¨¢ muy interesada en recibir las transferencias plenas de la titularidad del Metro, pero no en las circunstancias actuales, con un d¨¦ficit acumulado, desde 1980, superior a los 15.000 millones de pesetas y con graves problemas de financiaci¨®n. La titularidad del Metro es una pieza indispensable para poner en marcha el Consorcio Regional de Transportes, organismo que se encargar¨¢ de la racionalizaci¨®n y coordinaci¨®n de todos los sistemas de transporte p¨²blico en el territorio de la comunidad.Para que el Metro pase a de pender del Gobierno regional explic¨® Cimadevilla, habr¨¢ que solucionar primero los problemas econ¨®micos y jur¨ªdicos que afectan al popular medio de transporte de viajeros de la capital de Espa?a. El problema econ¨®mico est¨¢ siendo debatido con el Gobierno regional por el propio ministro de Hacienda, Miguel Boyer, y el secretario de Estado Jos¨¦ Borrell.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene que es necesario que el Estado enjugue el d¨¦ficit acumulado y financie la renovaci¨®n del material m¨®vil, lo que en un plazo de cinco o seis a?os requerir¨ªa una inversi¨®n de unos 32.000 millonede pesetas.

El d¨¦ficit acumulado desde 1980 se estimaba en diciembre de 1983 superior a los 15.000 millones, y el previsto para el presente a?o es de 8.500 millones.

Si se llegase a un acuerdo, "para lo que existen buenas perspectivas", seg¨²n Cimadevilla, la comunidad estar¨ªa conforme en poner en marcha mecanismos de control para la reducci¨®n paulatina del d¨¦ficit, bajo la supervisi¨®n de Hacienda, y en compartir los d¨¦ficit que se generaran en a?os posteriores.

Problemas jur¨ªdicos

El segundo aspecto que plantea problemas de interpretaci¨®n jur¨ªdica es la titularidad del Metro, que por ley publicada el 8 de noviembre de 1979 pasaron a ostentar el Ayuntamiento, en un 75%, y la entonces Diputaci¨®n Provincial, en el restante 25%. Dicha titularidad fue, no obstante, puramente nominal.El Ayuntamiento, alarmado por la dificil situaci¨®n de la compa?¨ªa, nunca ha llegado a tomar posesi¨®n de la misma. La misma ley, cuyos redactores conoc¨ªan de antemano la actitud municipal, constitu¨ªa un consejo de intervenci¨®n, nombrado por el ministro de Transportes, que desde entonces ha dirigido con plenos poderes la gesti¨®n de la compa?¨ªa.

C¨¦sar Cimadevilla argument¨® que la Comunidad no puede aceptar que sea el Ayuntamiento el que formalmente le traspase la titularidad, puesto que ¨¦ste no tiene capacidad para, previamente, sanear la complicada situaci¨®n econ¨®mica de la compa?¨ªa.

La comunidad ha planteado a los ministerios de Transportes y de Administraci¨®n Territorial la anulaci¨®n de los art¨ªculos necesarios de la citada ley, de forma que la titularidad pase al Ministerio de Transportes, para que sea ¨¦ste quien lo ceda a la Comunidad debidamente saneado.

Esta f¨®rmula est¨¢ ya pactada por la comunidad aut¨®noma madrile?a y el Ayuntamiento de la capital, que el 12 de diciembre de 1983 firmaron un protocolo.

Ese documento se?ala que el Ayuntamiento de Madrid acepta que, al t¨¦rmino de las negociaciones, el Gobierno traspase la titularidad a la comunidad regional.