Desautorizado judicialmente el aumento impuesto por La Caixa en el alquiler de sus viviendas protegidas en toda Espa?a

La secci¨®n tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado una sentencia por la que se desautoriza la interpretaci¨®n realizada del Reglamento de Viviendas de Protecci¨®n Oficial por la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro de Catalu?a y Baleares, La Caixa, a tenor de la cual esta entidad de ahorro increment¨® el alquiler de viviendas de proteccion oficial a sus 15.000 inquilinos.Esta interpretaci¨®n fue aplicada por vez primera por La Caixa en el verano de 1982, en base a un estudio minucioso del Reglamento de Viviendas de Protecci¨®n Oficial, que fue bendecido por el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo, en los ¨²ltimos meses del Gobierno de UCD. Estos incrementos de alquileres, adoptados por La Caixa y por otras empresas inmobiliarias, fueron duramente contestados por los vecinos, las organizaciones de consumidores y la Administraci¨®n socialista, que impuso duras sanciones a los propietarios y oblig¨® a retirar los mencionados aumentos.

Los enfrentamientos entre propietarios e inquilinos fueron especialmente enconados en Catalu?a, donde la Generalitat apoy¨® la nueva interpretaci¨®n y los incrementos de alquileres, haciendo uso de las atribuciones transferidas por el Gobierno central. Afectados de Barcelona, Badalona y Madrid, apoyados en algunas ocasiones por el Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios, decidieron dar la batalla judicial.

La sentencia dictada por la secci¨®n tercera de la Audiencia de Barcelona hace referencia al caso del vecino Eduardo Lajusticia Garmend¨ªa, que fue asesorado por el letrado Francisco Navea Becerra. Lajusticia se opuso al incremento de La Caixa, por lo que la entidad plante¨® ante el juzgado n¨²mero 20 de distrito un procedirr¨²ento de cognici¨®n, que fue resuelto favorablemente para la entidad de ahorro.

El abogado Navea present¨® el pertinente recurso ante la Audiencia, que finalmenta ha optado por considerar las razones del inquilino. Los intereses de La Caixa fueron defendidos, en su fase de apelaci¨®n, por el letrado Gregorio Peces Barba. El inquilino Lajusticia pagaba por la casa un alquiler de 9.642 pesetas, que se vieron incrementadas en 2.328 pesetas.

La sentencia sostiene que la nueva interpretaci¨®n del Reglamento de Protecci¨®n Oficial se hizo en base a criterios puramente gramaticales, aislando determinados art¨ªculos del contexto general y "sin que se tenga en cuenta la finalidad social que persigue toda la legislaci¨®n existente en esta materia". La resoluci¨®n contin¨²a asegurando que de aceptarse este incremento se "determinar¨ªan unos aumentos desproporcionados en favor del arrendador, lo que equivaldr¨ªa a un verdadero enriquecimiento injusto".

En medios jur¨ªdicos se ha considerado positivamente esta resoluci¨®n, por ser la primera vez que un tribunal desautoriza a La Caixa, que fue la que inici¨® la aplicaci¨®n de esta nueva interpretaci¨®n, seguida posteriormente por otras inmobiliarias, propietarios e incluso por el Colegio de Agentes Inmobiliarios de Barcelona.

Esta interpretaci¨®n pol¨¦mica fue establecida por los abogados Antonio Padilla y Fernando Rodr¨ªguez de Acu?a, que realizaron en su d¨ªa y por su cuenta un estudio del art¨ªculo 122 del Reglamento de Viviendas de Protecci¨®n Oficial, que se titul¨® Manual pr¨¢ctico sobre determinaci¨®n de rentas y sus incrementos en viviendas de Protecci¨®n Oficial.

Con este estudio se variaba la interpretaci¨®n seguida hasta entonces y se abr¨ªa la posibilidad de realizar importantes aumentos en los alquileres de proteccion oficial. El ministerio adopt¨® como suya aquella interpretaci¨®n y la remiti¨® a sus delegaciones.