?Qu¨¦ pasa con las haciendas locales?

Aunque sea ya inminente la discusi¨®n sobre la ley Reguladora de Bases de R¨¦gimen Local, sigue haciendo falta una norma legal sobre la financiaci¨®n de las haciendas locales, seg¨²n el autor de este trabajo, quien se?ala que la participaci¨®n de los Ayuntamientos en el gasto p¨²blico espa?ol es cuatro veces menor que el que se da en nuestro entorno europeo. Los fondos a transferir a los Ayuntamientos han bajado en el presupuesto nacional, y las nuevas medidas del Gobierno para cubrir los d¨¦ficit municipales le parecen inadecuadas.

Siete a?os despu¨¦s del primer Parlamento democr¨¢tico, y a m¨¢s de un a?o de las segundas elecciones municipales libres, parece ya inminente la discusi¨®n de la ley Reguladora de Bases de R¨¦gimen Local que venga a sustituir el inadecuado marco legal, en gran parte procedente del franquismo, que a¨²n constri?e a los ayuntamientos.Pero esta ley, que por su importancia ha sido a veces llamada la segunda constituci¨®n, va a aparecer sin estar acompa?ada de otra pieza clave para que de verdad las corporaciones locales pasen a ocupar un plano nuevo y destacado en la vida pol¨ªtica y social de Espa?a. Me refiero a la ley de Financiaci¨®n de las Haciendas Locales.

Esta carencia, que en el mejor de los casos no tendr¨¢ correcci¨®n pr¨¢ctica hasta 1986, es grave y en mi opini¨®n est¨¢ buscada de prop¨®sito. Los ayuntamientos son en Espa?a instituciones casi marginales, cuya participaci¨®n en el gasto p¨²blico est¨¢ en torno a las cuatro veces menos que en nuestro entorno europeo. Y as¨ª, nuestros pueblos y ciudades distan de tener la dotaci¨®n e infraestructura que les permitan prestar los servicios acordes con la civilizaci¨®n urbana de finales del siglo XX.

Esta situaci¨®n hab¨ªa comenzado a corregirse levemente en la primera etapa de ayuntamientos democr¨¢ticos, e incluso bajo la presi¨®n del movimiento ciudadano en el ¨²ltimo per¨ªodo de la dictadura, pero puede volver a deteriorarse si se confirman la falta de regulaci¨®n legal financiera y las pr¨¢cticas de recorte discriminado del gasto p¨²blico.

En los presupuestos de 1983, los fondos a transferir a los ayuntamientos pasaron de suponer un porcentaje del 8% a s¨®lo un 7,23%, y se anuncia que es de temer una nueva reducci¨®n hasta el 6,5%. Al tiempo se ha limitado la cantidad destinada a cubrir los d¨¦ficit municipales y se ha sometido a un riguroso control, que deja malparada la autonom¨ªa municipal, a los ayuntamientos forzados a acogerse a la ayuda estatal.

D¨¦ficit municipal

Parecer¨ªa que el Gobierno piensa que la Administraci¨®n local es ineficaz, derrochadora, dada a gastos superfluos y ajena a la situaci¨®n de crisis econ¨®mica que vive el pa¨ªs. No seremos los comunistas los que neguemos que hay mucho, mucho a¨²n, que reformar y democratizar y racionalizar en los ayuntamientos. Ni caeremos en la estupidez de se?alar que, si la Administraci¨®n local tiene defectos, m¨¢s incurre en ellos la Administraci¨®n central.

Pero no caben dudas sobre la causa del d¨¦ficit municipal, que es de car¨¢cter estructural y que se debe a la insuficiencia de los recursos destinados a prestar unos servicios cuyo mantenimiento por tarifa ser¨ªa injusto y regresivo. La vinculaci¨®n de una situaci¨®n deficitaria a la prestaci¨®n de transporte p¨²blico en casi todos los casos es ilustrativa de ello.

Hay que suponer que el Gobierno tambi¨¦n es consciente de ello y que lo que en realidad hace es extender al campo municipal la aplicaci¨®n de sus criterios de recorte del gasto p¨²blico y de est¨ªmulo del excedente empresarial.

Medidas como las recientes de permitir a los ayuntamientos recargar el IRPF a sus vecinos y el rechazo a que se subvencionen los servicios que pueden autofinanciarse, cosa factible para todos elevando las tarifas o deteriorando la prestaci¨®n, significan que se persigue que, para seguir recibiendo las mismas prestaciones p¨²blicas, los habitantes de las distintas poblaciones han de pagar m¨¢s y de forma discriminada, porque se eximen del mayor esfuerzo a los impuestos sobre los beneficios empresariales y sobre el patrimonio, cuando son las grandes empresas y los grandes propietarios los m¨¢s beneficiados por la acci¨®n municipal.

Si el Gobierno quiere que los ayuntamientos se sujeten de forma rigurosa a la situaci¨®n econ¨®mica cr¨ªtica, y es verdad que se puede mejorar en aspectos concretos, hay otros objetivos y otras exigencias a las que recurrir. Los ayuntamientos, al ser las instituciones estatales m¨¢s pr¨®ximas a los ciudadanos, son los que m¨¢s facilitan la participaci¨®n y el control social de la gesti¨®n p¨²blica, y, por ello, los que mejor pueden racionalizar su acci¨®n y transformar democr¨¢ticamente los servicios p¨²blicos.

En una ¨¦poca de crisis, la descentralizaci¨®n de la gesti¨®n p¨²blica es una opci¨®n v¨¢lida, que si se adopta puede adem¨¢s poner en juego recursos materiales y humanos hoy no utilizados. La necesaria reindustrializaci¨®n de Espa?a, si quiere ser eficaz e independiente, va a exigir una amplia descentralizaci¨®n en las zonas de producci¨®n agr¨ªcola, lo que implica la consolidaci¨®n de una estructura urbana suficiente.

Si se va por ah¨ª, s¨ª es posible, en un di¨¢logo democr¨¢tico entre todas las administraciones que constituyen el Estado -la central, la auton¨®mica y la local-, extremar el rigor, el esfuerzo y el sacrificio en una reforma administrativa a fondo. Otra cosa es abundar en la peor tradici¨®n centralista, us¨¢ndola para una pol¨ªtica coyuntural y para sumar el recorte del poder adquisitivo salarial y a la reducci¨®n de las prestaciones sociales un par¨®n o incluso un retroceso en el t¨ªmido despegue de las condiciones de vida urbana.

Los ayuntamientos necesitan un marco legal y financiero cierto, pensado para un pa¨ªs que utilice las leyes y todas las instituciones democr¨¢ticas para restituirse al tiempo en el que vive. La ley de R¨¦gimen Local y la ley de Financiaci¨®n de las Haciendas Locales son imperiosas para conseguir ayuntamientos repre sentativos, aut¨®nomos y partici pativos, en cuyo mantenimiento contribuyamos todos de forma equitativa.

es secretario de pol¨ªtica municipal del Comit¨¦ Central del PCE.