El paro, la pobreza y la econom¨ªa sumergida

LA DISCUSI?N sobre la crisis econ¨®mica ha puesto de manifiesto una profunda contraposici¨®n entre la resignaci¨®n mostrada por los expertos ante unos elevados porcentajes de paro -irremediables, desde su perspectiva, a corto o medio plazo- y la desesperaci¨®n o las protestas de quienes sufren personalmente las consecuencias del estancamiento productivo. Mientras los responsables de nuestra Administraci¨®n -respaldados por organismos internacionales como la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE) o el Fondo Monetario Internacional- defienden la necesidad del ajuste econ¨®mico (con la advertencia a?adida de que a¨²n nos hallamos a medio camino de los sacrificios), la econom¨ªa real presenta un encefalograma plano o incluso con picos de sierra descendentes. La inversi¨®n privada sigue bajo m¨ªnimos (es decir, los empresarios no se arriesgan a financiar nuevos proyectos), y el n¨²mero de parados crece. Para quienes padecen directamente, en forma de desempleo, las repercusiones de la crisis, ninguna pol¨ªtica econ¨®mica puede ser buena si su aplicaci¨®n incrementa el n¨²mero de parados.Las cifras de la encuesta de poblaci¨®n activa (EPA) del primer trimestre de 1984 son negativas en t¨¦rminos absolutos y relativos. Espa?a sigue ofreciendo una tasa de desempleo muy por encima de las de los pa¨ªses del ¨¢rea de la Comunidad Econ¨®mica Europea (CEE). Para mayor consternaci¨®n, mientras que las ¨²ltimas cifras de la CEE se?alan una tendencia al descenso del paro, los indicadores de la situaci¨®n espa?ola se mueven en diferente direcci¨®n. Al finalizar el primer trimestre del a?o, el desempleo oficial en Espa?a ascend¨ªa a 2.639.800 personas, que equivale a un 20% de la poblaci¨®n activa. Durante esos tres meses, nuestra cifra de parados se ha incrementado en 212.000 personas, aun dejando aparte el eventual alivio que haya podido suponer el empleo p¨²blico.El an¨¢lisis estructural de estos datos muestra que uno de cada cinco espa?oles en edad de trabajar se halla fuera del colectivo de los ocupados, y que casi la mitad de los 2.600.000 parados del primer trimestre de 1984 son j¨®venes en busca de primer empleo, es decir, que nunca entraron en el universo de los ocupados. El ensanchamiento de la brecha entre parados y empleados agrava el s¨ªndrome de inutilidad social que sufren los de fuera frente a los que siguen dentro del sistema laboral. De los 2.400.000 parados existentes en Espa?a al finalizar 1983, unos 730.000 (m¨¢s del 30%) llevaban dos a?os como m¨ªnimo buscando empleo. Mientras m¨¢s del 75% de los parados de 1978 pudo encontrar empleo en menos de un a?o, a finales del pasado ejercicio s¨®lo el 46% pudo encontrar nueva colocaci¨®n en ese mismo plazo. El que durante los ¨²ltimos cinco a?os se haya ido prolongando el espacio de tiempo en que un parado permanece en esa situaci¨®n indica la cada vez m¨¢s alarmante existencia de bolsas end¨¦micas de desempleo y una preocupante disminuci¨®n de la oferta de nuevos puestos de trabajo.

La persistencia de la situaci¨®n de quienes permanecen fuera del mercado laboral pone de relieve igualmente la escasa rotaci¨®n existente dentro del colectivo de los parados. Adem¨¢s, el castigo suele recaer sobre los mismos grupos: j¨®venes, mujeres, trabajadores no cualificados y habitantes de determinadas regiones. La estratificaci¨®n de la poblaci¨®n desempleada y su tendencia a la invariabilidad aumentan los sentimientos de abandono y acrecientan los peligros de explosiones sociales. No es lo mismo dos millones de parados rotando cada 15 d¨ªas en el desempleo que dos millones de personas que permanecen durante dos a?os en el paro. De a?adidura, la tasa de parados con derecho a prestaciones sociales ha venido disminuyendo desde 1976. Actualmente s¨®lo 600.000 desempleados tienen derecho a percibir el seguro de paro, por lo que quedan m¨¢s de dos millones totalmente desamparados.

No faltan analistas que muestran cierto escepticismo respecto a la fiabilidad estad¨ªstica de las cifras de paro en Espa?a. Dada la reducida cobertura del subsidio de desempleo, la conflictividad pol¨ªtica y los fen¨®menos sociales ser¨ªan forzosamente mucho mayores -seg¨²n esa interpretaci¨®n- si el paro alcanzase realmente a la quinta parte de la poblaci¨®n espa?ola en edad y con deseos de trabajar. Resultar¨ªa necesario distinguir, as¨ª pues, entre el paro oficial y el paro real, discrepancia explicable, en buena medida, por la utilizaci¨®n que hace la econom¨ªa sumergida de mano de obra clandestina.

Es cierto que la econom¨ªa sumergida experimenta en Espa?a un crecimiento vertiginoso; no se trata ya tan s¨®lo de mujeres que confeccionan ropa o hacen juguetes, sino tambi¨¦n de industrias auxiliares de primera l¨ªnea, que emplean en algunos casos alta tecnolog¨ªa, o de sociedades de servicios cuya din¨¢mica es utilizada por empresas multinacionales o punteras. Pueblos enteros cuyas cifras de parados sobrepasan la media nacional sobreviven gracias a las actividades sumergidas. S¨®lo as¨ª podr¨ªa entenderse que Espa?a, con un desempleo del 20% de su poblaci¨®n activa (adem¨¢s, decreciente), con solide sus instituciones democr¨¢ticas sin convulsiones sociales irreparables como las que se producen, cada vez con m¨¢s frecuencia, en pa¨ªses de Am¨¦rica Latina o del norte de ?frica.

De confirmarse la existencia de esa vigorosa tendencia a sumergir empresas (confortablemente instaladas al margen de permisos de apertura, licencias fiscales, impuestos de sociedades, seguridad social y retenciones del rendimiento del trabajo personal) para resistir la crisis, las estad¨ªsticas de desempleo deber¨ªan ser revisadas dr¨¢sticamente a la baja para deducir los porcentajes -indeterminados, pero probablemente elevados- de parados oficiales que son en realidad trabajadores marginales. La lucha contra la evasi¨®n fiscal tendr¨ªa, al tiempo, que elegir entre la implacable persecuci¨®n de esas bolsas de defraudaci¨®n, con el riesgo impl¨ªcito de destruir puestos de trabajo, y la ben¨¦vola consagraci¨®n oficiosa de esas fuentes subterr¨¢neas de empleo, que hacen la competencia il¨ªcita a las empresas situadas dentro de la ley y que no ingresan en Hacienda retenciones sobre la renta e impuestos de sociedades.

De esta forma, el debate en Espa?a cambiar¨ªa parcialmente de objeto, traslad¨¢ndose desde el desaf¨ªo del paro al drama de la pobreza. En la reciente reuni¨®n de la OCDE en Par¨ªs, los ministros convocados llegaron a la conclusi¨®n de que los gastos p¨²blicos dedicados a prestaciones sociales deber¨ªan disminuir en todos los pa¨ªses, excepto en los casos de Turqu¨ªa y Espa?a. Dado que nuestro pa¨ªs nunca vivi¨® la revoluci¨®n del Welfare State, del Estado de providencia, resultar¨ªa muy dif¨ªcil desmantelar lo que nunca existi¨®. La ausencia de prestaciones sociales europeas en Espa?a induce nuevamente a matizar prudentemente la cuesti¨®n del paro como problema prioritario y a interrogarse previamente sobre las dimensiones y el ¨¢mbito de nuestra pobreza.