Un documento del MOPU reconoce que no hay recursos para terminar las viviendas p¨²blicas

La Direcci¨®n Provincial de Obras P¨²blicas y Urbanismo de Madrid reconoce, en un documento interno relativo a los presupuestos disponibles en la provincia durante este a?o para la construcci¨®n de viviendas de promoci¨®n p¨²blica, que "los d¨¦ficit acumulados hacen totalmente inviable, no s¨®lo el inicio de las obras programadas para 1984, sino incluso la terminaci¨®n de las obras en marcha". El d¨¦ficit calculado por el organismo citado para 1984 es de 4.581 millones de pesetas, de los que 3.400 corresponden a las obras ya iniciadas y 1.200 a los fondos necesarios para cubrir el costo de las viviendas cuyo comienzo est¨¢ programado para este a?o.

El documento en cuesti¨®n indica que las limitaciones presupuestarias vienen motivadas por la "pol¨ªtica general de contener el d¨¦ficit del sector p¨²blico". Esta circunstancia ha hecho que las previsiones contenidas en el programa electoral del PSOE, que consideraban la construcci¨®n de unas 45.000 viviendas de promoci¨®n p¨²blica anuales en todo el pa¨ªs, se hayan reducidolas 30.000 anuales previstas en el Plan Cuatrienal 1984-1987.Aun as¨ª, hay una acusada disparidad entre las inversiones en materia de vivienda aprobadas por el Comit¨¦ de Inversiones P¨²blicas (CIP), y los presupuesto reales del Instituto de Promoci¨®n P¨²blica de la Vivienda (IPPV). Varios proyectos de construcci¨®n de viviendas en Madrid recogidos en el CIP no disponen del correspondiente presupuesto en el IPPV.

Entre ellos se encuentran las 505 viviendas programadas para ser construidas en el Alto de San Isidro, 200 viviendas en la Ventilla, 230 en Valdeacederas y 100 en la colonia Almendrales, en Usera.

Tres alternativas

El documento en cuesti¨®n estudia las tres alternativas existentes para solventar la crisis, y califica dos de ellas como inconvenientes.La primera opci¨®n desechada es que sea el Estado, a trav¨¦s de sus Presupuestos Generales, el que financie el Plan Cuatrienal. La segunda alternativa considerada no viable consiste en que los gastos corran a cuenta de las propias comunidades aut¨®nomas, a trav¨¦s del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI), lo que supondr¨ªa "una reducci¨®n brutal de la inversi¨®n en vivienda, en especial en el caso de Madrid, cuyo FCI, 12.000 millones de pesetas, es s¨®lo el 30% del total de la inversi¨®n en vivienda durante 1983".

La alternativa considerada como m¨¢s racional en el estudio del MOPU es que la financiaci¨®n de los programas de construcci¨®n de vivienda de promoci¨®n p¨²blica corran conjuntamente a cargo de las comunidades aut¨®nomas, a trav¨¦s del FCI, y del Estado, el cual tendr¨ªa que aportar un presupuesto complementario.

Parece ser, sin embargo, que el Ministerio de Hacienda se resiste a la concesi¨®n de cr¨¦ditos extraordinarios que pudieran invalidar los esfuerzos realizados para contener el d¨¦ficit del sector p¨²blico.

Eduardo Mangada, consejero de Ordenaci¨®n Territorial y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, declar¨® el pasado martes que es partidario de que el Gobierno central asuma el compromiso de dotar con suficientes recursos econ¨®micos los servicios en materia de vivienda que vaya transfiriendo a la Comunidad de Madrid.