Ampliada a los 26 a?os la asistencia sanitaria para familiares de ardiados a la Seguridad Social

El Consejo de Ministros acord¨® en su reuni¨®n ordinaria de ayer la aprobaci¨®n del traspaso de activos de Campsa, valorados en algo m¨¢s de 100.000 millones de pesetas, a las seis compa?¨ªas refinadoras nacionales, tanto p¨²blicas como privadas. Asimismo, el Gobierno decidi¨® ampliar hasta los 26 a?os la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a aquellos desempleados que sean descendientes, hijos adoptivos y hermanos de los titulares de este derecho. Tambi¨¦n fueron aprobados la concesi¨®n de un cr¨¦dito extraordinario a Renfe por 33.567 millones de pesetas y un decreto sobre medidas de seguridad en establecimientos p¨²blicos.Asimismo, el Consejo autoriz¨® una subvenci¨®n de 10.000 millones de pesetas a las empresas acogidas al proceso de reconversi¨®n industrial. Esta cifra se desglosa en 6.100 millones para Ensidesa, 3. 100 para Altos Hornos de Vizcaya y los 800 restantes para Altos Hornos del Mediterr¨¢neo.

La medida que incluye la extensi¨®n de la asistencia sanitaria por cuenta de la Seguridad Social a los menores de 26 a?os afectar¨¢ a unos 772.300 j¨®venes en situaci¨®n de desempleo y no cubiertos por el seguro escolar, y representar¨¢ un coste para la Seguridad Social del orden de los 5.000 millones de pesetas anuales.

Esta medida estaba prevista en los Presupuestos Generales del Estado para este a?o y se dirige, seg¨²n la comunicaci¨®n oficial, a los j¨®venes comprendidos entre los 21 y los 26 a?os que, al no haber accedido al mercado de trabajo, dependan econ¨®micamente de sus padres o hermanos, y que actualmente se encontraban desprotegidos.

La distribuci¨®n del Plan de Electrificaci¨®n Rural para 1984 tambi¨¦n fue aprobada en esta reuni¨®n del Gabinete. Esta distribuci¨®n se basa fundamentalmente en la aplicaci¨®n de los coeficientes del programa de electrificaci¨®n rural corregidos por el grado de dispersi¨®n de los n¨²cleos rurales y por el criterio de que ninguna comunidad aut¨®noma reciba una asignaci¨®n inferior a la de 1983. Las empresas el¨¦ctricas, seg¨²n este acuerdo, del Ejecutivo, adquirir¨¢n, entre otros compromisos, el de aportar el 60% de las inversiones totales, corriendo a cargo del Estado el 40% restante.

En las Comarcas de Acci¨®n Especial, esta participaci¨®n de las compa?¨ªas el¨¦ctricas se reducir¨¢ al 30%, corriendo a cargo de las Diputaciones provinciales otro 50% y aportando el Estado el 20% restante.

En este mismo cap¨ªtulo se establece que un m¨¢ximo del 15% de estas aportaciones puedan ser destinadas al fomento de las energ¨ªas renovables.

Tambi¨¦n se ha establecido la aplicaci¨®n del secreto estad¨ªstico a las comunidades aut¨®nomas a la vista de que ¨¦stas han venido creando diversos ¨®rganos de control estad¨ªstico cuyas relaciones con el Instituto Nacional de Estad¨ªstica se han visto imposibilitadas por la ausencia de una norma administrativa que preserve el secreto estad¨ªstico.

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