El Supremo decide procesar por presunto cohecho a dos magistrados de primera instancia de Barcelona

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acord¨® ayer el procesamiento por un presunto delito de cohecho de los magistrados de Barcelona Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia y del ahogado Luis Lorenzo-Penalva de Vega; hermano del primero. El Supremo decret¨® tambi¨¦n la suspensi¨®n provisional en sus funciones de los dos magistrados, titulares de los juzgados n¨²meros 2 y 6 de primera instancia de Barcelona, pero no ha accedido a la petici¨®n del fiscal de que ingresaran en prisi¨®n. ?sta es la primera vez en lo que va de siglo que el Supremo procesa a dos magistrados.

La decisi¨®n del Supremo tiene su origen en la querella interpuesta por el fiscal general del Estado, en mayo de 1983 en la que se se?alaba que los dos magistrados citados se pusieron de acuerdo con Luis Lorenzo-Penalva y Pedro Truy¨¢s para designar a sus amigos como interventores, comisarios o depositarios de los procedimientos de suspensi¨®n de pagos o quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias. Los dos magistrados segu¨ªan hasta ayer -14 meses despu¨¦s de descubierto el esc¨¢ndalo- en sus cargos. El Supremo ha considerado ahora que existen indicios racionales de criminalidad en la actuaci¨®n de ambos magistrados y en la del abogado procesados.El alto tribunal no accedi¨® al procesamiento por prevaricaci¨®n de los dos magistrados ni al procesamiento por cohecho de otros seis profesionales del Derecho, procesamientos que tambi¨¦n hab¨ªan sido solicitados por la Fiscal¨ªa General del Estado. Uno de estos letrados, Antonio Capmany, ya ha fallecido.

El Tribunal Supremo no quiso facilitar a los medios informativos el auto de procesamiento de los magistrados, alegando que pertenece al secreto del sumario. Esta negativa ha causado sorpresa pues en causas tan importantes como las de Rumasa o la colza, siempre se ha facilitado a la Prensa este tipo de resoluciones.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, C¨¢ndido Conde Pumpido, al que tambi¨¦n se solicit¨® una copia del citado auto, y lo neg¨® por id¨¦nticos motivos, no pudo menos que sonre¨ªr cuando se le puso de manifiesto este extremo.

Conde Pumpido explic¨® a los periodistas que la Sala Segunda del Supremo hab¨ªa accedido a la ampliaci¨®n de prueba solicitada por la Fiscal¨ªa. Esta ampliaci¨®n consiste en dos pruebas periciales, una de ellas, el cotejo de las escrituras de todas las personas que trabajan en el despacho del abogado procesado, y la otra, una ampliaci¨®n del informe de los peritos contables. Tambi¨¦n ha sido aceptada una ampliaci¨®n de la prueba policial. Estas pruebas, una vez practicadas, deber¨¢n ser aportadas a la causa que instruye el magistrado de la Audiencia de Barcelona Casto Fern¨¢ndez Fresneda. Conde Pumpido, al que el auto de procesamiento le hab¨ªa sido notificado en su cali-dad de fiscal de la causa, comunic¨® el resultado del mismo al fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n.

Las irregularidades en la designaci¨®n de interventores, comisarios y depositarios de los procesos de suspensi¨®n de pagos y quiebras fueron detectadas en julio de 1982. Las investigaciones se iniciaron por parte de la Guardia Civil, la polic¨ªa y la secci¨®n disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Al poco tiempo se descubri¨® que los titulares de los juzgados 2 y 6 de primera instancia de Barcelona designaban en numerosas ocasiones para las funciones citadas al personal del gabinete jur¨ªdico de Luis Lorenzo-Penalva.

Querella del fiscal

En mayo de 1983, el fiscal del Estado interpuso querella contra los magistrados y otros seis profesionales del Derecho citados, a los que acusaba de cohecho. La querella mencionaba que los magistrados se pusieron de acuerdo con el hermano de uno de ellos y Pedro Truy¨¢s "para proceder a nombrar a dichos querellados o a sus colaboradores de despacho Juan Magr¨ª, Fernando S¨¢nchez y Gloria Vi?als como interventores, comisarios o depositarios de las suspensiones de pagos y quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias que de tales nombramientos pudieran producirse".

El fiscal a?ad¨ªa que ambos magistrados recibieron en junio y julio de 1982 ocho talones, por un importe total de 9.377.468 pesetas. Estos talones obtenidos a ra¨ªz de las irregulares designaciones de interventores, comisarios y depositarios fueron ingresados en una cuenta del Banco de Santander.

La querella instaba a la investigaci¨®n de 13 suspensiones de pagos y siete quiebras. Entre las primeras figuraban las de Mundo Ediciones, Inmobiliaria Grupo Mundo, Hilaturas del Sureste, Esmaltes, Pinturas y Barnices, SA, y Electr¨®nica Publitel y Construcciones Coronado. Entre las quiebras cabe destacar las de Juan Carlos Muntadas, Editorial Gass¨® Hermanos, Este Holding, SA, y Editorial Eco.

La petici¨®n de procesamiento de los magistrados y los seis profesionales del Derecho fue remitida a la Sala Segunda del Supremo por la Fiscal¨ªa del Estado el pasado 18 de junio.