El Senado ampl¨ªa la cobertura del desempleo a nuevos colectivos, que re¨²nen 600.000 personas

La cobertura del seguro de desempleo y otras prestaciones han quedado ampliadas a varios colectivos, que re¨²nen unas 600.000 personas, como consecuencia de las enmiendas introducidas por los senadores del Grupo Socialista en el proyecto de ley b¨¢sica de Empleo. El coste de esas medidas es de 250.000 millones de pesetas. La ley qued¨® aprobada ayer tarde en el Senado, y fue calificada como buena, en su contenido global, por la gran mayor¨ªa de la C¨¢mara Alta. Las principales cr¨ªticas de la oposici¨®n estuvieron destinadas a destacar la posibilidad que tiene el Gobierno de extender m¨¢s a¨²n la cobertura. El pleno proseguir¨¢ esta ma?ana con el proyecto que crea la gerencia de la infraestructura de la Defensa.

La cobertura de protecci¨®n a los desempleados no alcanza al 42% de los parados, que son fundamentalmente los j¨®venes que no han accedido todav¨ªa a su primer puesto de trabajo. En las modificaciones introducidas por los socialistas, destaca la ampliaci¨®n del subsidio del desempleo, en lo que respecta al nivel asistencial, a aquellos trabajadores que hayan sido declarados plenamente capaces o inv¨¢lidos s¨®lo parciales como consecuencia de un expediente de revisi¨®n por mejor¨ªa de una situaci¨®n de gran invalidez, invalidez permanente, absoluta o total. Tambi¨¦n se ampl¨ªa la prestaci¨®n sanitaria al sustituir el requisito actualmente vigente de "carecer de rentas familiares de cualquier naturaleza superiores al salario m¨ªnimo interprofesional" por el de "carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al salario m¨ªnimo interprofesional", con lo que se logra una mayor cobertura en el caso de percepciones individuales, que no familiares, dentro de una misma unidad familiar.La ley facilita la prestaci¨®n por desempleo el personal contratado en r¨¦gimen de derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las administraciones p¨²blicas no incluidos en el r¨¦gimen general de la Seguridad Social, siempre que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo. Una de las novedades de las enmiendas se refiere a la ampliaci¨®n de cobertura para el caso de extinci¨®n voluntaria de la relaci¨®n laboral como consecuencia de la modificaci¨®n sustancial de condiciones de trabajo relacionadas con horarios, jornada laboral y turnos.

La discusi¨®n m¨¢s agria de la sesi¨®n se produjo entre el senador comunista Rafael Fern¨¢ndez Pi?ar y el socialista Francisco Arias Sol¨ªs. El primero acus¨® al Gobierno de realizar una pol¨ªtica liberal conservadora, "que nosotros llamamos de derechas", dijo. Y a?adi¨® que el Gobierno tiene dinero para aviones y armas, pero cada vez tiene menos para los trabajadores. Arias Sol¨ªs dijo que el pueblo espa?ol ha dejado al comunista solo en el Senado y aludi¨® a que el PCE est¨¢ condenado a no salir de la alcantarilla.

El Grupo Socialista introdujo tambi¨¦n siete enmiendas al articulado de la ley que regula la concesi¨®n de ayudas a empresas period¨ªst¨ªcas y agencias informativas, y otra al pre¨¢mbulo. El debate fundamental de la sesi¨®n se centr¨® en el art¨ªculo tercero, por el que se establece que a las empresas period¨ªsticas que tengan contra¨ªdas obligaciones con la Hacienda P¨²blica, Seguridad Social o instituciones oficiales de cr¨¦dito, la Administraci¨®n aplicar¨¢ al pago de dichas obligaciones el importe de la ayuda que corresponda en concepto de difusi¨®n.

Este art¨ªculo tercero, cuya supresi¨®n solicit¨® en principio el senador popular Carlos Robles Piquer, por considerar que existen medios en dif¨ªcil situaci¨®n econ¨®mica por haber llegado tarde a la reconversi¨®n tecnol¨®gica, centr¨® el debate de la ley. El tambi¨¦n conservador Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa Royo insinu¨® la posibilidad de que aquellas empresas period¨ªsticas que reparten beneficios entre sus accionistas no tuvieran derecho a la subvenci¨®n por difusi¨®n, porque ello, en su opini¨®n, supondr¨ªa financiar los intereses al capital. Francisco Moreno, socialista, argument¨® en contra que no es razonable que fondos p¨²blicos que van a empresas privadas no se destinen a cuestiones tan satisfactorias para los trabajadores como el pago de deudas contra¨ªdas por ejemplo con la Seguridad Social.