Un acuerdo para crear empleo
ERA SEGURAMENTE inevitable que las primeras conversaciones entre los representantes del Gobierno, de las centrales sindicales y de la CEOE, encaminadas a sentar las bases de una negociaci¨®n que pueda despejar de incertidumbres el futuro inmediato de nuestra econom¨ªa, situaran en un primer plano las diferencias que separan a los interlocutores. Las dificultades existentes para conciliar la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno, comprometida con el largo plazo y los ajustes macroecon¨®micos, y los puntos de vista de la patronal, de UGT y de CC OO, anclados en constelaciones de intereses a corto plazo, no deber¨ªan, sin embargo, dar lugar a conclusiones derrotistas. Desde la perspectiva de las necesidades generales, hay motivos suficientes para desear que ese concierto se produzca y para confiar en que los agentes sociales y el poder ejecutivo estar¨¢n a la altura de sus responsabilidades.No les falta raz¨®n a quienes consideran preferible la ausencia de acuerdo a un mal pacto que deshiciera, en provecho de la demagogia, los resultados conseguidos tras un duro per¨ªodo de ajusie, que ha logrado rectificar parcialmente los desequilibrios de nuestra econom¨ªa. Ahora bien, el fracaso de las negociaciones emprendidas hace unos meses para alcanzar un acuerdo de ese tipo no benefici¨®, en ¨²ltima instancia, a nadie. El incremento de la masa salarial producido tras la libre negociaci¨®n de los convenios se ha movido en la misma,direcci¨®n que marcaba el concierto propuesto por el Gobierno y no aceptado por las centrales y la CEOE. De esta forma, la experiencia ha desmentido tanto las expectativas sindicales, que apostaban por mayores alzas salariales como resultado de las movilizaciones y las huelgas, como las hip¨®tesis empresariales, seg¨²n las cuales el libre juego de las fuerzas en conflicto arrojar¨ªa como resultado final menores incrementos de las rentas del trabajo. En cambio, la mayor conflictividad laboral durante el per¨ªodo ha perjudicado a la econom¨ªa espa?ola en su conjunto y ha lesionado los intereses de los trabajadores que apoyaron con huelgas fracasadas sus reivindicaciones.
En ese sentido, el eventual acuerdo que pudieran suscribir el Gobierno (en cuyas manos est¨¢ la pol¨ªtica econ¨®mica, la legislaci¨®n laboral y la gesti¨®n del sector p¨²blico), la organizaci¨®n empresarial y las centrales sindicales mayoritarias habr¨ªa de contar con la relativa rigidez de las alzas salariales, una vez que la lucha contra la inflaci¨®n ha probado su eficacia a lo largo del ¨²ltimo a?o y medio. El ¨¦xito o el fracaso del acuerdo en v¨ªas de negociaci¨®n apenas influir¨¢ en la participaci¨®n final de los trabajadores Por cuenta ajena en la distribuci¨®n del ingreso. El papel desempe?ado por una pol¨ªtica de rentas pactada para un per¨ªodo de dos a?os no es tanto el artificioso control de los incrementos salariales (la experiencia de los convenios de este a?o muestra que la ausencia de una pauta reguladora no ha modificado los resultados finales) como el desvanecimiento de las incertidumbres, el refuerzo de las expectativas racionales y la apertura de caminos para otros acuerdos, orientados combatir el paro y relanzar la inversi¨®n.
El problema m¨¢s importante con el que se enfrenta la sociedad espa?ola es la creaci¨®n de empleo. La pol¨ªtica econ¨®mica ha conseguido, en este ¨²ltimo a?o y medio, logros apreciables en la reducci¨®n de la inflaci¨®n y en la mejora del sector exterior. La contenci¨®n del gasto p¨²blico y la reducci¨®n del d¨¦ficit son todav¨ªa -como se?alaron los informes del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE- asignaturas pendientes, cuyo examen final se celebrar¨¢ al t¨¦rmino de la legislatura. Pero la destrucci¨®n de puestos de trabajo y la falta de empleo para los j¨®venes que ingresan por vez primera en el mercado laboral constituyen motivos de inquietud para todos los que sean conscientes del problema humano y de la fuente de conflictos sociales que representan nuestras elevadas tasas de paro. Esta situaci¨®n hace necesaria una pol¨ªtica de ayuda activa a la rectificaci¨®n- de ese proceso, en lugar de una actitud de pasiva espera ante el espont¨¢neo proceso de reabsorci¨®n del paro.
El esfuerzo para alcanzar en 1984 un acuerdo semejante a las versiones del Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) y al Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE) debe buscar su inspiraci¨®n en el desafio que para todos constituye la elevada cifra de desempleo. Sin contenci¨®n salarial, que busque como punto de referencia la inflaci¨®n de 1984 y 1985, la lucha contra la destrucci¨®n de los puestos de trabajo est¨¢ condenada a la derrota. Ser¨ªa suicida sacrificar los logros conseguidos en la reducci¨®n de la inflaci¨®n a los efimeros ¨¦xitos de una pol¨ªtica de reactivaci¨®n aftifibial de la demanda interna: el mercado mudial se encargar¨ªa muy pronto de destruir esos puestos de trabajo de invernadero. En el c¨¢lculo de las rentas salariales, por lo dem¨¢s, ser¨¢ preciso sumar los ingresos individuales y las partidas asignadas a salarios sociales. La flexibilizaci¨®n del marco de relaciones laborales, a fin de alentar la contrataci¨®n de los j¨®venes, es otro de los caminos a seguir. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, pendiente de sus ¨²ltimos tr¨¢mites parlamentarios, abre la posibilidad de los contratos de trabajo en pr¨¢cticas y para la formaci¨®n y regula con mayor detalle los contratos temporales y a tiempo parcial. El desarrollo reglamentario de ese articulado puede ser una de las materias de los acuerdos en curso, adem¨¢s de los planes de fomento directo del empleo. La huida de las posiciones maximalistas y de los an¨¢lisis cl¨¢sicos, que la nueva tecnolog¨ªa y los sistemas financieros han echado por tierra, es un esfuerzo obligado por parte de los sindicatos. La tarea, sin embargo, no les resultar¨¢ f¨¢cil a los dirigentes de las centrales, y una condici¨®n b¨¢sica para que esos objetivos puedan ser cumplidos ser¨¢ que los empresarios no tensen la situaci¨®n, objetivamente mala para todos, con miras a su exclusivo provecho y queel Gobierno haga compatible el mantenimiento de las grandes l¨ªneas de su pol¨ªtica econ¨®mica con los reajustes presupuestarios y la flexibilizaci¨®n de medidas que permitan a los agentes sociales recibir las adecuadas contrapartidas a sus sacrificios.
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