Los socialistas frente a la empresa p¨²blica

LA PASADA semana se ha cumplido un a?o de la c¨¦lebre rega?ina del ministro de Industria y Energ¨ªa, Carlos Solchaga, a los presidentes de las empresas p¨²blicas, cuando les emplaz¨® a realizar una buena gesti¨®n o cesar en su cargo. El aniversario ha coincidido con la presentaci¨®n de los resultados correspondientes a 1983 del grupo de empresas p¨²blicas integradas en el Instituto Nacional de Industria (INI) y con el conocimiento p¨²blico de varias auditor¨ªas (Renfe, Seat, Iberia) que sacan a la luz novedades dif¨ªcilmente digeribles en relaci¨®n con una gesti¨®n ortodoxa.El discurso de Solchaga puede ser criticado en su aniversario por su evidente inutilidad. La gesti¨®n de una empresa p¨²blica depende m¨¢s del Gobierno que la supervisa y de su habilidad para seleccionar a sus colaboradores que de la lectura del cat¨®n a sus presuntos alumnos por parte del ministro de turno. Pero lo m¨¢s curioso de aquel compromiso gubernamental en defensa de la buena gesti¨®n es el incumplimiento de la promesa. En los 12 meses transcurridos, Solchaga, responsable ¨²ltimo de un buena, parte de las empresas p¨²blicas, no ha destituido m¨¢s que a dos presidentes significativos (el de Seat y el de Ensidesa / Altos Hornos del Mediterr¨¢neo, y por diferentes motivos), pese a que existen fundadas razones para pensar que hay empresas p¨²blicas que carecen, por encima de todo, de directivos eficaces y con imaginacion.

Pero los problemas, si son de personas, son sobre todo de estructuras. Los empresarios p¨²blicos, deficientemente pagados en la mayor parte de los casos como consecuencia de una normativa ingenua de este Gobierno, que piensa que nadie en el sector p¨²blico tiene derecho a cobrar m¨¢s que su presidente, no gozan en ning¨²n cliso de las ventajas econ¨®micas y personales de que disponen sus colegas en el sector privado, y mucho menos disfrutan del marco jur¨ªdico que una sociedad an¨®nima precisa. para su normal funcionamiento. Sus actuaciones, sujetas a una normativa legal que data de los a?os cuarenta, son adem¨¢s analizadas en el corto plazo que dura su mandato, durante el cual o no tienen tiempo para enterarse y adoptar decision¨²s significativas para la marcha de la sociedad o s¨®lo persiguen dejar las cosas como est¨¢n para que nadie recuerde amargamente su paso por la empresa.

La necesidad de un nuevo estatuto para la empresa p¨²blica est¨¢ recogida en el programa socialista, que incluye como paso previo, una nueva ley para el INI que garantice un tiempo m¨ªnimo de gesti¨®n y la independencia necesaria para desarrollarla a su presidente y altos cargos. El proyecto del nuevo estatuto del INI, redactado poco despu¨¦s del nombramiento del actual presidente del instituto, a semejanza del ya existente para el Banco de Espa?a o el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), duerme en un caj¨®n ministerial. El Gobierno teme que la entrada de un proyecto de este tipo en el Congreso le fuerte a hacer concesiones a las centrales sindicales y a las autonom¨ªas en la direcci¨®n y control de la empresa p¨²blica.

La ausencia de una normativa contable uniforme en Espa?a, equiparable a la existente en los pa¨ªses comunitarios o Estados Unidos, permite que un gestor sin continuidad esconda en un balance no auditado externamente sus propios fallos o la inoperancia de una Administraci¨®n a la hora de controlarlo. Basta recordar el Caso de la compa?¨ªa Seat, donde la anterior presidencia dej¨® la sociedad pr¨¢cticamente en quiebra t¨¦cnica por no convenirle aflorar en su d¨ªa p¨¦rdidas reales del orden de los 100.000 millones de pesetas, casi tres veces el capital social de la compa?¨ªa.

Casos as¨ª se han repetido en otras empresas p¨²blicas. De los 195.000 millones de pesetas que el INI ha certificado como p¨¦rdidas del grupo en 1983, 34.000 millones corresponden a resultados extraordinarios of-es decir, p¨¦rdidas no atribuibles a la explotaci¨®n en el ejercicio-, y que proceden de nuevas valoraciones de obra en curso que figuraba a precios err¨®neos en el activo. La mayor parte de estas p¨¦rdidas extraordinarias, que seguir¨¢n aflorando en a?os pr¨®ximos, corresponde al sector naval y de bienes de equipo, pero tambi¨¦n existen criterios contables discutibles en el balance de Iberia.

En esta compa?¨ªa parecen personificarse todos los vicios que aquejan a la empresa p¨²blica. Cuerpos elitistas, conciencia y voluntad de funcionarios, mala gesti¨®n y desprecio al usuario confluyen con la incapacidad para autocorregirse, de un ministro que fue a seleccionar per sonalmente al nuevo presidente entre los altos responsables del INI que hered¨® del Gobierno de UCD. La capa cidad de ¨¦ste para sacar adelante la sociedad ha sido puesta en duda un¨¢nimemente por todos los- altos car gos que componen el Consejo de Administraci¨®n del INI, incluido el propio subsecretario de Industria.

Como consecuencia de la mala gesti¨®n acumulada, un problema central de la empresa p¨²blica es, en estos momentos, el financiero. La ocultaci¨®n permanente de p¨¦rdidas para salvar la imagen del presidente y Gobiernos de turno ha provocado unas cargas financieras que s¨®lo el pasado a?o supusieron un desembolso, en el grupo INI, de m¨¢s de 240.000 millones de pesetas. Con una relaci¨®n patrimonial desequilibrada, que raya en la quiebra t¨¦cnica, y una relaci¨®n insostenible entre recursos propios y ajenos, las empresas p¨²blicas s¨®lo son viables porque cuentan con el apoyo ¨²ltimo del Estado, y, as¨ª, son hoy las -primeras y m¨¢s -privilegiadas prestatarias de este pa¨ªs. De esta forma, no s¨®lo contribuyen a los buenos resultados de la banca, sino que adem¨¢s compiten por el escaso dinero disponible en el mercado con la empresa privada-, s¨®lo que con la ventaja de tener el aval del Estado. Las quejas del Gobierno sobre la falta de inversi¨®n privada, deben tener en cuenta estas consideraciones.

Llama la atenci¨®n, en definitiva, que, dentro de una pol¨ªtica global caracterizada por la disciplina y el ajuste, se haya hecho tan poco, en a?o y medio de gesti¨®n socialista, para alcanzar unas metas m¨ªnimas en la esfera de la empresa p¨²blica. Y m¨¢s si se tiene en cuenta que un Gobierno de izquierdas deber¨ªa ser el primer interesado en defender y demostrar la viabilidad y competencia de la iniciativa p¨²blica en perfecta concurrencia con la privada.