Los socialistas cambiaron de actitud al llegar al Gobierno

La demora en el env¨ªo a las Cortes Generales del proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial ha tenido como causa fundamental las indecisiones del Gabinete socialista para afrontar la dura batalla que se librar¨¢ a partir del oto?o con el estamento Judicial, apoyado por la derecha. El Consejo General del Poder Judicial mantiene una fuerte discrepancia con el texto elaborado por el Ministerio de Justicia, b¨¢sicamente porque le har¨¢ perder parte de la autonom¨ªa obtenida.Las divergencias sobre esta ley, considerada vital para la reforma de la Justicia, surgen cuando se trata de plasmar este objetivo en un proyecto concreto.

Los socialistas, desde la oposici¨®n, durante la discusi¨®n constituyente, y en los debates sobre la ley del Consejo General del Poder Judicial, apoyaron la plena autonom¨ªa del ¨®rgano de goierno de la justicia, sin precedente en otros sistemas democr¨¢ticos, y redujeron el papel del Ejecutivo al de mero suministrador de medios instrumentales para el funcionamiento de la justicia.

En el Pleno del Congreso del 7 de noviembre de 1979, Peces-Barba destac¨® la coherencia del PSOE con su concepci¨®n de "llevar hasta sus ¨²ltimas consecuencias la independencia del Poder Judicial", y apunt¨® en el haber socialista la disminuci¨®n de las competencias del Gobierno en relaci¨®n con la Justicia, "porque nos parece", dijo entonces Peces-Barba, "que toda competencia del Gobierno en esta materia es una competencia que dificulta la independencia del Poder Judicial". Tambi¨¦n se opuso a las atribuciones de las comunidades aut¨®nomas sobre la administraci¨®n de justicia.

Por su parte, el diputado socialista. Eduardo Mart¨ªn Toval, que defendi¨® la capacidad autonormativa del Poder Judicial, se?al¨® que el Gobierno debe proporcionar al Consejo General los medios que solicite "sin capacidad de discusi¨®n". Quiz¨¢s estas posiciones respond¨ªan a un criterio de coyuntura pol¨ªtica, por encontrarse en ese momento la UCD en el Ejecutivo y desear desproveerle de nuevas parcelas de poder.

El hecho es que el Gobierno socialista ha dado la vuelta a estas actitudes parlamentaria mantenidas por el PSOE desde la oposici¨®n y ha defendido las atribilciones de los poderes ejecutivos central y auton¨®mico en relaci¨®n con el servicio p¨²blico de la justicia. Sea porque la experiencia ha demostrado que la posici¨®n, conservadora de la mayor¨ªa del colectivo judicial s¨®lo es capaz de situar al frente del Consejo General al sector m¨¢s conservador de la judicatura, sea porque el PSOE considerara ahora que se hab¨ªa llegado demasiado lejos en la autonom¨ªa judicial, la realidad es que el anteproyecto de ley org¨¢nica elaborado en 1983 por el ministerio de Justicia trata de asegurar las competencias y responsabilidades gubernamentales respecto al servicio judicial.

La contestaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial no se hizo esperar. El informe sobre el anteproyecto y las propias declaraciones de su presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, pusieron el acento en que, en materia de autogobierno del Poder Judicial, la diferencia entre el techo Constitucional y el del anteproyecto era "abismal". El proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, junto a la aceptaci¨®n de numerosas correcciones t¨¦cnicas sugeridas por el Consejo General, ha mantenido el criterio pol¨ªtico del ministro Ledesma de limitar la independencia judicial a la acci¨®n de juzgar y a la inspecci¨®n, nombramiento y ascenso de los jueces, recabando para el Ejecutivo las competencias necesarias para asegurar una correcta prestaci¨®n del servicio de la justicia.