Vetos precedentes

Francia no ha concedido, hasta la fecha, ninguna de las extradiciones de etarras solicitadas por Espa?a, pese a que, en seis ocasiones, los tribunales franceses se manifestaron a favor de entregar a la Justicia espa?ola a los terroristas juzgados. La primera vez que la justicia francesa se pronunci¨® a favor de la extradici¨®n de un terrorista de ETA fue el 3 de junio de 1981, cuando el Tribunal de Apelaci¨®n de Par¨ªs consider¨® que el historial delictivo de Tom¨¢s Linaza Echeverr¨ªa, miembro de ETA Militar, implicado en siete asesinatos, entraba dentro de lo que se considera delincuencia com¨²n. Sin embargo, el Gobierno de Pierre Mauroy vet¨® la extradici¨®n, y Linaza fue confinado poco despu¨¦s en la isla de Yeu. Algo similar sucedi¨® tras las decisiones, favorables a la extradici¨®n todas ellas, emitidas por tribunales francesas con relaci¨®n a los etarras Juan Carlos Arruti Azpitarte, Miguel ?ngel Aldana Barrena, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Juan Miguel Arrugaeta San Emeterio y Jos¨¦ Agust¨ªn Atxega Aguirre, acusa dos de numerosos asesinatos. El Gobierno franc¨¦s se neg¨® a entregar a Espa?a a los terroristas mencionados.En la ocasi¨®n presente, en espera de la decisi¨®n gubernamental es preciso recordar la normativa vigente en Francia sobre las extradiciones. Hasta noviembre de 1982, la normativa era simple: si el tribunal opinaba negativamente sobre una extradici¨®n, la persona encausada deb¨ªa ser liberada autom¨¢ticamente; en caso contrario, era el Gobierno en ¨²ltima instancia quien pod¨ªa o no tener en cuenta el s¨ª de la Justicia.

Pero en 1982, Francia, presionada por varios pa¨ªses europeos occidentales, acosados todos ellos por terrorismo de diversa especie, modific¨®, a su pesar, la normativa sobre las extradiciones.

El nuevo texto dice que Francia conceder¨¢ extradiciones siempre que se trate de autores de atentados cometidos "en Estados respetuosos de los derechos fundamentales", es decir, en pa¨ªses democr¨¢ticos. Pero a?ade que el nuevo reglamento no tiene car¨¢cter retroactivo. Quiere esto decir que ahora el Gobierno de Par¨ªs puede tener en cuenta que los cr¨ªmenes de los que son acusados los cuatro vascos juzgados en Pau son todos anteriores a 1982.