Cantabria ha tenido tres crisis de Gobierno en 15 meses a causa de las luchas entre AP y PDP
Las relaciones entre Alianza Popular (AP) y el Partido Dem¨®crata Popular (PDP) de Catabria siguen deterior¨¢ndose a causa de la guerra de documentos, iniciada con la publicaci¨®n del acuerdo entre ambos partidos que sirvi¨® de base, el pasado mes de marzo, para el reparto de las ¨¢reas de influencia y competencias en el Gobierno regional, tras la dimisi¨®n forzada del anterior presidente, Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez. Esta guerra ha tenido continuaci¨®n en las ¨²ltimas horas con la salida a la luz de diversos documentos cruzados entre los dos partidos en torno al futuro de la secretar¨ªa general de la Presidencia, clave de la pol¨¦mica. Un a?o y tres meses despu¨¦s de las elecciones regionales, las instituciones de autogobierno c¨¢ntabras han conocido tres graves crisis, por lo que su actividad en ese per¨ªodo ha sido pr¨¢cticamente nula.Pese a que tras las reuniones del Comit¨¦ Ejecutivo del PDP, que puso como condici¨®n para no abandonar el Gobierno regional la devoluci¨®n a su partido de las competencias que ven¨ªa ejerciendo la secretar¨ªa general de la Presidencia, suprimida por decreto del presidente, y la celebrada por la Junta Directiva de AP, parec¨ªan existir ciertos puntos de acuerdo que podr¨ªan evitar la consumaci¨®n de la ruptura de la coalici¨®n de gobierno, la publiaci¨®n de los citados documentos ha acrecentado las desconfianzas y recelos presentes en la Coalici¨®n popular desde su constituci¨®n en Cantabria en el oto?o de 1982. Despu¨¦s de la difusi¨®n del documento firmado el pasado marzo, que el PDP considera se ha incumiplido por la supresi¨®n de la secretar¨ªa general de la Presidencia, el presidente D¨ªaz de Entresotos afirm¨® que tal supresi¨®n fue acordada verbalmente con los m¨¢ximos dirigentes del PDP.
El presidente del PDP y vicepresidente del Gobierno regional, Ambrosio Calzada, declar¨® ayer a este peri¨®dico que "no existe ni ha existido compromiso alguno en el sentido que apunta el presidente del Gobierno", al tiempo que mostraba dos informes jur¨ªdicos, el ¨²ltimo del pasado 23 de marzo, que eran contestaci¨®n a propuestas anteriores de D¨ªaz de Entresotos en relaci¨®n con la remodelaci¨®n de la citada secretar¨ªa. "Si nosotros hubi¨¦ramos acordado la supresi¨®n de dicho organismo", a?adi¨® Calzada, "no tendr¨ªa sentido que sigui¨¦ramos negociando su transformaci¨®n, b¨¢sicamente en cuanto al nombre, aunque en un primer momento se pretendi¨® tambi¨¦n reducir sus competencias, pretensi¨®n a la que nos opusimos".
Desconfianza en el origen
Para el PDP, los argumentos jur¨ªdicos manejados por el Gobierno para la supresi¨®n de un ¨®rgano, en base al acuerdo firmado, que atribu¨ªa a ese partido la responsabilidad de cubrirlo, no "se tienen en pie" y de lo que se trata es de la "inexistencia de voluntad pol¨ªtica y deseo de respetar los compromisos adquiridos".Aunque el desencadenante de la crisis en esta ocasi¨®n haya sido la supresi¨®n de la citada secretar¨ªa -hace nueve meses, el conflicto que llev¨® a la dimisi¨®n al anterior presidente tuvo su origen en el cese de un consejero miembro de AP-, la ra¨ªz de este conflicto se asienta en la desconfianza con que los dirigentes de AP y del PDP han visto desde el primer momento la coalici¨®n.
A esto se unen los sucesivos intentos de AP por conseguir, en tanto que primera fuerza de la Coalici¨®n Popular, un protagonismo pol¨ªtico del que carec¨ªa, al haber situado en las listas electorales regionales como cabeza de ellas al independiente Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez. Ahora, seis meses despu¨¦s de alcanzar la presidencia del Gobierno un militante aliancista, se reconoce, por el momento en privado, haber otorgado demasiado poder al PDP en los pactos firmados el 15 de marzo, por lo que se intenta su recorte.
Los enfrentamientos entre el PDP y AP en torno al Gobierno regional, que han determinado tambi¨¦n la existencia de una fr¨¢gil mayor¨ªa parlamentaria, han tenido como consecuencia una casi total inactividad de la Asamblea, ante la que ¨²nicamente se han presentado tres proyectos de ley en la actual legislatura.
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