Los proyectos de leyes fiscales vulneran la Constituci¨®n, seg¨²n abogados de Madrid

Destacados miembros del Colegio de Abogados de Madrid sostienen que los proyectos de ley de represi¨®n del fraude fiscal y de reforma del C¨®digo Penal en materia de delitos contra la Hacienda p¨²blica vulneran, en su actual redacci¨®n, determinados preceptos y derechos constitucionales, sobre todo en lo que se refiere al secreto profesional de algunos profesionales, especialmente de los abogados. As¨ª lo manifestaron ayer en una reuni¨®n con los medios informativos, presidida por Antonio Pedrol, decano del colegio, los abogados Jos¨¦ Antonio L¨®pez Huertas, Jes¨²s Gonz¨¢lez P¨¦rez y Gonzalo Rodr¨ªguez Mourullo y el propio decano, entre otros.La preocupaci¨®n que ha despertado en el Colegio de Abogados de Madrid la actual redacci¨®n -en estudio por el Congreso de los Diputados- de los dos proyectos de ley con los que se pretende perseguir el fraude fiscal ha impulsado a su junta directiva de la corporaci¨®n a organizar un debate p¨²blico sobre los dos textos legales. Este encuentro se celebrar¨¢ los pr¨®ximos d¨ªas 17 y 18 en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, a partir de las 19.30 horas, y en ¨¦l participar¨¢n, entre otros, los especialistas Gonzalo Rodr¨ªguez Mourullo, Horacio Oliva, Jaime Basanta, Jes¨²s Gonz¨¢lez P¨¦rez, Mag¨ªn Pont y David Edwards, este ¨²ltimo experto en Derecho Comparado. Tambi¨¦n participar¨¢n miembros de la Administraci¨®n todav¨ªa sin especificar.

Los abogados se muestran especialmente especialmente preocupados por la formulaci¨®n en los proyectos de ley tanto del deber que tendr¨¢n los profesionales de proporcionar a la Administraci¨®n de Hacienda todo tipo de datos con trascendencia tributaria que conozcan por sus relaciones econ¨®micas con otras personas, como las sanciones que los funcionarios de Hacienda podr¨¢n imponer a quienes incumplan este mandato.

Si prosperan estos proyectos, los abogados, los auditores y otros profesionales relacionados con la gesti¨®n de impuestos estar¨¢n obligados a denunciar tales datos. "Se dar¨¢ el caso de que un juez o un tribunal que se niegue a entregar una informaci¨®n a un inspector de Hacienda podr¨¢ ser sancionado hasta con seis millones de pesetas", explicaron algunos abogados.