Seis provincias espa?olas ganaran un diputado y otras tantas lo perder¨¢n

Seis provincias espa?olas, entre ellas Madrid, ganar¨¢n un diputado en el Congreso, y otras tantas lo perder¨¢n, de acuerdo con el nuevo sistema de reparto de esca?os por circunscripciones introducido por el proyecto de ley Electoral aprobado por el Gobierno en el ¨²ltimo Consejo de Ministros y enviado a los portavoces de los grupos parlamentarios. Expertos electorales restaron significado pol¨ªtico a esta variaci¨®n, alegando que parece buscar exclusivamente una mayor proporcionalidad. Adem¨¢s de Madrid, las provincias que ganar¨¢n un esca?o con respecto a los que poseen actualmente ser¨¢n Alicante, C¨¢diz, M¨¢laga, Las Palmas y Valencia, mientras que lo perder¨¢n Asturias, Badajoz, Cuenca, Ja¨¦n, Le¨®n y Tenerife.

Las reacciones suscitadas ayer al conocer los grupos parlamentarios el proyecto de ley del Gobierno permit¨ªan suponer, confirmando lo dicho el pasado mi¨¦rcoles por el vicepresidente Alfonso Guerra, que, exceptuando el PCE, existe un cierto grado de consenso en las cuestiones fundamentales de este importante proyecto de ley org¨¢nica. Sin embargo, menudean las discrepancias en cuestiones accesorias, y el secretario general de AP, Jorge Verstrynge, lleg¨® a asegurar que hasta ayer apenas conoc¨ªa s¨®lo una tercera parte del proyecto de ley, pese a las frecuentes conversaciones sobre el asunto que ha mantenido con Guerra.Las escasas variaciones en el proyecto respecto a los temas cruciales del decreto-ley de 1977 que actualmente regula esta materia hacen que resulten m¨¢s significativas otras modificaciones de tono aparentemente menor. No se modifica ni el n¨²mero de diputados y senadores actual -contra los planes iniciales del Gobierno, que pretend¨ªa aumentar el n¨²mero de diputados hasta 400, desde los 350 actuales-, ni el n¨²mero m¨ªnimo de dos esca?os por provincia, ni el sistema mayoritario de elecci¨®n en el Senado, ni el m¨¦todo D'Hondt para el reparto del Congreso. Sin embargo, entre las significativas variaciones de tono menor se encuentra la ya citada de la cuota de reparto de esca?os por provincia, que producir¨¢ las 12 variaciones mencionadas al comienzo.

Esta cuota se obtiene, seg¨²n el art¨ªculo 161 del proyecto, de la divisi¨®n del n¨²mero 248 -que son los diputados restantes tras distribuir el m¨ªnimo de dos por provincia- por la cifra total de la poblaci¨®n de derecho en toda Espa?a; a continuaci¨®n se adjudicar¨¢n a cada provincia tantos diputados como resulten, en n¨²meros enteros, de dividir la poblaci¨®n de derecho provincial por la cuota de reparto. Los restos se distribuyen asignando un esca?o a las provincias cuyos cocientes tengan una fracci¨®n decimal mayor.

Incompatibilidades

Otro punto pol¨¦mico del proyecto se encuentra en el art¨ªculo 118, que prohibe que cualquier persona f¨ªsica o jur¨ªdica done m¨¢s de un mill¨®n de pesetas a la campa?a electoral de una candidatura. Esta disposici¨®n, que trata de impedir situaciones de control monopol¨ªstico sobre los partidos, al tiempo que refuerza la dependencia de ¨¦stos de los cr¨¦ditos oficiales y bancarios, fue ayer duramente criticada como "incomprensible" y "absurda" por representantes de la oposici¨®n conservadora. El Grupo Popular tampoco parec¨ªa mostrarse muy conforme con el sistema de incompatibilidades de los parlamentarios, incluido en esta misma ley, por entender que 9ler¨ªa el Parlamento de mediocridades y aleja a la gente realmente brillante".

El cap¨ªtulo de control de gastos resulta especialmente reforzado en el proyecto, una vez que los gastos electorales de los partidos durante las campa?as quedan limitados a 40 pesetas por hablante y 20 millones por circunscripci¨®n, lo que impedir¨¢, se calcula que ninguna formaci¨®n pueda gastar m¨¢s de 2.500 millones en una campa?a. Expertos electorales de varios partidos opinaron ayer que esta cantidad podr¨ªa resultar un tanto "exigua".

El Tribunal de Cuentas tendr¨¢ amplias facultades para controlar el cumplimiento de estas limitaciones, as¨ª como para fiscalizar las cuentas bancarias en las que los partidos deber¨¢n obligatoriamente centralizar sus finanzas. Por su parte, tanto los bancos que concedan cr¨¦ditos como las empresas que contraten con los partidos por m¨¢s de un mill¨®n de pesetas se ver¨¢n obligados a declarar estos extremos a las juntas electorales.

El proyecto trata de agilizar los dict¨¢menes del Tribunal de Cuentas, cuyo visto bueno ser¨¢ imprescindible para que los partidos reciban las subvenciones derivadas de sus resultados electorales'. Estas subvenciones son notablemente incrementadas, dado que consistir¨¢n en mill¨®n y medio de pesetas constantes por esca?o en el Congreso o en el Senado, m¨¢s 60 pesetas por cada voto logrado en el Congreso y 20 en el Senado.