Dos art¨ªculos controvertidos
El auto del juez en el que se plantea ante el Tribunal Constitucional la cuesti¨®n de constitucionalidad de la ley 7 / 1983, de expropiaci¨®n por razones de utilidad p¨²blica e inter¨¦s social de los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, se centra en los dos primeros art¨ªculos de dicha ley.Art¨ªculo primero.
Con objeto de garantizar la estabilidad del sistema financiero y los intereses leg¨ªtimos de depositantes, trabajadores y terceros, se declara la expropiaci¨®n forzosa, por causa de utilidad p¨²blica e inter¨¦s social, de la totalidad de las acciones o participaciones sociales representativas del capital de las sociedades relacionadas en el Anexo de esta ley, sociedades integrantes todas ellas del grupo Rumasa.
Art¨ªculo segundo.
La Administraci¨®n del Estado, por medio de esta expropiaci¨®n legislativa, adquiere desde luego el pleno dominio de las acciones o participaciones sociales expropiadas, tomando posesi¨®n inmediata de las sociedades a que corresponden las mismas a trav¨¦s de la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado. Dicha toma de posesi¨®n comporta la asunci¨®n por el mencionado centro directivo de todas las facultades de los ¨®rganos sociales.
La Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado podr¨¢ encomendar el ejercicio de las facultades propias de los respectivos ¨®rganos de administraci¨®n al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos en establecimientos bancarios o al administrador o administradores que al efecto designe.
Los registradores mercantiles inscribir¨¢n los correspondientes nombramientos, apoderamientos y dem¨¢s actos inscribibles emanados de la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado, con la sola comunicaci¨®n de ¨¦sta, inscribiendo de oficio el cese de los adnmiistradores de las sociedades a las que se refiere esta ley, cuyas facultades sean asumidas por la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado, con arreglo a este art¨ªculo.
El Fondo de Garant¨ªa de Depositos en establecimientos bancarios y los administradores podr¨¢n, a su vez, conferir apoderamientos conforme a lo prevenido en la legislaci¨®n civil y mercantil.
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