Acuerdo entre los inquilinos de Darsa y la compa?¨ªa para la compra de las viviendas
Los inquilinos de las 1.400 viviendas propiedad de la empresa inmobiliaria Darsa, que manten¨ªan desde el pasado mes de enero un contencioso con la empresa, al querer ¨¦sta desahuciar a los cerca de 300 jubilados y viudas, llegaron la semana pasada a un acuerdo definitivo con Darsa que se recoger¨¢ en un documento oficial el pr¨®ximo jueves. En s¨ªntesis, los pisos que la inmobiliaria tiene en Madrid ser¨¢n puestos a la venta a un precio medio de 1.421.000 pesetas, cantidad que se ver¨¢ reducida en caso de que el comprador sea pensionista (un 5%), se pague al contado (un 4%), o se compren m¨¢s de 700 viviendas (un 5%), antes del 31 de diciembre. Estos porcentajes son acumulativos lo que puede dejar un piso, en caso de que se cumplan las tres condiciones, en 1.231.000 pesetas. El acuerdo logrado tras numerosas conversaciones fue confirmado ayer por Jos¨¦ Mar¨ªa Vinuesa, director general de la compa?¨ªa, despu¨¦s de que el pasado jueves fuera ratificado por unos 700 vecinos en asamblea.
Mediante el acuerdo logrado, la compa?¨ªa Darsa desiste de las acciones judiciales en marcha, siempre que los afectados se acojan a las medidas ahora ofrecidas. El acuerdo contempla adem¨¢s la posibilidad de que los jubiliados y viudas, que no quieran o puedan adquirir el piso en el que viven, podr¨¢n acogerse al derecho de habitaci¨®n gratuito y vitalicio, de tal forma que hasta el fallecimiento de los dos c¨®nyuges no pagar¨¢n renta alguna y s¨®lo abonar¨¢n los servicios y suministros que utilicen.
En caso de que los jubiliados y viudas decidieran no comprar la vivienda que habitan ni acogerse al derecho de habitaci¨®n, el documento ratificado por los vecinos indica que quedar¨ªan sujetos a lo establecido por el Reglamento de Viviendas de Protecci¨®n Oficial y en el contrato de arrendamiento.
Precisamente la sujeci¨®n a esta regulaci¨®n fue la causante de los conflictos habidos en los ¨²ltimos nueve meses pues el contrato de arrendamiento que tienen estos vecinos se hizo en virtud de que ocupaban un puesto de trabajo en unas determinadas empresas obligacionistas de Darsa. La decisi¨®n de la compa?¨ªa, el pasado enero, de desahuciar a 20 de los jubilados o viudas a quienes consideraba rescindido el contrato por fallecimiento o jubilaci¨®n de los titulares, fue el detonante del conflicto.
Un largo encierro en una iglesia y varias manifestaciones de los afectados, a quienes apoyaba el resto de los inquilinos en activo, convirtieron el tema Darsa en un problema de orden p¨²blico. El Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo lleg¨® a elaborar un decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, que fue contestado por la inmobiliaria y los vecinos pues las condiciones que fijaban no gustaban a ninguna de las partes.
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