Las Administraciones locales y auton¨®micas controlar¨¢n el 70% de la licitaci¨®n de obra p¨²blica

La contrataci¨®n de obras p¨²blicas por las comunidades aut¨®nomas y corporaciones locales pasar¨¢ a representar, en 1986-1987, el 70% del total de licitaci¨®n, lo que supone la inversi¨®n en los t¨¦rminos que se produc¨ªan en el modelo de Estado centralizado, seg¨²n un informe elaborado por la Agrupaci¨®n Nacional de Constructores de Obras P¨²blicas (ANCOP). El volumen de obra p¨²blica licitada por el grupo asciende a unos 190.000 millones pesetas. Este sustancial cambio de las instituciones decisorias en la construcci¨®n de obra p¨²blica significa que en los pr¨®ximos a?os la Administraci¨®n central controlar¨¢ el 30% de la inversi¨®n; las comunidades aut¨®nomas, el 50% y las corporaciones locales, el 20% restante.

Sin embargo, en las c¨²pulas de las empresas constructoras existe una seria preocupaci¨®n por la forma en que se est¨¢ desarrollando el proceso auton¨®mico. La mayor preocupaci¨®n hace referencia a los retrasos experimentados en el pago de las certificaciones de las comunidades aut¨®nomas que resultan ser superiores en un 27% a los de la Administraci¨®n central.

El presidente de Ancop, Enrique Aldama, presidi¨® ayer una conferencia de prensa en al que se?al¨® que el traspaso de competencias estaba suponiendo que liquidaciones y revisiones de precios que estaban ya preparadas para su pago o aprobaci¨®n por parte del departamento central, han quedado paralizadas. Asimismo, se?al¨® que algunas comunidades con transferencias recibidas hace m¨¢s de seis meses en materia de vivienda pr¨¢cticamente no han aprobado econ¨®micamente casi ning¨²n expediente. Aunque con menor incidencia, tambi¨¦n expres¨® su preocupaci¨®n por las condiciones discriminatorias impuestas por algunas comunidades aut¨®nomas o corporaciones locales para empresas asentadas en otras ¨¢reas del territorio espa?ol, frente a las que tienen su sede en la propia comunidad aut¨®noma.

Ante esta situaci¨®n los constructores han se?alado la conveniencia de que "las comunidades aut¨®nomas realicen un r¨¢pido aprendizaje de la praxis administrativa ya que el proceso de inversi¨®n p¨²blica es complejo y puede verse estrangulado por la inexperencia". En este sentido, se insiste en la necesidad de una estrecha colaboraci¨®n y trasvase de funcionarios entre la Administraci¨®n central y las comunidades aut¨®nomas para asegurar la fluidez en los traspasos y la eficacia en la gesti¨®n. El fracaso en este terreno ser¨¢ un fracaso comprometido por las dos administraciones implicadas.

En esta misma l¨ªnea, el presidente de la agrupaci¨®n precis¨® que "la autonom¨ªa pol¨ªtico administrativa no tiene sentido si no existe una autonom¨ªa financiera real". En opini¨®n de la Ancop, la ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) no est¨¢ cumpliendo con los objetivos que el legislador se propuso al no asegurar la suficiencia financiera de estos entes territoriales".

Ca¨ªda de la licitaci¨®n

En el curso de la conferencia, representantes de Ancop manifestaron su preocupaci¨®n por el futuro del sector que "a su juicio est¨¢ atravesando la peor crisis de toda su historia, detect¨¢ndose una continua ca¨ªda a lo largo de los ¨²ltimos 10 a?os". Las mismas fuentes han se?alado que en dicho per¨ªodo la actividad del sector decreci¨® en un 19,2% en pesetas constantes frente a un crecimiento del Producto Interior Bruto del 15,6%. En el caso de Catalu?a, la ca¨ªda generalizada de la licitaci¨®n p¨²blica ha sido del 24,9%. Los datos disponibles de 1984 se?alan para el primer semestre una ca¨ªda de la actividad que se cifra en un 9% respecto a igual per¨ªodo de 1983. Teniendo en cuenta las previsiones para el resto del a?o, se estima que en 1984 el sector caer¨¢ como m¨ªnimo un 5% en pesetas constantes, con lo que la actividad se situar¨¢ al nivel de la que se desarrollaba en 1966/67.

Por otra parte, Enrique Aldama insisti¨® en la situaci¨®n de crisis por la que atraviesa el sector a causa del atraso de pagos de la Administraci¨®n que adeuda unos 60.000 millones de pesetas a las empresas agrupadas en Ancop lo que permite estimar por extrapolaci¨®n en unos 150.000 millones de pesetas la deuda total de la Administraci¨®n las empresas constructoras.

En los ¨²ltimos 10 a?os, el sector ha perdido cerca de 500.000 puestos de trabajo, de los cuales, 110.000 se han destruido en el ¨²ltimo a?o y medio.