Reticencias en unas jornadas sobre derechos humanos ante la futura ley de la inform¨¢tica

La independencia respecta al Gobierno del futuro ¨®rgano de control de los richeros informatizados en poder del Estado es la reivindicaci¨®n esencial realizada duirante las segundas jornadas sobre inform¨¢tica y derechos humanos, celebradas esta semana y organizadas por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH). Esta reivindicaci¨®n se produce en relaci¨®n con el proyecto de ley que prepara el Gobierno para cumplir el mandato constitucional de salvaguardar los derechos humanos frente al uso de la inform¨¢tica.

En las jornadas participaron Vittorio Frosini, catedr¨¢tico del Instituto de Filosof¨ªa del Ecrecho de la Universidad de Roma, y Wilhelm Steinmuller, catedr¨¢tico de Inform¨¢tica de la Universidad de Bremen (Rep¨²blica Federal de Alemania). Moder¨® las sesiones el fiscal y vicepresidente de la APDH, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn. Participaron tambi¨¦n el periodista C¨¦sar Alonso de los R¨ªos, director general de Organizaci¨®n, Procedimientos e Inform¨¢tica de la Presidenciadel Gobierno, el ingeniero indusixial Jes¨²s Rodr¨ªguez Cortezo, Guillermo de Avila, el letrado de las Cortes Diego L¨®pez Garrido y el jefe de la oficina de Prensa de la Seguridad del Estado, Jos¨¦ Antonio Linares. La APDH exige "una preferente atenci¨®n de los poderes p¨²blicos y una continua reflexi¨®n de todos los movimientos pol¨ªticos, culturales y ciudadanos" en relaci¨®n con los aspectos Filos¨®ficos, sociol¨®gicos y jur¨ªdicos de la inform¨¢tica. Asimismo, estima que "la desocupaci¨®n que provoca la aplicaci¨®n de la tecnolog¨ªa inform¨¢tica debe ser conipensada con un equitativo reparto de la riqueza que genera riara las empresas que la utilizan".

La APDH considera urgente el desarrollo del art¨ªculo 18,4 de la Constituci¨®n ("la ley limitar¨¢ el uso de la inform¨¢tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos") frente "al uso incontrolado de los sistemas automatizados por parte de los organismos p¨² blicos y privados". Entre otros puntos que, a juicio de la APDH debe incluir la futura ley, figura el derecho de todos los ciudadanos a solicitar de los organismos p¨²blicos y privados que utilizan ficheros personales automatizados "informaci¨®n sobre los datos que les conciernen".

Igualmente, en las jornadas se puso de relieve que toda solicitud de datos personales destinados a ficheros inf¨®rmatizados debe ir acompa?ada de la advertencia sobre su destino y la no obligatoriedad de proporcionar los de car¨¢cter ideol¨®gico, religioso, sexual o sindical, as¨ª como el riguroso control por comisio nes parlamentarias y el Defensor del Pueblo, de los archivos destinados a la seguridad del Estado.

Peligro para la persona

Finalmente, se acord¨® que la utilizaci¨®n de un n¨²mero identificador ¨²nico para todos los archivos informatizados puede suponer "un peligro para la identidad de la persona humana y no est¨¢ justificada por meras razones t¨¦cnicas o de rentabilidad del sistema inform¨¢tico". Para Mart¨ªn Pall¨ªn, la interconexi¨®n entre los diferentes ficheros informatizados, merced al n¨²mero ¨²nico, representa un grave riesgo para los derechos de los ciudadanos, no compensable por la baratura y agilidad del sistema puestas de relieve por su oponente. Por su parte, L¨®pez Garrido puso de manifiesto la importancia de que todos los ficheros informatizados, estrictamente se parados entre s¨ª y sometidos al principio de publicidad absoluta y de libertad de acceso, cuenten con un ¨®rgano de control independiente del Ejecutivo, cuyos miembros sean inamovibles y vinculados al Parlamento. Guillermo de ?vila no dio seguridades de que el proyecto de ley en gestaci¨®n ofrezca estas garant¨ªas y asegur¨®, en cambio, que la informatizaci¨®n puede facilitar el mejor servicio que desean los ciudadanos, a quienes se ahorrar¨¢n, dijo, "papeleos, colas y ventanillas". Espa?a ha sido el tercer pa¨ªs, tras Suecia y Francia, en prestar su consentimiento al convenio europeo para la protecci¨®n de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de car¨¢cter personal, que entrar¨¢ en vigor tres meses despu¨¦s de que lo hayan expresado cinco Estados miembros del Consejo de Europa.