?Por qu¨¦ no al AES?

La idea de que el recientemente firmado Acuerdo Econ¨®mico y Social establece las condiciones para relanzar la inversi¨®n y generar empleo es contestada por el autor de este art¨ªculo. Para ello, se basa adem¨¢s en las dudas que en este sentido han expresado ciertos dirigentes empresariales. Critica asimismo la -a su juicio- manipulada campa?a contra Comisiones Obreras, acusada de maximal¨ªsmo por oponerse a un pacto social "insuficiente por su contenido".

Imagino que las recientes declaraciones del presidente de la patronal a Diario 16 en el sentido de que "faltan muchas cosas para que se pueda invertir en Espa?a"- habr¨¢n ca¨ªdo cual jarro de agua helada en los ambientes del Gobierno. Porque despu¨¦s de la firma del Acuerdo Econ¨®mico y Social (AES) se ha intentado vender al pa¨ªs la idea, con m¨¢s algarab¨ªa que argumentos, de que todas las condiciones estaban dadas para que la inversi¨®n se relanzase y se creasen as¨ª puestos de trabajo. No parece que la cuesti¨®n sea tan sencilla. De ah¨ª que lanzar una campa?a, de las m¨¢s manipuladas que se hayan conocido, contra la CS de CC OO y los que nos hemos opuesto a ese pacto, bajo la acusaci¨®n de maximalismo o aun cosas peores, no parece que est¨¦ sentada en el rigor y en la realidad de los hechos. Valdr¨ªa la pena intentar una incursi¨®n al fondo del problema y dejar a un lado las descalificaciones y anatemas.Hace a?os que Espa?a -y no s¨®lo Espa?a- vive inmersa en una profunda crisis econ¨®mica y no s¨®lo econ¨®mica. Hasta aqu¨ª, quiz¨¢, podemos estar de acuerdo. Mas, ?c¨®mo se supera una situaci¨®n de crisis como la actual, que contiene todos los rasgos de un cambio de ¨¦poca hist¨®rica? No ser¨ªa ocioso recordar que una premisa para conseguirlo, entre, otras, es realizar una nueva y poderosa acumulaci¨®n de excedente que permita un salto en la inversi¨®n productiva. Inversi¨®n que debe alcanzar proporciones mucho m¨¢s cuantiosas que en el pasado, ante un proceso de profundos y r¨¢pidos cambios tecnol¨®gicos, cuando la composici¨®n org¨¢nica del capital, es decir, la relaci¨®n entre capital constante y variable, crece sin cesar a favor del primero.

Opci¨®n conservadora

Ante una disyuntiva as¨ª, las pol¨ªticas econ¨®micas de los Gobiernos pueden adoptar actitudes diferentes, que responden tambi¨¦n a intereses sociales diversos y contrapuestos. Dejemos a un lado, al no ser nuestro caso, la de aquellos Gobiernos que funcionan en econom¨ªas donde la propiedad privada de los principales medios de producci¨®n ha pasado a manos p¨²blicas, pues l¨®gicamente en estos casos el motor de cualquier acumulaci¨®n y recuperaci¨®n es, casi en exclusiva, dicho sector. En las econom¨ªas occidentales, a las que se llama ahora eufem¨ªsticamente de mercado, cuando su verdadero nombre es la de capitalistas, tambi¨¦n se pueden adoptar diferentes pol¨ªticas, seg¨²n sea, quien gobierne.

Los conservadores, en sus distintas variantes, entienden que el actual sistema econ¨®mico capitalista es tan natural a la condici¨®n de los hombres y las sociedades como el ciclo de las mareas o el r¨¦gimen de las lluvias, y, por tanto, la ¨²nica soluci¨®n radica en que los grandes empresarios privados puedan acumular crecientes beneficios y, sobre todo, crecientes expectativas de mayores beneficios a¨²n que los motiven a 'invertir. Es decir, consideran que el sector privado de la econom¨ªa es el ¨²nico motor real de toda posible acumulaci¨®n y recuperaci¨®n, y de ah¨ª que la labor del Gobierno y del Estado sea, en su opini¨®n, crearles las mejores condiciones para que dicha acumulaci¨®n se produzca, al margen del precio social que haya que pagar por ello.

Pues bien, en mi modesta opini¨®n, esta es la opci¨®n adoptada por el actual Gobierno espa?ol, una de cuyas plasmaciones concretas ha sido el famoso AES y los Presupuestos Generales del Estado. Opci¨®n que supone que la mayor¨ªa de la sociedad, formada por sectores populares, tenga que soportar un alto coste social en cifras crecientes de desempleo, p¨¦rdida de poder adquisitivo, estancamiento en medidas redistributivas v¨ªa fiscal y presupuestaria, al tiempo que representan a esos sectores m¨¢s castigados por la crisis y ampl¨ªan el poder econ¨®mico y pol¨ªtico de los que ya lo ten¨ªa antes.

No es la ¨²nica pol¨ªtica posible

No es ¨¦sta obviamente la ¨²nica pol¨ªtica posible, como se pretende machaconamente hacemos creer. Es una de ella, por otra parte harto tradicional, de resultados econ¨®micos aleatorios como se est¨¢ viendo, socialmente injusta y pol¨ªticamente degradante. Pero veamos si el contenido del AES responde a la anterior afirmaci¨®n. De entrada se comprueba que en t¨¦rminos reales (v¨¦anse presupuestos) la inversi¨®n p¨²blica desciende en 1985, mientras, por el contrario, se espera que la privada crezca en un 5,5%, teniendo en cuenta la acumulaci¨®n de beneficios que se ha originado en 1984 (alrededor del 18,4% en t¨¦rminos de rentas empresariales brutas por unidad de producto).

Ello no es de extra?ar si tenemos en cuenta que la presi¨®n fiscal en 1984 fue del 1,3% y se programa un 0,8% en 1985, reduci¨¦ndose el d¨¦ficit p¨²blico en medio punto. Si se mantiene la presi¨®n fiscal para 1986 -como est¨¢ previsto-, con reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico, y tenemos en cuenta que el servicio de la deuda p¨²blica por intereses y amortizaci¨®n de la misma es creciente, podemos concluir que las disponibilidades netas del Estado descienden en t¨¦rminos reales. De esta forma, el Estado espa?ol renuncia a cualquier papel activo directo en la lucha contra el paro que no sea crear las mejores condiciones a los empresarios, sin ninguna garant¨ªa de que ¨¦stos vayan a invertir, como ha recordado sin mucha diplomacia el se?or Cuevas.

En el AES no se dise?a ning¨²n tipo de reforma fiscal m¨ªnimamente progresiva. Deja las cosas como est¨¢n, con simples declaraciones al uso sobre una lucha contra el fraude que nunca llega y, por el contrario, modifica aspectos del impuesto sobre sociedades que en conjunto suponen un aumento de los beneficios fiscales para las empresas. En el tratamiento fiscal de las rentas m¨¢s bajas se propone un ajuste t¨¦cnico para corregir la "progresividad en fr¨ªo" derivada de los incrementos nominales de renta, pero sin modificar la progresividad del impuesto.

Los empresarios han conseguido as¨ª -como reconoce su presidente- frenar cualquier veleidad tendente a modificar el sistema tributario en direcci¨®n de la equidad. Si a esto unimos que al Fondo de Solidaridad, exiguo por otro lado, los empresarios no aportan su al¨ªcuota parte como ha quedado palmariamente demostrado en reciente art¨ªculo aparecido en EL PAIS bajo la firma de E. Lillo y J. Arag¨®n, se reduce la financiaci¨®n de las empresas a la Seguridad Social; se dise?a una pol¨ªtica de rentas salariales, pensiones y sueldos de funcionarios claramente moderada, y se encarga a la CEOE el estudio sobre la reforma de la empresa p¨²blica, no parece que la patronal espa?ola tenga motivos para estar disgustada con el Gobierno socialista.

Gran polvareda ha levantado el tema del despido libre, creando no poca confusi¨®n. En puridad, el despido, libre existe en Espa?a desde hace a?os, pues las empresas pueden despedir a un trabajador "por ser rubio o moreno" con tal de que paguen una indemnizaci¨®n. Lo que no hay en el despido gratuito, que es figura diferente. Mas el AES introduce un nuevo elemento que, de llevarse a la pr¨¢ctica, y lo l¨®gico es que se lleve si en ¨¦l aparece, ser¨ªa catastr¨®fico para los trabajadores y sus sindicatos. Me refiero a que cuando habla de la homologaci¨®n de la legislaci¨®n laboral espa?ola a la europea menciona de forma ¨²nica y expresa la directiva de 17 de febrero de 1975 del Consejo de las Comunidades Europeas.

Esta directiva contempla un sistema de extinci¨®n de contratos de trabajo de car¨¢cter colectivo -las llamadas aqu¨ª regulaciones de empleo-, en el que no aparece la necesidad de que, en ¨²ltima instancia, decida la autoridad laboral sobre su pertinencia o no. El Ministerio de Trabajo es informado y los representantes de los trabajadores consultados, pero la decisi¨®n la toma la empresa. Quedar¨ªan as¨ª modificados sustancialmente, de implantarse este sistema, el Estatuto de los Trabajadores y el importante Decreto 696/80, de 14 de abril, sobre la materia.

El que no se consuela es porque no quiere, y as¨ª, se aduce que el art¨ªculo 5 de la susodicha directiva afirma que los Estados miembros de la CEE pueden mantener sus legislaciones si son m¨¢s favorables a los trabajadores. Mas si la intenci¨®n fuese mantener en el futuro la legislaci¨®n espa?ola tal cual -Decreto 696/80-, ?por qu¨¦ entonces mencionar en el AES, ¨²nica y exclusivamente, la directiva de 1975, cuya ¨²nica novedad es precisamente eliminar la autorizaci¨®n administrativa para los despidos colectivos? No me parece muy coherente el consuelo.

No niego que en el AES aparezcan aspectos que, de cumplirse, sean positivos, como las promesas de ampliar la cobertura del desempleo o la devoluci¨®n del patrimonio sindical para dentro de un a?o largo, pero quiz¨¢ si se leyese atentamente el AES y los Presupuestos Generales del Estado y nos olvid¨¢semos por un momento de la algarab¨ªa propagand¨ªstica montada desde el poder comprender¨ªamos mejor la posici¨®n de Marcelino Camacho, que yo comparto, ya que el supuesto argumento de que es incomprensible que CC 00 firmase en el pasado otros acuerdos (ANE, por ejemplo) y ahora se niegue a firmar ¨¦ste es de una simpleza que no merece. comentario.

Es de suponer que un sindicato que se tenga por tal puede tener una pol¨ªtica general de acuerdos de solidaridad para contribuir a salir de la crisis, y ello no quiere decir que tenga que firmar cualquier tipo de pacto. Su decisi¨®n estar¨¢ en funci¨®n del contenido, digo yo, y el de ¨¦ste AES es fracamente inasumible.

es vicesecretario general del Partido Comunista de Espa?a.