Afectados por Renta Catalana piden que dos diputados de CiU paguen las indemnizaciones

El abogado Fernando Cabestany, que defiende los intereses de los inversionistas afectados por el caso Renta Catalana, ha solicitado al tribunal que condene a los diputados Josep Maria Trias de Bes y Joaquim Molins a hacerse cargo de las indemnizaciones que pudieran corresponder a los perjudicados y que se eval¨²an en 1.000 millones de pesetas. La petici¨®n fue formulada al finalizar el juicio contra los cuatro miembros del consejo de administraci¨®n de la sociedad de inversi¨®n inmobiliaria -Ignasi y Antoni Maria Baquer Mir¨®, Eduard Guili¨¦n Ulloa y F¨¦lix Maria Millet-, para quienes se reclam¨® una pena total de 49 a?os de prisi¨®n por los delitos de apropiaci¨®n indebida y falsedad en documento privado.

Los diputados de Converg¨¨ncia Democr¨¢tica Joaquim Molins y Josep Mar¨ªa Trias de Bes comparecieron en la sala para declarar despu¨¦s de que se les requiriera policialmente, dada su incomparecencia en la sesi¨®n anterior. Los dos formaron parte del consejo de administraci¨®n de la sociedad inmobiliaria hasta los a?os 1977 y 1978, cuando se dedicaron a la pol¨ªtica.Los dos diputados negaron que hab¨ªan abandonado la entidad por disconformidad con su actuaci¨®n. Afirmaron desconocer en profundidad las operaciones econ¨®micas realizadas en el seno de la firma. Trias de Bes dijo que ignoraba si se hab¨ªa efectuado un trasvase de capital de Renta Catalana en favor de Banca Catalana, cubriendo unos cr¨¦ditos y en detrimento de los perjudicados.

Los abogados- querellantes preguntaron insistentemente a los acusados sobre las presuntas vinculaciones de las diferentes sociedades con Banca Catalana en un intento de localizar el patrimonio de la firma inversora y recuperarlo en favor de los perjudicados.

Ignasi Baquer Mir¨® fue el ¨²nico de los procesados que se enfrent¨® a la pregunta. Reconoci¨® que se hab¨ªan vendido a Banca Catalana diversos pisos, a trav¨¦s de una empresa puente, para saldar as¨ª un cr¨¦dito de 260 millones de pesetas que devengaba unos intereses de 50 millones anuales. Intent¨® tambi¨¦n justificar al tribunal la no aparici¨®n de los libros de contabilidad de la sociedad y las ventas de unos pisos en favor de su esposa y de sus suegros, en pleno desmantelamiento de la entidad.

Por ¨²ltimo, Ignasi Baquer Mir¨® relat¨® a la sala el procedimiento que se hab¨ªa seguido en el seno de la entidad para fusionar las 17 sociedades y modificar su estructura jur¨ªdica, convirtiendo las sociedades comanditarias en sociedades an¨®nimas para eludir el pago de los intereses a los inversionistas.

El acusado asegur¨® que la modificaci¨®n de los estatutos se hab¨ªa efectuado en una junta universal en la que estaban presentes todos los inversionistas a trav¨¦s del voto otorgado al presidente de la entidad y que estaba recogido en la letra peque?a de los contratos. El abogado querellante Fernando Cabestany aludi¨® tambi¨¦n a la letra peque?a de los contratos, en virtud de la cual se legaliz¨® la operaci¨®n, asegurando que significaba "la denegaci¨®n permanente" de los derechos de los inversionistas.