Cr¨ªticas al Consejo de Colegios M¨¦dicos por oponerse a la esterilizaci¨®n voluntaria

La declaraci¨®n de la comisi¨®n central de deontolog¨ªa del Consejo General de Colegios M¨¦dicos contraria a la esterilizaci¨®n voluntaria -vasectom¨ªa o ligadura de trompas (v¨¦ase EL PAIS del pasado martes, d¨ªa 18)- ha levantado cr¨ªticas en diversos sectores progresistas de la sociedad. La directora del Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo, ha manifestado que "no tiene ninguna autoridad el Consejo de Colegios M¨¦dicos para moralizar sobre un hecho que est¨¢ despenalizado y fomentado en los pa¨ªses del ¨¢rea occidental".

La Comisi¨®n Gestora de Centros de Planificaci¨®n Familiar remiti¨® ayer un comunicado en el que, entre otras cosas, alerta de que tras esta actitud del Consejo de Colegios M¨¦dicos "se vislumbra una defensa de ciertos intereses incompatibles con un modelo sanitario de tipo p¨²blico y centrado en la salud"."Como trabajadores de planificaci¨®n familiar", a?ade el comunicado, "podemos asegurar que la demanda de este m¨¦todo anticonceptivo (ligaduras o vasectom¨ªa) es cada d¨ªa mayor e independiente de los condicionamientos econ¨®mico-sociales o religiosos de la poblaci¨®n".

Por otro lado, se?ala que en 1980 exist¨ªan en el mundo 100 millones de personas que se hab¨ªan sometido a la esterilizaci¨®n voluntaria. ?ste fue el m¨¦todo elegido en ese mismo a?o por el 30% de los matrimonios en Estados Unidos, y el 25% del Reino Unido en 1976. En 1982, los ¨²nicos pa¨ªses que manten¨ªan penalizada la esterilizaci¨®n voluntaria eran Birmania, Arabia Saud¨ª, Turqu¨ªa, Somalia y Espa?a. En nuestro pa¨ªs, esta pr¨¢ctica fue despenalizada por el Parlamento en 1983, mediante ley org¨¢nica.

El comit¨¦ de ministros del Consejo de Europa, en su resoluci¨®n 75/29 (en noviembre de 1975), recomend¨® a los Gobiernos que se diera "acceso a la esterilizaci¨®n como un acto voluntario".

La Comisi¨®n Gestora de Centros de Planificaci¨®n Familiar indica que la objeci¨®n de conciencia permite a un m¨¦dico negarse a realizar un servicio que vaya contra sus principios morales, y que es obligaci¨®n de la sanidad p¨²blica ofrecer garant¨ªas de que intervenciones legales puedan llevarse a cabo en los hospitales.

Sobre esta base, la comisi¨®n sugiere que cuando un m¨¦dico opte a una plaza p¨²blica sea requerido sobre sus posibles reservas morales.

"Esto no implica una forma de selecci¨®n, sino que asegura este tipo de asistencia a todos aquellos que la soliciten sin discriminaci¨®n de su condici¨®n econ¨®mica o del lugar donde habiten. Asimismo es una forma de controlar que m¨¦dicos que objetan en la red p¨²blica sanitaria no puedan realizar esterilizaciones en consultas privadas".

Seguridad Social

Sin embargo, consideran necesario que antes se incluya en la Seguridad Social la esterilizaci¨®n voluntaria como un m¨¦todo anticonceptivo m¨¢s.La directora del Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo, recuerda que en alg¨²n hospital p¨²blico un grupo de facultativos se ha negado a practicar ligaduras de trompas o vasectom¨ªas como medio anticonceptivo porque los anticonceptivos no est¨¢n contemplados, al menos por el momento, en la Seguridad Social. Es decir, que un m¨¦dico puede, de acuerdo con la ley, negarse a intervenir quir¨²rgicamente a una persona que le demanda una esterilizaci¨®n en la Seguridad Social y efectuarla en su consulta particular.

Carlota Bustelo sostiene que al estar autorizadas ambas intervenciones m¨¦dicas desde 1983, la esterilizaci¨®n voluntaria deja de ser punible.

"Por tanto, concluye la directora del Instituto de la Mujer, "el Consejo General de Colegios M¨¦dicos no tiene autoridad para considerar tales pr¨¢cticas como una grave mutilaci¨®n, porque no lo son desde el punto de vista jur¨ªdico, m¨¦dico ni cient¨ªfico, como lo demuestra la vigencia y regularizaci¨®n de tales pr¨¢cticas en distintos pa¨ªses".