Una comision estramb¨®tica

A LO largo de los dos ¨²ltimos a?os, el Ministerio del Interior trat¨® de ocultar los errores de su pol¨ªtica de seguridad Ciudadana, excluida la lucha antiterrorista, mediante el procedimiento de imputar el incremento de delitos registrados tanto a las reformas patrocinadas por el ministro de Justicia como a la actuaci¨®n de los tribunales. Pero la reforma de la reforma de los art¨ªculos de la leyde Enjuiciamiento Criminal referentes a la prisi¨®n preventiva y la libertad provisional ha desmontado la coartada que el Ministerio del Interior hab¨ªa venido utilizando para justificar su fracaso en la tarea de hacer compatible la defensa de las libertades con una eficaz protecci¨®n de la seguridad ciudadana.Tal vez sea ¨¦sa la raz¨®n de que el Ministerio del Interior haya tomado la iniciativa de crear una comisi¨®n conjunta con el Consejo General del Poder Judicial para buscar soluciones a "los problemas que puedan surgir entre ambas instancias". La nota oficial sie permite la humorada de afirmar que el nuevo tinglado nace con el prop¨®sito de "garantizar el cumplimiento del ordenamiento legal vigente", como si la obligaci¨®n de cumplir y de hacer cumplir las leyes fuera una concesi¨®n de la Administraci¨®n. Por lo dem¨¢s, Interior tendr¨¢ un protagonismo abrumador en la comisi¨®n, presidida por el subsecretario del departamento e integrada por los directores generales de la Guardia Civil y de la Polic¨ªa y los jefes de los gabinetes de Asuntos Legales y de Informaci¨®n de la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado. Representar¨¢n al Consejo General del Poder Judicial dos facultativos y dos jueces de instrucci¨®n -designados a dedo- de Barcelona y Madrid, que compartir¨¢n desigualmente las responsabilidades de la comisi¨®n. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial explicar las causas de ese aparatoso desequilibrio y los criterios aplicados para la elecci¨®n de sus delegados.

Quiz¨¢ el rasgo m¨¢s peregrino de esta comisi¨®n sea la invitaci¨®n formulada a "representantes del Ministerio de Justicia y del ministerio fiscal. para integrarse en su seno. Tras reconocerse mutuamente como los aut¨¦nticos interlocutores v¨¢lidos en el asunto, el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial se permiten la deferencia, en tanto que anfitriones, de abrir sus salones al departamento de Justicia y al ministerio p¨²blico. Todav¨ªa est¨¢ fresca la tinta de la discusi¨®n en tomo a la voluntad d¨¦l Consejo General del Poder Judicial para afirmar su completa autonom¨ªa, respecto a las dem¨¢s instituciones del Estado, mucho m¨¢s all¨¢ de lo que el esp¨ªritu y la letra de la Constituci¨®n permiten. Y tambi¨¦n es reciente la propuesta de Alianza Popular de suprimir el Ministerio de Justicia con el argumento de que la creaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial lo ha convertido en superfluo. Con su iniciativa de inventar esa extra?a comisi¨®n conjunta, el Ministerio del Interior ha tomado parte en la pol¨¦mica y se ha alineado impl¨ªcitamente en las posiciones del Consejo General del Poder Judicial y de Alianza Popular, y al mismo tiempo es significativo que Fraga se interese, en carta a Jos¨¦ Barrionuevo, por la tensa situaci¨®n que se vive en el seno de la polic¨ªa.

Cabe preguntarse por la fundamentaci¨®n legal que autoriza a Interior a establecer esa estrecha vinculaci¨®n con el Consejo General. El articulado de la ley org¨¢nica del Consejo General del Poder Judicial alude al Ministerio de Justicia, pero no se refiere al departamento de Interior. La enumeraci¨®n de los "problemas b¨¢sicos" de esa comisi¨®n ofrece fundamentos para suponer que el nuevo tinglado no se adecua a los mandatos constitucionales. Mientras el art¨ªculo 126 establece que "la polic¨ªa judicial depende de los jueces, de los tribunales y del ministerio fiscal" en sus tareas de persecuci¨®n del delito, la comisi¨®n sustituye esas precisas directrices para la judicializaci¨®n de la polic¨ªa por una vaga "intercomunicaci¨®n personal, lo m¨¢s frecuente posible, entre jueces y fiscales y miembros de la polic¨ªa judicial". Dado el peso dentro de la comisi¨®n del Ministerio del Interior, el anunciado estudio de "las medidas operativas que en breve plazo puedan ponerse en marcha para reordenar el funcionamiento de la polic¨ªa judicial" apunta igualmente hacia la inversi¨®n de la dependencia ordenada por la Constituci¨®n.

Por lo dem¨¢s, la comisi¨®n se arroga nada menos que la, tarea de estudiar "las medidas legislativas que a medio plazo podr¨ªan arbitrarse". O sea que la iniciativa legislativa, competencia del Gobierno y del Parlamento, se ve arrendada a funcionarios del Ministerio del Interior y a delegados del Consejo General del Poder Judicial. La clave de ese estramb¨®tico invento se halla en el ¨²ltimo de los "problemas b¨¢sicos" incluidos en su programa de trabajo. Porque el prop¨®sito de buscar "posibles cauces a las situaciones conflictivas que en ocasiones se producen" entre las fuerzas de seguridad y la magistratura trasluce una estrategia orientada a tapar los incidentes -cada vez m¨¢s numerosos y graves- que los responsables del orden p¨²blico est¨¢n teniendo con los jueces. Es como si el Ministerio del Interior pretendiera, con esta comisi¨®n, esconder tras los muros de las deliberaciones secretas sus conflictos con la magistratura y hurtar ante la opini¨®n p¨²blica sus responsabilidades.