Ganaderos y ayuntamientos se oponen a la ley de la Cuenca Alta del Manzanares, que consideran 'conf¨ªscatoria'

Organizaciones ecologistas, partidos de oposici¨®n en la Asamblea regional (PCE y Coalici¨®n Popular), ayuntamientos, ganaderos de la sierra de Guadarrama y de Colmenar Viejo -que consideran el proyecto confiscatorio-, se han opuesto, por motivos diferentes, a la ley que crear¨¢ un parque regional en la cuenca alta del Manzanares, actualmente en tramitaci¨®n parlamentaria. El proyecto garantiza la protecci¨®n ambiental y la ordenaci¨®n urban¨ªstica y productiva de 34.000 hect¨¢reas al norte del monte de El Pardo, que conforman un patrimonio ecol¨®gico y paisaj¨ªstico de primer orden.

El proyecto de ley del parque regional fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en mayo del pasado a?o, y ya suscit¨® una serie de cr¨ªticas debido a que en un principio se quiso configurar como ley de protecci¨®n del monte de El Pardo y su entorno, pero acab¨® reducido a los l¨ªmites actuales, que s¨®lo garantizan la protecci¨®n del entorno del monte de El Pardo. El monte propiamente dicho queda adscrito, como hasta ahora, a la Administraci¨®n del Patrimonio Nacional.La actual redacci¨®n del proyecto de creaci¨®n del parque regional de la cuenca alta del Manzanares contempla la divisi¨®n del territorio en diferentes zonas, en base a su valor ecol¨®gico y a su utilizaci¨®n como soporte de actividades agropecuarias o educativas. El territorio se divide, fundamentalmente, en dos tipos de ¨¢reas: las reservas naturales, en las que la prohibici¨®n de construir viviendas o instalar industrias de cualquier tipo es total, y el denominado parque comarcal agropecuario.

Las reservas naturales se subdividen a su vez en dos clases. En primer lugar, una reserva natural integral, a la que pertenecen el parque natural de La Pedriza y el ¨¢rea situada al norte del monte de El Pardo, cuyos valores paisaj¨ªsticos y de fauna y flora son de tal importancia en Europa que se les otorga la m¨¢xima protecci¨®n y no se permite ninguna actividad que altere el h¨¢bitat de sus especies animales o vegetales. En segundo lugar, est¨¢n previstas zonas calificadas de reserva natural educativa -situadas al norte de La Pedriza, del Soto de Vi?uelas y del t¨¦rmino municipal de Hoyo de Manzanares-, que gozan de la misma protecci¨®n pero se consideran aptas para el desarrollo de actividades culturales y educativas.

El parque comarcal agropecuario permite, y fomenta, seg¨²n los responsables del Gobierno regional, las actividades ganaderas, agr¨ªcolas, forestales y silv¨ªcolas, precisamente porque aseguran la presencia estable de la poblaci¨®n en la zona y desv¨ªan la atenci¨®n de sus habitantes de la venta de terrenos con fines de construcci¨®n de viviendas.

La oposici¨®n m¨¢s fuerte que ha originado el proyecto de ley proviene de los ayuntamientos y de los ganaderos. Los ayuntamientos de Hoyo de Manzanares, Manzanares el Real, Soto del Real y Moralzarzal han aprobado mociones pidiendo que el proyecto sea retirado y que se estudie de nuevo. La misma posici¨®n han adoptado los ganaderos de Hoyo y Colmenar Viejo. M¨¢s de 3.000 vecinos de esta ¨²ltima localidad entregaron al Gobierno regional un escrito solicitando la retirada del proyecto y la redacci¨®n de otro en el que participen las partes afectadas. Ayuntamientos y ganaderos califican la ley de confiscatoria, porque el r¨¦gimen jur¨ªdico que regir¨¢ el futuro parque establece la posibilidad de expropiar los terrenos que el patronato -¨®rgano encargado de la administraci¨®n del mismo- estime necesarios.

Los ganaderos protestan porque entienden, al margen de la consideraci¨®n anterior, que el proyecto impone demasiadas limitaciones al ejercicio de su actividad tradicional, hasta el punto de que, dicen, en su actual redacci¨®n no permite la construcci¨®n de edificaciones que les resultan imprescindibles, como almacenes para forraje, instalaciones de ganader¨ªa intensiva y otros.

Los ayuntamientos consideran que el proyecto invade las competencias municipales, al establecer pautas muy restrictivas a la construcci¨®n de viviendas en los respectivos t¨¦rminos municipales, que s¨®lo podr¨¢ realizarse con permiso expreso del patronato. En el interior de los cascos urbanos y en los terrenos ya calificados como urbanizables, los ayuntamientos conservan su competencia, aunque con l¨ªmites, como el de tres plantas de altura m¨¢xima.