La organizaci¨®n antisandinista FDN rechaza la amnist¨ªa aprobada por el nuevo Parlamento de Managua

El Parlamento nicarag¨¹ense estren¨® el martes sus funciones legislativas con la aprobaci¨®n de una amnist¨ªa a la que podr¨¢n acogerse, hasta el pr¨®ximo 19 de julio, todos los insurgentes. La ley excluye a quienes est¨¢n detenidos y condiciona su aplicaci¨®n a la previa entrega de las armas. La Fuerza Democr¨¢tica Nicarag¨¹ense (FDN), que con 12.000 hombres apoyados por Washington es el grupo guerrillero m¨¢s consistente, se apresur¨® a rechazar la oferta desde Tegucigalpa. Los sandinistas han definido esta iniciativa del presidente Daniel Ortega como, "una contribuci¨®n a la lucha por la paz".

El texto fue aprobado en su lectura final por consenso (86 votos a favor, ninguno en contra), pero s¨®lo los diputados gubernamentales apoyaron el primero de sus cinco art¨ªculos, que mantiene al margen de la amnist¨ªa a los contras encarcelados. La portavoz del Grupo Parlamentario Sandinista, comandante Tora Mar¨ªa T¨¦llez, defendi¨® la necesidad de establecer una diferencia entre el que se entrega y el que es capturado. "No es una ley de impunidad", dijo. "El contra tiene que manifestar su buena voluntad con la entrega de las armas".Conservadores, liberales y representantes del Partido Popular Social Cristiano, propusieron enmniendas para incluir tambi¨¦n a los presos. Los diputados de los tres partidos marxistas situados a la izquierda del Gobierno plantearon un aplazamiento del debate para el estudio m¨¢s detenido de la ley. El conservador Eduardo Molina, que denunci¨® la existencia de c¨¢rceles clandestinas en el pa¨ªs, asegur¨® que si la amnist¨ªa no beneficia tambi¨¦n a los capturados ser¨¢ "una ley para la exportaci¨®n".

La apisonadora sandinista se impuso al fin sin aceptar ninguna modificaci¨®n sustancial. El primer art¨ªculo qued¨® aprobado por 56 votos a favor, 22 en contra y seis abstenciones. El resto de la ley no encontr¨® una oposici¨®n tan cerrada.

El segundo art¨ªculo establece que los insurrectos que permanecen en territorio nicarag¨¹ense deber¨¢n entregar sus armas a las autoridades que determine el Ministerio de Defensa. El tercero fija el mecanismo correspondiente para quienes se hallan en Costa Rica y Honduras. Managua solicitar¨¢ a sus vecinos que designen representantes para hacerse cargo de las armas depositadas. Este proceso podr¨¢ realizarse tambi¨¦n a trav¨¦s de la Cruz Roja. Los consulados de Nicaragua se comprometen a repatriar a los amnistiados.

Con esta medida, el Gobierno sandinista trata de mostrar un perfil conciliador ante el mundo, aunque sabe de antemano que los l¨ªderes de las guerrillas van a rechazarla como lo hizo de inmediato el directorio del FDN. El objetivo de Managua es conseguir la entrega de los combatientes de a pie, a fin de reducir las fuerzas del enemigo.

El diputado sandinista Federico L¨®pez expres¨® este punto de vista al se?alar que "esta ley es un arma de lucha para descomponer al ej¨¦rcito mercenario, tan importante como los ca?ones y fusiles para enfrentar a los que no depongan las armas".

El presidente Daniel Ortega ya ha puntualizado que esta ley no cambia para nada su decisi¨®n de no negociar con los contrarrevolucionarios, sino con sus jefes m¨¢ximos que est¨¢n en la Administraci¨®n norteamericana.

La respuesta del FDN ha sido igualmente altanera: exige la renuncia del Gobierno y la inmediata salida de los militares internacionalistas. La amnist¨ªa es inviable en un momento en que miles de nicarag¨¹enses huyen de su pa¨ªs. Ni los alzados en armas ni su patrocinador, Estados Unidos, est¨¢n dispuestos a renunciar a una lucha de a?os sin contrapartidas pol¨ªticas.

Washington tratar¨¢ de forzar al Congreso para que reanude la ayuda militar a los combatientes, a fin de contrarrestar el debilitamiento moral que pueda originar la amnist¨ªa.

Tal como ha sido planteada es poco probable que esta ley tenga m¨¢s ¨¦xito que otras similares promulgadas en su d¨ªa en El Salvador y Colombia.