La orden judicial de investigar a los servicios de informaci¨®n del Estado sobre el 'caso Brouard' provoc¨® la alarma del Gobierno

MadridEl Gobierno celebr¨® su ¨²ltima reuni¨®n oficial de 1984 el d¨ªa 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes. Se trataba de un Consejo de Ministros escoba, para tramitar asuntos atrasados que no deb¨ªan aplazarse, entre ellos el decreto del Ministerio de Trabajo sobre nuevas cotizaciones a la Seguridad Social. La sesi¨®n no se celebr¨®, contra lo habitual, en el palacio de la Moncloa, sino en el del Congreso de los Diputados, en donde ese d¨ªa se reuni¨® el Pleno de la C¨¢mara a fin de dar su aprobaci¨®n definitiva a los Presupuestos Generales del Estado para 1985.

En el ambiente navide?o propiciado por las fechas, los ministros, como los diputados, se deseaban felices fiestas y un venturoso nuevo a?o, y hac¨ªan planes para las inminentes vacaciones. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, proyectaba marcharse con su familia a la Costa del Sol. Pero una contrariedad planeaba sobre sus vacaciones: dos oficios remitidos por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Bilbao, del que es titular el juez Arturo Gonz¨¢lez Yag¨¹e. No era para menos. Guardaban relaci¨®n con las diligencias abiertas por el citado juzgado con motivo del asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, perpetrado en Bilbao el 20 de noviembre anterior.

A las cinco de la madrugada del 21 de noviembre de 1984, 11 horas despu¨¦s de haberse producido el crimen, la enfermera de la consulta m¨¦dica de Brouard, Bego?a Mart¨ªnez de Mungu¨ªa, hab¨ªa iniciado sus primeras declaraciones a la polic¨ªa sobre el atentado. Un d¨ªa despu¨¦s se tomaba declaraci¨®n a los dem¨¢s testigos que se encontraban en la consulta pedi¨¢trica en el momento del asesinato y los expertos de la polic¨ªa constru¨ªan mediante esos testimonios un retrato robot de los asesinos.

El fiscal Emilio Valerio Mart¨ªnez de Muni¨¢in, de 28 a?os, licenciado en Ciencias Exactas y en Derecho, estaba adscrito ese d¨ªa al juzgado de guardia, que era el de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Bilbao. El joven fiscal, al que definen sus conocidos como "empoll¨®n, met¨®dico e inteligente", se tom¨® enorme inter¨¦s en aclarar el crimen. El fiscal jefe de Bilbao, Ferm¨ªn Hern¨¢ndez, le mantuvo como responsable del delicado asunto, porque quer¨ªa darle una oportunidad de demostrar su val¨ªa ante sus compa?eros. Algunos de ¨¦stos le gastaban bromas a Valerio por su car¨¢cter serio y un tanto mis¨®gino, mientras que otros fiscales de m¨¢s edad le recog¨ªan y aseguraban quererle "como a un hijo".

El fiscal inici¨® las primeras diligencias a partir de las declaraciones de los testigos y de las armas que los asesinos abandonaron en su huida. Por el momento no hab¨ªa m¨¢s pistas, y las hip¨®tesis sobre qui¨¦nes fueron los autores materiales del crimen o los inductores eran muy diversas, sin que a ninguna le faltara su base de raz¨®n.

Emilio Valerio cree desde el principio que s¨®lo con un equipo de polic¨ªas que ¨¦l elija y con absoluta libertad de movimientos podr¨¢ resolver el caso hasta el fondo, "sin soluciones parciales". Por consiguiente, solicita del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 la adscripci¨®n a la investigaci¨®n de polic¨ªas concretos y de un responsable que coordine sus pesquisas. Adem¨¢s, quiere remitir a la justicia francesa una diligencia para que le sean enviadas las actuaciones judiciales que se han producido en Francia contra los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL).

Emilio Valerio piensa que en esos sumarios pueden encontrarse pistas relacionadas con el caso Brouard. El juez deniega ambas peticiones, pero el fiscal recurre ante la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, que concede el recurso y obliga al juez a tramitar tales diligencias. El 29 de noviembre sale de Bilbao un oficio dirigido al Ministerio del Interior en el que se solicita la adscripci¨®n de funcionarios y de un responsable para la investigaci¨®n del asesinato de Brouard, y otro destinado a los juzgados de Bayona y Pau en el que se pide que se remitan los sumarios y actuaciones judiciales realizados en Francia sobre los GAL.

La primera petici¨®n fue aceptada por el Ministerio del Interior, aunque continu¨¦ como responsable de la investigaci¨®n policial el inspector Antonio Rosinos, jefe de la Brigada de Informaci¨®n (antiterrorista) de Bilbao. La respuesta a la segunda solicitud, la dirigida a los tribunales franceses, a¨²n no ha sido recibida y se espera en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1.

A petici¨®n del fiscal Emilio Valerio, el titular de este juzgado, Arturo Gonz¨¢lez Yag¨¹e, solicit¨® tambi¨¦n a la Direcci¨®n General de la Guardia Civil un informe sobre las armas utilizadas en el asesinato: una pistola finlandesa y un subfusil italiano. La respuesta de la Guardia Civil no se hizo esperar, aunque no conten¨ªa datos que permitieran seguir el, rastro de las armas hacia Espa?a; s¨®lo constaban detalles sobre su fabricaci¨®n e impresiones sobre su posibles recorridos.

Una pista muy fiable

Poco a poco, las hip¨®tesis se van desgranando, y el fiscal Valerio ha debido de encontrar una pista muy fiable. Al parecer, es a primeros de diciembre cuando el joven fiscal comienza a no informar con la debida frecuencia al fiscal jefe. Algunas de las hip¨®tesis quedan pronto descartadas, como es el caso de la autor¨ªa de ETA, posibilidad que excluye la propia polic¨ªa. No son sus m¨¦todos ni su forma de actuar. Del mismo modo, la polic¨ªa se muestra remisa a investigar a los GAL, aduciendo que, por la reivindicaci¨®n inicial y su posterior desmentido, es pr¨¢cticamente imposible que sea este grupo, puesto que se conoce muy bien su forma de reivindicar los atentados. Sin embargo, ni el fiscal Valerio ni la acusaci¨®n particular descartan esta ¨²ltima posibilidad. Los GAL son un grupo criminal organizado, argumentan, que prepara atentados a sueldo y que puede seguir actuando de manera dispersa, pagado por el mejor postor. Tambi¨¦n hay otras hip¨®tesis que baraja el fiscal: la extrema derecha, los servicios de informaci¨®n del Estado o una conexi¨®n entre ultrad¨¦rechistas y determinados servicios secretos.La posibilidad de que determinados servicios de inteligencia estatales pudieran conocer algo relacionado con el atentado obsesiona al fiscal, aunque no se conoce cu¨¢l es la pista que maneja o la confidencia que guarda secretamente. A primeros de diciembre, el fiscal solicita de la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Bilbao la direcci¨®n de? Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (CESID) con la intenci¨®n, al parecer, de dirigirle un oficio solicitando informaci¨®n. Sin embargo, la Jefatura de Bilbao responde diciendo que ignora tal direcci¨®n y sugiere que se solicite a la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n.

A partir del d¨ªa 10 de diciembre, el fiscal Valerio solicita al magistrado Gonz¨¢lez Yag¨¹e que se pidan a la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n datos razonados sobre las hip¨®tesis investigadas. Emilio Valerio propone que se responda a las siguientes hip¨®tesis de manera razonada: "Si los autores del asesinato pudieron ser de ETA Militar, de la rama dura de ETA Militar, de alg¨²n grupo aut¨®nomo de ETA Militar, de Herri Batasuna o de los GAL; de alg¨²n grupo vinculado a los GAL o de similares caracter¨ªsticas, o de alg¨²n grupo de la ultraderecha espa?ola, en cuyo caso se solicita detallar cu¨¢les podr¨ªan ser las responsabilidades de alg¨²n grupo paraestatal o de ultraderecha, con vinculaci¨®n o pl¨¢cet estatal. Se solicita si pudo ser el Servicio de Informaci¨®n de la Guardia Civil, el CESID u otros servicios de informaci¨®n estatales".

El fiscal incluye en su solicitud la advertencia de que cualquier negativa o, evasi¨®n a las diferentes hip¨®tesis que se plantean ser¨ªa entendida como una falta de colaboraci¨®n con la justicia, por lo que se incoar¨ªan diligencias por el presunto delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia.

El juez acept¨® la solicitud y la curs¨® seguidamente a la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n, que dirige Jes¨²s Mart¨ªnez Torres. La providencia fue recogida por el comisario general de Informaci¨®n. Sin embargo, fuentes policiales y judiciales creen que Mart¨ªnez Torres inform¨® a los responsables del CESID de la orden del juzgado bilba¨ªno, lo que provoc¨® "la protesta y la explosi¨®n" de los servicios de inteligencia militares. El fiscal Valerio solicit¨® tambi¨¦n al ministro de Defensa la direcci¨®n del CESID y de otros servicios de informaci¨®n del Ej¨¦rcito.

Los dos oficios estaban mecanografiados con la misma m¨¢quina y fechados el 13 de diciembre de 1984. El juez instructor advert¨ªa en cada uno de ellos que las diligencias que ordenaba se produc¨ªan a instancia del ministerio fiscal y, recalcaba, "a petici¨®n exclusiva del mismo". Seg¨²n los expertos, esta ¨²ltima puntualizaci¨®n era una precisi¨®n innecesaria, inhabitual en los escritos judiciales, donde el juez asume o rechaza las diligencias que se le proponen por una u otra parte, pero sin necesidad de se?alar con el dedo al proponente.

La raz¨®n de este proceder parece residir en que el juez instructor era reacio a aceptar este tipo de diligencias propuestas por el fiscal Emilio Valerio, aunque supon¨ªa que de nada le valdr¨ªa rechazarlas, dado que sistem¨¢ticamente la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao ordenaba la pr¨¢ctica de diligencias rechazadas, como ocurri¨® en el caso de la petici¨®n de que se enviasen cartas a los tribunales franceses de Pau y de Bayona en demanda de informaci¨®n sobre los GAL, petici¨®n concedida al estimarse el recurso correspondiente.

El juez se desmarca

Ya que no merec¨ªa la pena rechazar unas diligencias que no le parec¨ªan acertadas, con la menci¨®n expresa del solicitante el juez Gonz¨¢lez Yag¨¹e dejaba al menos constancia de qui¨¦n las hab¨ªa propuesto, y de alguna manera se desmarcaba. En cambio, no pas¨® por admitir la advertencia de Valerio de que la negativa a cumplimentar lo solicitado llevar¨ªa aparejada la incoaci¨®n de diligencias por el supuesto delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia. Una advertencia de este car¨¢cter, seg¨²n juristas de solvencia, "no se propone nunca cuando se pide la primera diligencia; si acaso, cuando se reitera por segunda o tercera vez". El hecho es que no figuraba en los oficios que llegaron a Fernando Ledesma. A Barrionuevo, entre otras, muchas cosas, le preocupaba "que no se filtraran a EL PA?S" tales documentos, seg¨²n fuentes cercanas al caso.Los destinatarios de los oficios remitidos por el juez eran el propio ministro de Defensa, Narc¨ªs Serra, y el comisario jefe de la Brigada Central de Informaci¨®n, Jes¨²s Mart¨ªnez Torres. Serra y Barrionuevo -pese a las negativas que se hacen al respecto- expresaron a Ledesma la preocupaci¨®n suscitada por los dos oficios.

El oficio dirigido a Serra, contenido en un ¨²nico folio, solicitaba del ministro de Defensa la direcci¨®n de los siguientes servicios del Estado y "el cargo y graduaci¨®n de las personas que est¨¢n al frente de los mismos: CESID, Servicio de Informaci¨®n del Ej¨¦rcito (Estado Mayor Central) y E.M.A.C.O.N. (Estado Mayor Conjunto)". Seg¨²n ha trascendido de las diligencias informativas ordenadas por el fiscal general del Estado sobre la actuaci¨®n del fiscal Valerio, la raz¨®n de utilizar estas siglas proven¨ªa de haberlas visto en el organigrama de los servicios de inteligencia del Estado publicados por una revista.

En todo caso, eran palabras mayores, y Serra entreg¨® el oficio judicial a Ledesma.

El oficio dirigido a Mart¨ªnez Torres, contenido en dos folios, era m¨¢s largo y complicado. El fiscal Valerio hab¨ªa pedido que se investigaran todas las hip¨®tesis posibles, muchas de ellas publicadas tambi¨¦n, en los peri¨®dicos poco despu¨¦s del asesinato de Brouard. El oficio del juez recababa del jefe de la Brigada Central de Informaci¨®n toda clase de datos sobre la forma, alcance y contenido de la investigaci¨®n policial que hab¨ªa que efectuar para descubrir a los asesinos de Brouard; informaci¨®n sobre el eventual previo conocimiento del atentado por parte de algunos servicios del Estado, y, adem¨¢s, se le ordenaba "comentar, analizar y, en su caso, descartar" una serie de hip¨®tesis.

Entre las hip¨®tesis objeto de comentario, an¨¢lisis o descarte figuraban las de grupos de extrema derecha organizados (las siglas citadas eran FN, FJ y FNT, que pueden corresponder respectivamente a la autodisuelta Fuerza Nueva, al Frente de la Juventud y a Fuerza Nacional del Trabajo); personas o grupos de extrema derecha no organizados; grupos autodenominados GAL; servicios de informaci¨®n de la Guardia Civil; ETA o extrema izquierda vasca; CESID, y personas que reciben apoyo de los servicios del Estado o ayuda en su infraestructura. Parece ser que en el oficio judicial no se incluy¨® otra petici¨®n del fiscal Valerio que, de ser cierta, mostrar¨ªa un extraordinario candor: la solicitud de que, al hacer las pesquisas en torno a las distintas hip¨®tesis, los investigadores ocultasen a cada servicio las sospechas que reca¨ªan sobre el mismo.

?rdenes no cumplidas

El hecho es que, en el momento de serle entregadas a Ledesma, las ¨®rdenes judiciales contenidas en los oficios no hab¨ªan sido cumplimentadas, ni siquiera con evasivas ni con el f¨¢cil recurso de descartar las hip¨®tesis que m¨¢s irritaci¨®n produjeran. Se plante¨®, en cambio, la conveniencia de que las diligencias, solicitadas "a petici¨®n exclusiva del ministerio fiscal", fueran retiradas por quien las propuso, y se se?al¨® que la cumplimentaci¨®n de algunos de los extremos contenidos en los oficios era "imposible" o, en otros casos, significaba dejar a la intemperie a los servicios de inteligencia del Estado. Sin embargo, un alto cargo del Ministerio de Justicia insisti¨® a este peri¨®dico en que la preocupaci¨®n gubernamental manifestada en este caso era la habitual en numerosos servicios del Estado, que piden asesoramiento a Justicia sobre la complejidad o perplejidad ante determinadas pesquisas judiciales.En definitiva, las vacaciones se le complicaban al ministro de Justicia, que ni siquiera contaba con la presencia en Madrid del fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n Barba, que se hab¨ªa ido de vacaciones a los ajos, denominaci¨®n alusiva con que se conoce entre sus compa?eros el pueblecito extreme?o de donde es natural la esposa del fiscal general. Un pueblecito en donde para llamar por tel¨¦fono a Bur¨®n es preciso hacerlo al Ayuntamiento, a fin de que le avisen. Y Bur¨®n hab¨ªa dejado dicho: "Si no es muy urgente, no me molest¨¦is".

Al frente de la Fiscal¨ªa General del Estado se encontraba el teniente fiscal C¨¢ndido Conde-Pumpido Ferreiro, con quien Ledesma ten¨ªa menos confianza y amistad que con Bur¨®n, pero a quien correspond¨ªa trasladarle las quejas gubernamentales suscitadas por el problema planteado por el fiscal Valerio. Y as¨ª lo hizo el titular de Justicia, que deseaba resolverlo r¨¢pidamente y acabar de una vez con la inocentada. Llam¨® al domicilio de Conde-Pumpido y le envi¨® un coche, que le recogi¨® y le traslad¨® a la sede del ministerio, en la calle de San Bernardo.

Informaci¨®n autorizada

Seg¨²n Conde-Pumpido, el objeto de la reuni¨®n era "un intercambio de informaci¨®n, en los t¨¦rminos que prev¨¦ el art¨ªculo 9.2 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal". "En esa reuni¨®n", seg¨²n la parte de la informaci¨®n de Conde-Pumpido que Bur¨®n autoriz¨® que facilitara a EL PA?S, "me fueron mostrados por el se?or ministro dos oficios firmados por el juez que instruye el sumario por el asesinato de Brouard, dirigido uno al comisario jefe de la Brigada Central de Informaci¨®n y otro al ministro de Defensa. El primero interesaba una investigaci¨®n sobre la autor¨ªa del asesinato, partiendo de una amplia y gen¨¦rica gama de hip¨®tesis; el segundo solicitaba, para recabar posteriores informes, la direcci¨®n y cargo o graduaci¨®n de los titulares de varios organismos dependientes del Ministerio de Defensa, y en ambos el juez subrayaba que la diligencia se realizaba a instancia del fiscal".Conde-Pumpido entendi¨® que el asunto, desconocido por la Fiscal¨ªa General del Estado, "no pod¨ªa ser valorado sin poseer m¨¢s elementos de juicio, pero que, de todas formas, de esas diligencias, por sus singularidades, debiera haber tenido noticias en su d¨ªa dicha Fiscal¨ªa General, dado que, por su inter¨¦s en la resoluci¨®n del caso Brouard, hab¨ªa dado instrucciones a la Fiscal¨ªa de Bilbao para que informara de los avatares de la investigaci¨®n". Como el tema era urgente para el ministro, desde el propio despacho de Ledesma -en donde tambi¨¦n se encontraba el subsecretario del departamento, Liborio Hierro, seg¨²n ha confirmado ¨¦ste a EL PA?S-, Conde-Pumpido se puso en contacto telef¨®nico con el fiscal jefe de Bilbao, Ferm¨ªn Hern¨¢ndez.

"Me sorprendi¨® comprobar", inform¨® Conde-Pumpido, "que tampoco conoc¨ªa la existencia de la petici¨®n origen de esos oficios, sobre cuyo contenido se mostr¨® en principio extra?ado en funci¨®n del conocimiento que ten¨ªa del suma

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rio". Se convino que comprobara la petici¨®n del fiscal y las razones en que se apoyaba y que informara de ambos extremos. Al d¨ªa siguiente, por la ma?ana Hern¨¢ndez llam¨® al domicilio del teniente fiscal y le confirm¨® que las diligencias hab¨ªan sido solicitadas por el fiscal Valerio sin informarle. A?adi¨® que, al no haberse podido poner en contacto con Emilio Valerio, desconoc¨ªa las razones que ¨¦ste hab¨ªa tenido para tal petici¨®n, que, a juicio del fiscal jefe de Bilbao, no ten¨ªa apoyo en los datos sumariales.

Oposici¨®n al relevo

Seg¨²n la versi¨®n de Conde-Pumpido, el fiscal jefe de Bilbao "se mostr¨® contrariado por aquella falta de informaci¨®n", y le dijo "que pensaba hacerse cargo personalmente del sumario". "Expresamente le indiqu¨¦", agrega CondePumpido, "que no me parec¨ªa prudente apartar de la investigaci¨®n al fiscal que la ven¨ªa llevando y que esa decisi¨®n podr¨ªa ser origen de interpretaciones desviadas sobre su verdadero inotivo".Para Conde-Pumpido, las diligencias ordenadas por el juez eran irreversibles, y la continuidad del fiscal, conveniente. Lo importante era asegurarse que ese defecto de funcionamiento de la l¨ªnea jer¨¢rquica no volviera a repetirse. De ah¨ª que se opusiera tajantemente al relevo de Valerio, "sin perjuicio de exigir en el futuro al fiscal actuante un m¨¢s escrupuloso cumplimiento del deber estatutario de tener informado a su jefe, as¨ª como que ¨¦ste, por su parte, deb¨ªa tambi¨¦n poner su mayor experiencia al servicio de la investigaci¨®n del caso".

Mientras tanto, Ledesma se hab¨ªa marchado de vacaciones a la Costa del Sol, pero continuaba preocupado desde all¨ª. El s¨¢bado 29 llam¨® m¨¢s tarde de la hora convenida no encontr¨® en su domicilio a Conde-Pumpido, y finalmente, el domingo 30 de diciembre le sac¨® literalmente de la cama. En pijama. Conde-Pumpido inform¨® telef¨®nicamente a Ledesma de la conversaci¨®n mantenida con el fiscal jefe de Bilbao, "y el tema se dio por concluso".

La Nochevieja transcurri¨® relativamente apacible para todos, hasta que Emilio Valerio regres¨® a Bilbao o fue localizado por su jefe. A primera hora de la ma?ana del lunes 7 de enero estallan las discrepancias entre Valerio y su jefe, Ferm¨ªn Hern¨¢ndez. Sobre las once de la ma?ana, el fiscal jefe de Bilbao se re¨²ne con Valerio y le explica que est¨¢ decidido a seguir personalmente el asunto Brouard, aunque le pide que, aceptando unas condiciones, contin¨²e colaborando en la investigaci¨®n del caso. Valerio, en medio de una gran tensi¨®n emocional, se niega a seguir trabajando en el caso si no es el m¨¢ximo responsable.

Durante m¨¢s de hora y media, Valerio charla con un periodista amigo suyo de la agencia Vasco Press y le comenta todo el asunto. Le dice que quer¨ªan mediatizarle y que prefiere renunciar al caso a colaborar condicionadamente si no es el responsable de las investigaciones. Esa tarde, la agencia Vasco Press -entre cuyos clientes se encuentra el Ministerio del Interior, seg¨²n confirm¨® a este peri¨®dico la propia agencia- da la not¨ªcia de la retirada del caso Brouard del fiscal Valerio, que es recogida en muy pocos peri¨®dicos vascos y pasa casi desapercibida.

"En la ma?ana del d¨ªa 7 de enero", relata Conde-Pumpido, "volvi¨® a llamarme el fiscal jefe de Bilbao para comunicarme las dificultades que ten¨ªa para atender mi indicac¨ª¨®n de mantener en el caso al fiscal Valerio, dada la renuencia de ¨¦ste a cumplir sus funciones en las condiciones de dependencia que el Estatuto impone y por haber solicitado que se le apartara de la investigaci¨®n. Aun contrari¨¢ndome la situaci¨®n, comprend¨ª las razones del fiscal jefe de Bilbao, dados los t¨¦rminos de las relaciones existentes entre el jefe de una fiscal¨ªa y los fiscales de la misma".

"Tema delicado"

El ministro de Justicia telefone¨® de nuevo, en la noche del d¨ªa 7 de enero, al domicilio de Conde-Pumpido, para pedirle informaci¨®n sobre las declaraciones atribuidas a Valerio, seg¨²n los teletipos de la agencia Vasco Press remitidos a Justicia desde el Ministerio del Interior. Conde-Pumpido no sab¨ªa nada del asunto y en la ma?ana del d¨ªa siguiente, el 8 de enero, busc¨® la noticia en la Prensa de Madrid, en donde no la encontr¨®. Cuando poco despu¨¦s habl¨® de nuevo con el fiscal jefe de Bilbao, ¨¦ste le dio cuenta de las declaraciones de Valerio y de las suyas propias. Valerio hab¨ªa hablado de presiones f¨ªsicas y psicol¨®gicas e insinuaba que el asesinato de Brouard se habr¨ªa podido evitar. Conde-Pumpido recomend¨® al fiscal jefe de Bilbao "la m¨¢xima prudencia en el tratamiento de tema tan delicado".Ese mismo d¨ªa 8 de enero, el fiscal Emilio Valerio no fue al palacio de Justicia. Llamaron desde su casa diciendo que se encontraba enfermo y no pod¨ªa ir al trabajo. Valerio, sin embargo, quer¨ªa observar en esas 24 horas la reacci¨®n de la Prensa y los medios de informaci¨®n sobre su relevo, pero el eco fue m¨ªnimo: casi ning¨²n peri¨®dico vasco hab¨ªa valorado la noticia. El Correo Espa?ol la recogi¨® en ¨²ltima hora muy poco destacada.

El mi¨¦rcoles d¨ªa 9 volvi¨® a su despacho en la fiscal¨ªa. Radio Bilbao busca el seguimiento del caso y obtiene unas pol¨¦micas declara-, ciones del fiscal, que se ratifica en sus tesis. La Prensa recoge al d¨ªa siguiente ampliamente esas declaraciones y desde la Fiscal¨ªa General del Estado le llaman ordenando que rectifique tales palabras y prohibiendo tanto a ¨¦l como al fiscal jefe realizar cualquier tipo de declaraciones. El fiscal Valerio, ante la amenaza de un expediente o arruinar su carrera fiscal, se autodesmiente en Radio Nacional.

En la tarde del d¨ªa 8 hab¨ªa regresado de los ajos el fiscal general del Estado, en cuyas manos quedaba ya el asunto. El jueves d¨ªa 10 de enero, Bur¨®n convoc¨® una conferencia de prensa en la que redujo el problema y las tensiones suscitadas por las diligencias solicitadas por Valerio a una cuesti¨®n interna entre dos fiscales, que mereci¨® la apertura de diligencias informativas para averiguar lo sucedido.

El jefe de la Inspecci¨®n Fiscal de la Fiscal¨ªa General del Estado, El¨ªseo Garc¨ªa Mart¨ªnez, acompa?ado por el teniente fiscal de la Inspecci¨®n, Rafael Rojo, convers¨® durante dos d¨ªas en Bilbao con el propio Emilio Valerio y su superior, el fiscal jefe de la audiencia. La decisi¨®n sobre el caso ahora est¨¢ en manos del fiscal general del Estado, Luis Bur¨®n.

Han elaborado este informe Bonifacio de la Cuadra, Javier Garc¨ªa y Fernando Orgambides.