Alta sociedad

LAS NOTICIAS difundidas ayer sobre las presuntas implicaciones de personajes de la aristocracia espa?ola y de un famoso jurista en operaciones relacionadas con la evasi¨®n de capitales han vuelto a poner de relieve la necesidad de una pol¨ªtica de transparencia informativa que se encargue de establecer di¨¢fanamente las diferencias entre bulos y noticias, infundios y hechos.Hay que reconocer que el esc¨¢ndalo que se apunta en estas nuevas actuaciones del juez Lerga es de los que pueden pasar a la historia, peque?a y grande, de las relaciones de poder en nuestro pa¨ªs. Por ello mismo es preciso insistir en que las personas acusadas de conductas antijur¨ªdicas son acreedoras siempre (cualquiera que sea su cuna) de la presunci¨®n de inocencia. Y el derecho al honor y a la propia imagen figura entre los bienes expresamente protegidos por nuestra Constituci¨®n. Ahora bien, los silencios de los poderes p¨²blicos y las trabas puestas a las labores informativas contribuyen de forma decisiva a crear situaciones en que los mensajes equ¨ªvocos, las intoxicaciones y los sensacionalismos pueden producir males irreparables.

El principio constitucional seg¨²n el cual "los espa?oles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci¨®n alguna por raz¨®n de nacimiento, raza, sexo, religi¨®n, opini¨®n o cualquier otra condici¨®n o circunstancia personal o social" opera en dos sentidos complementarios. De un lado, protege a los ciudadanos de un eventual trato de disfavor a las minor¨ªas o sectores m¨¢s indefensos de la poblaci¨®n. Pero la igualdad ante la ley significa tambi¨¦n que la pretensi¨®n de transformar en privilegio el origen social, el m¨¦rito profesional o la militancia pol¨ªtica no sea tenida en cuenta ni pueda ser esgrimida para obstaculizar la actuaci¨®n de la justicia. La nota que separa a un sistema democr¨¢tico de los reg¨ªmenes autoritarios es precisamente que todos los ciudadanos sean medidos con id¨¦ntico rasero a la hora de comparecer ante los tribunales.

A medida que se vaya desenmara?ando el ovillo de esta espectacular investigaci¨®n judicial resultar¨¢ posible analizar la naturaleza de los presuntos delitos, apreciar la gravedad de los da?os a los intereses de la econom¨ªa espa?ola y dirimir la culpabilidad o la inocencia de los inculpados. Es preciso insistir en que acusados formalmente no existen a¨²n y que el auto de prisi¨®n dictado contra el matrimonio Garc¨ªa Enterr¨ªa no ha sido hecho, que se sepa, como consecuencia de ning¨²n procesamiento, sino como una medida cautelar que el juez instructor considera precisa. Es decir, que habr¨¢ que esperar a¨²n alg¨²n tiempo para averiguar en qu¨¦ termina todo esto y evitar el fen¨®meno curioso, y perverso, de que ciudadanos que puedan ser declarados inocentes por los tribunales -e incluso ni siquiera sean inculpados- sufran una especie de linchamiento moral por los medios de comunicaci¨®n.

En cuanto al fondo del asunto, merece la pena se?alar que las exportaciones no autorizadas de capital, penadas como delitos monetarios, pueden reflejar, tambi¨¦n, evasiones fiscales. Los ordenamientos jur¨ªdicos de otros pa¨ªses democr¨¢ticos no regulan con tan extremo rigor como en Espa?a los movimientos de dinero hacia el extranjero ni castigan como delitos unas conductas, que pertenecen m¨¢s bien al orden de las infracciones administrativas. Sin embargo, el fraude en el pago de impuestos, que tan benevolente trato suele recibir en los reg¨ªmenes autoritarios, es perseguido y sancionado en los sistemas democr¨¢ticos con mayor exigencia de lo que ha sido habitual en nuestro pa¨ªs.

Lo que no puede decirse es que un caso en el que se ven p¨²blicamente implicados un jurista eminente, parientes y amigos de la familia real, diplom¨¢ticos de post¨ªn y arist¨®cratas habituales de la Prensa del coraz¨®n pueda despacharse con simples notas de prensa o abandonarse a la especulaci¨®n. Muy pocos nombres se han sabido de una operaci¨®n que todos los medios judiciales se?alan como bastante m¨¢s amplia de lo que parece. Centrar prioritariamente en un pu?ado de personas imputaciones que afectan a un colectivo mucho mayor parece un trato desigual, que s¨®lo puede ser atajado por informaciones puntuales y correctas sobre la investigaci¨®n de la polic¨ªa y las diligencias del juez.