Abiertas diligencias judiciales contra Burberrys Spain por posible desobediencia a los tribunales en materia sindical

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, en turno de guardia, abri¨® ayer diligencias judiciales por presunta desobediencia a varios tribunales de Justicia -dos Magistraturas de Trabajo y la Sala VI del Tribunal Supremo- contra la empresa textil Burberrys Spain, SA, y su representante legal, Miguel Sabater. Las diligencias son consecuencia de una denuncia interpuesta por la delegada Dolores G¨®mez Adarne, despedida en junio de 1983 y a quien la empresa niega desde hace un a?o y medio el reingreso, cobro de salarios y el derecho a ejercer actividades sindicales a pesar de contar a su favor con sentencias de la Magistratura de Trabajo y del Tribunal Supremo y varios autos de los mismos tribunales.El comit¨¦ de empresa de Burberrys Spain, empresa textil que cuenta con una plantilla de cerca de 500 trabajadores, en su mayor¨ªa mujeres, se encuentra reducido a dos delegadas. Desde las elecciones sindicales de 1982, han renunciado al cargo otras nueve titulares y toda la lista de suplentes pertenecientes tanto a listas independientes como a CC OO.

Los avatares sindicales culminaron en junio pasado con un intento de revocaci¨®n de las ¨²ltimas delegadas, cuyo mandato fue impugnado ante la Magistratura de Trabajo de Barcelona, que ratific¨® a las representantes sindicales. Todas las resoluciones judiciales en materia sindical han sido sistem¨¢ticamente recurridas por la empresa, de forma que el laberinto procesal emprendido ha impedido el ejercicio efectivo de los derechos de representaci¨®n. Una de las m¨¢s recientes decisiones de la empresa consisti¨® en negar a las dos ¨²nicas delegadas el derecho a reunirse dentro de la empresa.

El juez de guardia requiri¨® ayer la presencia del apoderado de Burberrys Spain, Miguel Sabater, que fue interrogado durante una hora y media, con intervenci¨®n del fiscal. Las diligencias abiertas se refieren a un presunto delito de desobediencia a requerimientos de la autoridad, comprendido en el art¨ªculo 237 del C¨®digo Penal, que prev¨¦ penas de arresto mayor (un mes y un d¨ªa a seis meses de privaci¨®n de libertad y multa de 25.000 pesetas). Aunque los sindicatos estiman que son en Espa?a numerosas las conductas empresariales de discriminaci¨®n sindical, sobre todo en el caso de mujeres, son escasos los precedentes de diligencias penales por este motivo.