Los fiscales del 'caso Banca Catalana' investigan las sucursales de la isla del Gran Caim¨¢n y Panam¨¢

Las sucursales que Banca Catalana pose¨ªa en la isla del Gran Caim¨¢n y en Panam¨¢ est¨¢n siendo investigadas por los fiscales Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, seg¨²n se ha asegurado en medios allegados a la abogac¨ªa. En los citados medios se especula con la posibilidad de que a trav¨¦s de estas dos sucursales podr¨ªan haberse realizado algunas operaciones financieras irregulares.La isla del Gran Caim¨¢n es una colonia de Gran Breta?a que se encuentra en el Mar de las Antillas y tiene una poblaci¨®n de 12.000 habitantes. La isla es un para¨ªso fiscal. Al parecer, los ex consejeros de Banca Catalana contrataron en esta poblaci¨®n los servicios de un corresponsal bancario, que a su vez ostentaba la representaci¨®n de otros bancos europeos. La misi¨®n de este corresponsal consist¨ªa b¨¢sicamente en servir de puente entre los intereses financieros de Banca Catalana y los de la banca americana.

La investigaci¨®n de los fiscales del caso Banca Catalana contin¨²a, sin embargo, centrada sobre todo en la doble contabilidad de la entidad y en conseguir toda la informaci¨®n documental existente sobre este aspecto financiero de la entidad. El juez instructor ha denegado en dos ocasiones a los fiscales la posibilidad de acceder a la informaci¨®n documental sobre la caja B. La primera negativa se plante¨® el pasado mes de diciembre y se encuentra recogida en el recurso de queja presentado el d¨ªa 22 de este mismo mes est¨¢ pendiente de resoluci¨®n en el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona.

Hace pocos d¨ªas el juez instructor, Ignacio de Lecea, volvi¨® a negar a los fiscales otro tipo de documentaci¨®n relativo a la documentaci¨®n sobre la caja B. Esta negativa provoc¨® que ayer Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena presentaran ante el juzgado instructor delegado el sexto recurso de reforma, y subsidiario de apelaci¨®n, en el que se reclama esta nueva documentaci¨®n sobre la caja B. Esta documentaci¨®n, que es diferente a la solicitada en el recurso de queja.

La petici¨®n de estas pruebas documentales ha provocado una curiosa e inhabitual relaci¨®n procesal con el juez instructor delegado. El litigio procesal se inici¨® el pasado 7 de febrero, cuando el ministerio p¨²blico present¨® ante el juzgado un escrito recabando los libros contables de 18 empresas, que constitu¨ªan un aspecto oculto de la contabilidad de Banca Catalana, definido como la caja B.

El juez instructor delegado respondi¨®, al parecer, de manera evasiva la petici¨®n del ministerio p¨²blico, por lo que ¨¦ste plante¨® un recurso de aclaraci¨®n, con el ¨¢nimo de entablar con el juez Ignacio de Lecea un di¨¢logo sobre la prueba propuesta, sin necesidad de utilizar una f¨®rmula m¨¢s r¨ªgida como la establecida en el procedimiento de reforma y subsidiario de apelaci¨®n. Los fiscales intentaban tambi¨¦n, con este inusual recurso de aclaraci¨®n, evitar que el litigio desembocara en un recurso de queja y en una nueva convocatoria del Pleno de la Audiencia Territorial.

La forma como, al parecer, el juez instructor ha respondido a la solicitud del ministerio p¨²blico ha provocado que estos plantearan un nuevo recurso de reforma, que inevitablemente desembocar¨¢ en un nuevo Pleno de la Audiencia Territorial.

Dictamen sobre la queja

Ayer, coincidiendo con la presentaci¨®n del recurso de reforma, los fiscales del caso Banca Catalana presentaron un dictamen sobre el informe del juez instructor a su recurso de queja. El juez Ignacio de Lecea elabor¨® este informe a petici¨®n del Pleno de la Audiencia Territorial. En el documento del juez instructor se razonaban los motivos por los que no se requiri¨® a Jaume Carner Su?ol la documentaci¨®n sobre el destino dado a los cr¨¦ditos concedidos por Banca Catalana, as¨ª como su negativa a que sean aportados los libros de contabilidad de la caja B. El informe del juez delegado, el contrainforme de los fiscales, junto con los 24 folios del recurso de queja configuran la documentaci¨®n que deber¨¢ ser estudiada por los 40 los magistrados que asistir¨¢n al pr¨®ximo Pleno de la Audiencia Territorial.