El juez del "caso Banca Catalana' afirma que el cambio de su situaci¨®n puede ser inconstitucional

El pr¨®ximo viernes, a la una de la tarde, se reunir¨¢ el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona para examinar la queja planteada por el juez del caso Banca Catalana, Ignacio de Lecea, contra el acuerdo adoptado el 22 de febrero por la asamblea de magistrados que modific¨® la situaci¨®n jur¨ªdica y procesal del instructor. De Lecea, en su escrito de protesta, alerta a los magistrados sobre los peligros que entra?a dicha modificaci¨®n, y entre ellos cita la posibilidad de que, si se equipara su cargo al de un juez especial, su nombramiento podr¨ªa ser considerado como inconstitucional.

El magistrado Ignacio de Lecea present¨® su escrito de protesta ante el pleno de la Audiencia Territorial el pasado 25 de febrero, tres d¨ªas despu¨¦s de que se celebrase la asamblea de los magistrados y antes de tener conocimiento oficial de sus resoluciones. La impugnaci¨®n de De Lecea se basa primordialmente, seg¨²n reconoce el propio magistrado en el encabezamiento de su escrito, en las informaciones recogidas a trav¨¦s de la Prensa.En el escrito de protesta, y antes de entrar en el fondo del asunto, Ignacio de Lecea plantea la supuesta incorrecci¨®n cometida por sus compa?eros al convocar y celebrar el debate sin su presencia. Asegura que en el citado pleno, que ten¨ªa como objeto examinar la pertinencia o no de unas pruebas recabadas por el ministerio fiscal, se trat¨® previamente y sin aviso de un tema ajeno al recurso y de car¨¢cter m¨¢s general, como era el de sus funciones y su relaci¨®n con respecto al pleno de la Audiencia Territorial.

El magistrado De Lecea recaba su derecho, y el de los otros dos magistrados suplentes, a asistir a cualquier pleno en que se traten problemas org¨¢nicos y funcionales relacionados con su cargo. Pero el instructor delegado minimiza esta incorrecci¨®n, al asegurar que esta supuesta irregularidad no la plantea para pedir la nulidad de la sesi¨®n, ya que, en su opini¨®n, es mejor "para el inter¨¦s general y de la Justicia dejar las cosas como est¨¢n".

Tras este pre¨¢mbulo, el magistrado entra en el fondo del asunto y plantea los peligros procesales, jur¨ªdicos e incluso pol¨ªticos que entra?a la modificaci¨®n de su status jur¨ªdico. El juez delegado asegura que si se ha modificado su status para equipararlo a las funciones de un juez ordinario, se corre el peligro de convertir el pleno de la Audiencia Territorial en una sala m¨¢s de justicia, olvid¨¢ndose de que pol¨ªticamente este pleno est¨¢ ocupando el lugar que le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.

En opini¨®n del magistrado, cabe tambi¨¦n la posibilidad de interpretar esta modificaci¨®n como un intento de equiparar sus funciones a- las de un juez especial. En este caso, De Lecea alerta a los magistrados de que se corre el peligro de que su nombramiento pudiera ser considerado contrario al art¨ªculo 24, apartado 2, de la Constituci¨®n, que proh¨ªbe el nombramiento de jueces especiales.

Para Ignacio de Lecea, no cabe otra posibilidad que continuar manteniendo el papel que le otorg¨® el pleno de la Audiencia Territorial en su sesi¨®n del pasado 10 de julio, cuando, de una manera t¨¢cita, se entendi¨® que el magistrado actuar¨ªa por delegaci¨®n de la asamblea, sin otras cortapisas que las de no poder dictar procesamientos ni poder acordar la conclusi¨®n del sumario. Asegura adem¨¢s De Lecea que si se mantiene la modificaci¨®n de su status, ello significa que se le da plenos poderes para procesar, declarar concluso el sumario e incluso para decretar la apertura del juicio oral.

"Un problema marginal"

El presidente de la Audiencia Territorial, Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera, rest¨® ayer importancia al debate originado por la carta de De Lecea y asegur¨® que se trataba de un problema marginal sin gran trascendencia. El magistrado, que se neg¨® a entrar en el fondo de la pol¨¦mica, desminti¨® adem¨¢s que el asunto hubiera provocado un enfrentamiento con el juez delegado.En medios jur¨ªdicos, sin embargo, se aseguraba que el debate sobre la carta de De Lecea podr¨ªa convertirse en una moci¨®n de confianza en tomo a la labor efectuada durante estos 10 ¨²ltimos meses por el magistrado, y en el caso que fuese contraria a sus intereses, De Lecea podr¨ªa verse obligado a pedir su sustituci¨®n en la instrucci¨®n de la causa. Esta ¨²ltima posibilidad se descarta en los citados medios, ya que se asegura que De Lecea saldr¨¢ reforzado del debate y contar¨¢ a partir de la discusi¨®n con el apoyo mayoritario de los magistrados. El principal argumento de esta ¨²ltima hip¨®tesis reside en el resultado de la ¨²ltima votaci¨®n, en la que los magistrados quedaron enfrentados, procesal y jur¨ªdicamente, por 16 votos a 17. En opini¨®n de los citados medios, es un enigma la f¨®rmula que articular¨¢ el pleno para dar su apoyo a De Lecea, ya que es pr¨¢cticamente imposible que se reconsideren o se modifiquen los pol¨¦micos acuerdos del pasado 22 de febrero.

Pero, al margen de esta pol¨¦mica procesal, a los especialistas en el tema de Banca Catalana les preocupa el hecho de que el caso se centre ahora en un debate jur¨ªdico ajeno a la investigaci¨®n del supuesto fraude. Desde hace casi tres meses, seg¨²n los citados medios, se encuentra paralizada una petici¨®n importante: la de aportar al sumario la documentaci¨®n de los cr¨¦ditos otorgados al ex presidente de la entidad Jaume Carner y los documentos de la supuesta doble contabilidad del banco.