El feminismo, un horizonte de la libertad

John Stuart Mill dec¨ªa hace casi dos siglos que el mejor medio de evaluar el progreso de una sociedad era la constataci¨®n de la integraci¨®n o marginaci¨®n de las mujeres. Una sociedad s¨®lo avanzaba si se incorporaban al quehacer colectivo los talentos y capacidades de todos sus miembros, y ello no se pod¨ªa lograr si se exclu¨ªa a la mitad de la poblaci¨®n. Hoy el criterio sigue siendo igualmente v¨¢lido. De ah¨ª que el feminismo sea una propuesta de participaci¨®n democr¨¢tica y apunte a la consolidaci¨®n de este sistema pol¨ªtico. Pero el feminismo es tambi¨¦n la b¨²squeda de la eliminaci¨®n de cualquier forma coercitiva de la libertad personal. Cambiar el sistema de desigualdad entre mujeres y hombres implica tambi¨¦n el cambio de las formas de convivencia y de la organizaci¨®n familiar; la transformaci¨®n de la definici¨®n de los papeles sociales femeninos y masculinos, el cambio del contenido de las relaciones personales y finalmente el cambio en los propios arquetipos de feminidad y masculinidad.Para lograr estos objetivos el feminismo ha debido desarrollar acciones en dos niveles: demandas y reivindicaciones hechas a la polic¨ªa y al Estado y propuestas de transformaci¨®n de la propia sociedad civil y de sus instituciones. Aunque estos cambios b¨¢sicamente deben producirse en la propia sociedad, tambi¨¦n exigen la participaci¨®n del Estado. Por ello en los ¨²ltimos 10 a?os las instituciones p¨²blicas y estatales de las democracias occidentales han desarrollado pol¨ªticas p¨²blicas (public policies) para promover la igualdad legal y de oportunidades entre las mujeres y los hombres y se han creado organismos espec¨ªficos encargados de impulsarlas.

Tres tipos de pol¨ªticas

Las pol¨ªticas antidiscriminatorias se pueden clasificar en tres grupos. En primer lugar se han impulsado medidas tendentes a eliminar la discriminaci¨®n que el propio Estado genera en su organizaci¨®n interna y en los servicios que presta a la poblaci¨®n. Existe una discriminaci¨®n laboral de las funcionarias y una ausencia de mujeres en los puestos de mando en todas las instituciones del Estado que debe ser erradicada, y al mismo tiempo el Estado interviene en muchos casos directamente en la reproducci¨®n del sistema de desigualdad social. El segundo grupo de pol¨ªticas en favor de las mujeres contempla la creaci¨®n de servicios y actividades para prestar amparo a las mujeres discriminadas que buscan soluci¨®n a sus problemas. Finalmente, se puede a?adir una serie de medidas para impedir que la discriminaci¨®n se produzca y para sentar las bases de una participaci¨®n equilibrada de los dos sexos en todas las actividades de la sociedad.

Este ¨²ltimo tipo de pol¨ªticas es el m¨¢s novedoso y el que mejores resultados est¨¢ produciendo en los pa¨ªses europeos y en Estados Unidos. Se trata de una forma de intervenci¨®n del Estado en distintos ¨¢mbitos sociales para evitar que se produzcan formas determinadas de discriminaci¨®n y para generar mecanismos que compensen la existente para eliminarla en el futuro. Un ejemplo ha sido la acci¨®n positiva que consiste en una serie de medidas que favorecen la participaci¨®n de las mujeres en las actividades consideradas masculinas y viceversa. Por ejemplo, para fomentar el trabajo de las mujeres, dar cr¨¦dito preferencial a las empresas que las contratan o fijar ciertas cuotas de participaci¨®n de las mujeres en los puestos masculinos y de varones en los femeninos. La acci¨®n positiva pretende equilibrar la balanza en aquellos casos en que el desequilibrio se ha producido por la existencia de la discriminaci¨®n.

Para impulsar las pol¨ªticas antidiscrimimatorias se han creado en los pa¨ªses occidentales organismos nacionales e internacionales espec¨ªficos. En muchos pa¨ªses exist¨ªan instituciones desde hace muchos a?os, pero fue el A?o Internacional de la Mujer de Naciones Unidas y los movimientos feministas los que impulsaron su actividad e hicieron que se generalizaran. Los organismos han sido creados en todos los niveles de la Administraci¨®n, as¨ª como en los Parlamentos y, en las instituciones judiciales. En cuanto a sus funciones, ¨¦stas son de varios tipos: asesoras, decisorias y de complementaci¨®n y aplicaci¨®n de legislaci¨®n espec¨ªfica. Entre las primeras se realizan actividades como recoger informaci¨®n, realizar investigaciones, generar canales de coordinaci¨®n de la informaci¨®n entre las distintas reparticiones de la Administraci¨®n y crear opini¨®n p¨²blica. Los organismos con funciones decisorias coordinan la acci¨®n de todos los departamentos encargados de asuntos que se refieren a las mujeres y tienen competencias en los servicios entregados a ellas. La complementaci¨®n y aplicaci¨®n de legislaci¨®n espec¨ªfica supone la capacidad de hacer cumplir la legislaci¨®n existente ya sea protegiendo a las v¨ªctimas de pr¨¢cticas discriminatorias o creando medias antidiscriminatorias.

El desarrollo de organismos de ese tipo y la complementariedad de pol¨ªticas antidiscriminatorias en Espa?a est¨¢ a¨²n muy lejos de aproximarse a la realidad europea. En el nivel estatal, la creaci¨®n del Instituto de la Mujer puede representar un primer paso en este sentido. En las autonom¨ªas se han comenzado algunos intentos de crear organismos similares, con la ¨²nica excepci¨®n de la Generalitat de Catalu?a. Ahora bien, estos hechos podr¨ªan constituir el inicio de una l¨ªnea pol¨ªtica tendente a equipararse en el tema al resto de los pa¨ªses occidentales o se puede convertir, como sucede en muchos pa¨ªses del Tercer Mundo, en una simple fachada modernizadora que responde a la creaci¨®n de una imagen progresista en el tema a nivel internacional.

Es a¨²n muy pronto para evaluar qu¨¦ destino tendr¨¢ en Espa?a el refuerzo de estas pol¨ªticas, aunque en muchos casos sorprende la poca informaci¨®n o el poco inter¨¦s que se encuentra entre los pol¨ªticos y los altos cargos de la Administraci¨®n. En la Administraci¨®n nos encontramos con problemas a¨²n m¨¢s acuciantes. Por ejemplo, despu¨¦s de dos a?os de gesti¨®n socialista a¨²n no se ha desarrollado una pol¨ªtica de planificaci¨®n familiar.

El reforzamiento de las pol¨ªticas antidiscriminatorias depende de la presi¨®n de las propias mujeres y de la voluntad democr¨¢tica de las fuerzas pol¨ªticas. Es cierto, como suelen se?alar los pol¨ªticos, que si las mujeres no se organizan y presionan para lograr que sus reivindicaciones sean asumidas, dif¨ªcilmente ¨¦stas ser¨¢n tomadas en cuenta. Pero el Estado democr¨¢tico no existe s¨®lo para responder a la presi¨®n. Por ello, la gesti¨®n de un Gobierno socialista deber¨ªa ser capaz de impulsar pol¨ªticas antidiscriminatorias independientemente de la presi¨®n pol¨ªtica. Quiz¨¢ se pueda llegar a comprender las presiones que obligan a permanecer en la OTAN o las dificultades econ¨®micas que llevan a una pol¨ªtica de reconversi¨®n que est¨¢ generando paro. Pero ser¨ªa m¨¢s dif¨ªcil comprender la falta de decisi¨®n en pol¨ªticas que tienen relevancia para la consolidaci¨®n y la profundizaci¨®n de la democracia. Y siguiendo a John Stuart Mill, a lo mejor se convierte en un buen test de la voluntad democratizadora del Gobierno socialista.