El "caso Lasuen" y otros casos

LAS CIRCUNSTANCIAS que rodean la vinculaci¨®n, profesional de dos diputados de Alianza Popular con Gray and Company -una compa?¨ªa norteamericana dedicada a las relaciones p¨²blicas- no han quedado suficientemente aclaradas en la conferencia de prensa convocada -con celeridad digna de elogio- por Jos¨¦ Ram¨®n Lasu¨¦n y Miguel Herrero. La sociedad consultora An¨¢lisis y Dict¨¢menes, S A (Adicsa), propiedad de ambos, firm¨® un contrato, en el mes de julio de 1984, con la empresa estadounidense para realizar las tareas de consultor¨ªa e investigaci¨®n que le encomendase Gray "especialmente en ¨¢reas jur¨ªdicas y econ¨®micas, en relaci¨®n con el cumplimiento de sus objetivos de comunicaci¨®n social, con exclusi¨®n de Espa?a y Am¨¦rica Latina". A cuenta de unos trabajos sin especificar, Adicsa recibi¨® el equivalente en pesetas de 25.000 d¨®lares. Al cabo de cuatro meses, Adicsa rescindi¨® unilateralmente el contrato con Gray y puso a disposici¨®n de su fallido cliente la suma percibida como anticipo. La compa?¨ªa norteamericana, sin embargo, no retir¨® -que se sepa- esa cantidad ni acus¨® recibo de la rescisi¨®n. Hasta la publicaci¨®n por la Prensa norteamericana de informaciones referentes a las actuaciones de Gray en Espa?a, la existencia de Adicsa, la firma del. contrato con la empresa de relaciones p¨²blicas, la recepci¨®n de los 25.000 d¨®lares, la posterior denuncia del acuerdo y la oferta de devolver la suma recibida eran desconocidos por la opini¨®n p¨²blica.?Fue creada Adicsa por los dos diputados aliancistas con la finalidad exclusiva de firmar un acuerdo con Gray and Company? De otro modo, ser¨ªa interesante conocer los nombres y las actividades de los restantes clientes de la sociedad. ?Qu¨¦ servicios concretos, ligados a las relaciones p¨²blicas, se propon¨ªa encargar Gray a los dos parlamentarios espa?oles? Ninguna compa?¨ªa suele dar o recibir dinero a cuenta sin tener ideas claras acerca de las contraprestaciones esperadas. ?Qu¨¦ sentido ten¨ªa excluir aparte de Espa?a a Am¨¦rica Latina del ¨¢mbito de las actividades futuras de Lasu¨¦n y Herrero? La exclusi¨®n de nuestro pa¨ªs se fundamenta en su condici¨®n de diputados, pero no as¨ª, en principio, la de Am¨¦rica Latina y no la de Europa, por ejemplo. ?Por qu¨¦ aguardaron los dos parlamentarios hasta el 23 de noviembre para denunciar el contrato y ofrecerse a devolver el dinero recibido? ?Tiene que ver ello con que, 10 d¨ªas antes, el Congreso creara la comisi¨®n de encuesta para investigar las repercusiones del caso Flick en Espa?a y la financiaci¨®n de los partidos?

Hay m¨¢s preguntas: ?guarda vinculaci¨®n la provisi¨®n de fondos de 25.000 d¨®lares, entregada a Herrero y Lasu¨¦n, con la recepci¨®n previa por la empresa norteamericana de 250.000 d¨®lares procedentes de Espa?a? S¨®lo la averiguaci¨®n de qui¨¦n transfiri¨® esa suma permitir¨¢ dilucidar el enigma. ?Fue un consorcio de compa?¨ªas el¨¦ctricas espa?olas el remitente? ?Las gestiones para que un representante de Gray entrase en contacto con empresas el¨¦ctricas espa?olas y con Iberia fueron realizadas por el diputado Lasu¨¦n en nombre propio, y no de Adicsa, y a t¨ªtulo gratuito? ?Y cabe restringir -como hizo Miguel Herrero en la conferencia de prensa- la estrategia de compa?¨ªas el¨¦ctricas espa?olas a impedir su nacionalizaci¨®n, objetivo que no figura en el programa del PSOE? No lo creemos: las decisiones sobre tarifas, sobre el programa de centrales nucleares o sobre la. regulaci¨®n de las aguas ofrecen un amplio terreno para. el debate parlamentario.

Pero el caso que comentamos, con ser interesante en s¨ª, lo es mucho m¨¢s por referencia a otras situaciones similares posibles. Es conveniente deshacer los malentendidos sobre la pr¨¢ctica del lobbying en las naciones democr¨¢ticas, fundamentalmente en Estados Unidos. El t¨¦rmino alude a las estrategias puestas en marcha por grupos de presi¨®n para informar -y en su caso influir- a las personas encargadas de adoptar las decisiones -gobernantes, parlamentarios, funcionarios, gerentes de empresas p¨²blicas- que pudieran afectar negativa o positivamente a sus representados. En ese proceso de torna de decisiones, a los parlamentarios les corresponde un papel de notable importancia, tanto por la fuerza de sus votos o por la capacidad de presentar enmiendas a los proyectos de ley como por sus facilidades para moverse con conocimiento de causa y de personas en los pasillos del poder. En Estados Unidos, la creciente participaci¨®n de los lobbies en la vida p¨²blica ha obligado a reglamentar su actividad. En cualquier caso, resulta imposible confundir al sujeto activo, que opera en nombre (le empresas a las que sectores econ¨®micos, grupos ideol¨®gicos o instituciones exteriores han confiado p¨²blicamente la defensa de sus intereses, con el destinatario de esos requerimientos, un parlamentario, gobernante o funcionario que representa al inter¨¦s p¨²blico. Los congresistas reciben informaci¨®n de los lobbies, pero no pueden, sin incurrir en delito, estar a sueldo de esos intereses para actuar, a su vez, como agentes del grupo de presi¨®n dentro de las C¨¢maras.

En nuestro pa¨ªs, la defensa de la dignidad parlamentaria exige que las incompatibilidades de los diputados, sea cual sea el partido al que pertenezcan, abarquen tambi¨¦n al mantenimiento de relaciones m¨¢s o menos subrepticias con sus antiguos despachos de abogados o de influencias, aunque se revistan del sobrenombre de estudios jur¨ªdicos o est¨¦n abiertos a nombre de terceras personas de reconocida vinculaci¨®n a los diputados ejercientes. Los grupos parlamentarios deben ser exigentes en esto, y la situaci¨®n econ¨®mica de los diputados, del todo transparente.