Vascos contra la ley Antiterrorista

La presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Antiterrorista por parte del Parlamento vasco, y la posible uni¨®n del Parlamento catal¨¢n en esta materia, ha suscitado de nuevo la pol¨¦mica sobre si las comunidades aut¨®nomas pueden intervenir en este tipo de leyes generales o si, como quieren los centralistas, se deben limitar a intervenir cuando se invaden sus competencias.La lectura directa del art¨ªculo 161.1 de la Constituci¨®n no pone ning¨²n l¨ªmite para interponer recursos por parte de los Gobiernos y Parlamentos aut¨®nomos, lo que en principio hace in¨²til cualquier pol¨¦mica. Tambi¨¦n respetaba esta idea la redacci¨®n original del art¨ªculo 32 de la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional, pero a veces la historia se escribe con l¨ªneas torcidas.

En efecto, una enmienda de Roca introdujo un matiz al citado art¨ªculo 32 limitando la posibilidad de recurrir s¨®lo a las leyes "que puedan afectar a su propio ¨¢mbito de autonom¨ªa", con la ¨²nica intenci¨®n de evitar que las autonom¨ªas se pudieran enzarzar en un juego peligroso de recursos mutuos. Viniendo la enmienda de los nacionalistas catalanes y leyendo el diario de sesiones no queda la menor duda de que tal limitaci¨®n para nada afectaba a la legitimidad de una comunidad aut¨®noma para recurrir todas las leyes del Estado; e incluso conocidos juristas, como el propio Peces-Barba o Garc¨ªa de Enterr¨ªa, coinciden en esta interpretaci¨®n aun se?alando que la limitaci¨®n introducida por Roca es de dudosa constitucionalidad, al ser m¨¢s restrictiva que la Constituci¨®n, si bien es razonable pol¨ªticamente.

Por eso sorprendi¨® a la mayor¨ªa de los juristas que el Tribunal Constitucional utilizara una interpretaci¨®n absolutamente restrictiva en ese a?adido, en el sentido de decir que las comunidades aut¨®nomas s¨®lo podr¨ªan recurrir leyes que afectasen a sus competencias, para rechazar la legitimidad del Parlamento vasco en el recurso que hace cuatro a?os present¨® tambi¨¦n contra otra de las leyes antiterroristas.

Claro est¨¢ que aquella ley antiterrorista fue aprobada con la mayor¨ªa exigua de un voto, faltando los tres diputados de HB y con la oposici¨®n del PSOE, y que adem¨¢s, fatalidad hist¨®rica, el recurso fue presentado dos d¨ªas m¨¢s tarde del 23-F. Somos muchos quienes pensamos que el Tribunal Constitucional prefiri¨® cometer - un gazapo jur¨ªdico en el proceso de admisi¨®n a tr¨¢mite que verse obligado a pegar un soberano sopapo jur¨ªdico al Gobierno en circunstancias y rnateria tan. delicadas.

La reacci¨®n ante aquella sentencia fue muy criticada en el ¨¢mbito de la doctrina jur¨ªdica, comenzando por los cuatro miembros del propio Tribunal Constitucional que emitieron un voto particular en donde desarrollaban una interpretaci¨®n del famoso art¨ªculo 32 mucho m¨¢s acorde con la historia y con el respeto al derecho que nos reconoce la propia Constituci¨®n; el tiempo ha dado la raz¨®n a esta minor¨ªa y, posteriormente, sentencias del propio Tribunal Constitucional, fundamentalmente la del 25 de diciembre de 1982, han reconocido la legitimidad de las comunidades aut¨®nomas para recurrir leyes estatales a fin de velar por su constitucionalidad sin m¨¢s requisito que tener una corresponsabilidad con la materia de la que se trate fundada en sus estatutos y sin que sea necesario que haya un conflicto de invasi¨®n de competencias.

Contradicciones

Y nadie puede dudar que la ley antiterrorista regula normas que afectan a ¨¢reas de la comunidad aut¨®noma vasca. Pi¨¦nsese que la polic¨ªa vasca ya est¨¢ actuando en materia antiterrorista o que aspectos como el del procesamiento de parlamentarios auton¨®micos est¨¢ regulado de forma contradictoria en la ley antiterrorista y en nuestro estatuto de autonom¨ªa, y se deducir¨¢ l¨®gicamente que los poderes vascos tenemos que saber qu¨¦ leyes son las v¨¢lidas y constitucionales, algo que s¨®lo puede contestar el Tribunal Constitucional.

Y por otra parte est¨¢ el sentido com¨²n que avala esta petici¨®n. Desde el Gobierno central se reclama constantemente a las autonom¨ªas hist¨®ricas la necesidad de tener pol¨ªtica de Estado y sentido de solidaridad. El Gobierno socialista, por su parte, se harta de hablar de la necesidad de actuar e implantar la ¨¦tica en el Estado. Pues bien, dif¨ªcilmente podemos actuar los partidos vascos de otra manera que presentando este recurso, porque los lamentos cotidianos que surgen (le los calabozos, las noticias casi diarias que directamente o a trav¨¦s de la Prensa nos llegan sobre torturas que quedan sin castigar, las fotos que llenan las paredes de Euskadi con im¨¢genes medievales de cuerpos torturados son hechos que no podemos negar sin convertirnos en c¨®mplices de los torturadores. Nos negamos a callar sobre lo que ya saben hasta las piedras y creemos hacer un magn¨ªfico servicio al Estado democr¨¢tico con ello.

Los socialistas vascos, ?qu¨¦ lejos aquel d¨ªa que votaban en contra de estas leyes!, contestaban a nuestros argumentos diciendo que un Estado debe poder defenderse contra el terrorismo. Como les dije en el debate, lo digo ahora: se puede defender el Estado, pero nunca en base a la tortura. Adem¨¢s de inmoral, la tortura es contraproducente pol¨ªticamente, fomenta un odio profundo y subleva a las personas. En Euskadi es la causa que m¨¢s justifica la violencia y el discurso de quienes afirman que aqu¨ª no ha cambiado nada. Su abolici¨®n es condici¨®n necesaria para la pacificaci¨®n de Euskadi.

Resulta desolador que tenga que ser un peque?o partido como Euskadiko Ezkerra quien lleve la iniciativa en esta materia con una triple actuaci¨®n p¨²blica: el recurso al Tribunal Constitucional que ahora comentamos; la proposici¨®n de ley contra la tortura, que se discutir¨¢ pr¨®ximamente en el Parlamento espa?ol, y la propuesta que pr¨®ximamente se discutir¨¢ en el Parlamento Europeo, gracias a la solidaridad de los verdes europeos, en el sentido de crear una comisi¨®n de encuesta similar a la creada para el caso del Ulster, a fin de investigar la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista en Euskadi.

Mientras quienes habitualmente se llenan la boca de grandes palabras sobre la ¨¦tica o el sentido del Estado callan y mientras el Defensor del Pueblo sigue absurdamente deshojando la margarita, nosotros volvemos a comprometernos una vez m¨¢s en la defensa de una democracia real, como ya hicimos en su d¨ªa al abrir una v¨ªa de reinserci¨®n social para quienes abandonen la lucha armada. Algo que ha servido m¨¢s para pacificar Euskadi que todas las leyes antiterroristas juntas.