El MOPU abre expediente a una asociaci¨®n eclesi¨¢stica que promovi¨® 396 viviendas
La Asociaci¨®n Ben¨¦fica Sagrada Familia, de origen eclesi¨¢stico, cuyo presidente es el obispo de C¨®rdoba, Jos¨¦ Antonio Infantes Florido, se encuentra incursa, junto con la empresa constructora Bernal Pareja, SA, y seis particulares, arquitectos y aparejadores, en un expediente sancionador iniciado por la delegaci¨®n provincial del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU) y seguido ahora por la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial de la Junta de Andaluc¨ªa, por haber infringido el reglamento de viviendas de protecci¨®n oficial en la construcci¨®n de las 396 viviendas de la urbanizaci¨®n cordobesa que lleva el nombre de la citada promotora eclesi¨¢stica.
C¨®rdobaLos representantes vecinales de este n¨²cleo urbano, habitado por 2.000 personas, han hecho p¨²blico ahora su largo proceso de tres a?os de protestas y reivindicaciones contra las deficiencias estructurales y las condiciones de insalubridad de tales viviendas, sin que los responsables asuman la obligaci¨®n de repararlas, a pesar de las espec¨ªficas instrucciones dadas al respecto por la Administraci¨®n auton¨®mica y las diez multas impuestas ? las cuatro partes, que suman 3.400.000 pesetas en total.El panorama de abandono de las viviendas presenta filtraciones de agua por paredes y techos, contaminaci¨®n en la red de saneamiento y agua de riego, una humedad degradante, medianer¨ªas con fisuras, frecuentes escapes de agua y una general imperfecci¨®n de puertas, ventanas, persianas, etc¨¦tera. Los vecinos insisten en que todos estos desperfectos estaban ya en 1980, cuando ocuparon las viviendas, aunque fuese en 1982 cuando iniciaron sus protestas oficialmente. Han pasado tres a?os, en los que cada parte ha rechazado su responsabilidad sobre la situaci¨®n actual, neg¨¢ndose, a pesar de reconocer el estado de la urbanizaci¨®n, a realizar los arreglos precisos. Mientras que en el expediente sancionador se incluyen a las cuatro partes actuantes en la ejecuci¨®n del proyecto -promotora, constructora, arquitectos y aparejadores- y ya se han impuesto seis multas de 500.000 pesetas y cuatro de 100.000, repartidas entre ellas, el delegado provincial de pol¨ªtica territorial, Jos¨¦ Rodr¨ªguez Rueda, asegura que "la responsabilidad, sin duda de ninguna clase, est¨¢ claro que es de la promotora, la Asociaci¨®n Ben¨¦fica Sagrada Familia". "Otra cosa", a?ade, "es que el reglamento admita que esa responsabilidad pueda extenderse a otras partes, como ocurre en este caso".
Aval de 25 millones
Por su parte, el vicario general de la di¨®cesis y vocal de la promotora, Valeriano Orden Palomino, niega que la Sagrada Familia tenga que responder del problema, "ya que en el contrato con la empresa constructora se fij¨® una cl¨¢usula por la que ¨¦sta se compromet¨ªa a entregarle a la promotora un aval de 25 millones de pesetas al t¨¦rmino de las obras para atender los posibles desperfectos que pudieran surgir. Ellos han cobrado hasta la ¨²ltima peseta, pero aqu¨ª no han presentado ese aval". Por tanto, concluye, esta sociedad ben¨¦fica, que no tiene en estos momentos fondos ni para entablar un pleito por este asunto, no se siente obligada a atender las reparaciones ni a pagar 1.100.000 pesetas en sanciones que le ha impuesto la Administraci¨®n.Tampoco ha presentado, como las otras tres partes, un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de Sevilla contra las resoluciones de la Junta.
El obispo recibi¨® el pasado mes de febrero a una representaci¨®n de los vecinos, a quienes, seg¨²n afirma el presidente de la comunidad de propietarios, Diego Mill¨¢n, les anunci¨® su intenci¨®n de resolver el problema por razones humanitarias si la cuant¨ªa de las reparaciones s¨®lo ascend¨ªaa cinco millones de pesetas. Hasta ahora no existe concreci¨®n alguna de tales intenciones ni tampoco de la posibilidad de que Infantes Florido visitase la urbanizaci¨®n, ideas que el propio obispo rechaz¨® instantes despu¨¦s de comunic¨¢rsele a los representantes vecinales por el temor, seg¨²n ¨¦stos, a que los vecinos le considerasen como el culpable de la situaci¨®n.
Los actuales propietarios compraron sus viviendas a precios que oscilaron entre los dos millones al contado y los cinco a plazos, confiados en las actuaciones precedentes de la Sagrada Familia, que a partir de los a?os cuarenta construy¨® miles de viviendas unifamiliares en los barrios cordobeses de Ca?ero y Fray Albino, para luego venderlas a precios simb¨®licos. Ahora se declaran enga?ados y preocupados por el futuro.
En todo caso, el responsable provincial de pol¨ªtica territorial de la Junta manifestaba su voluntad de "llegar hasta donde haga falta" para hacerles justicia a los vecinos. Para ello, nuevas multas, que puedan rondar las 500.000 pesetas, se impondr¨¢n desde la consejer¨ªa con car¨¢cter coercitivo en caso de que transcurridos los 20 d¨ªas desde la ¨²ltima sanci¨®n -dentro de dos semanas los sancionados contin¨²en con su pol¨ªtica de o¨ªdos sordos.
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