La colza y la justicia

LA PUESTA en libertad recientemente de los ¨²ltimos procesados en el sumario del envenenamiento por el aceite de colza, que hasta ahora ha causado 357 muertes y 20.143 afectados, y la transformaci¨®n estructural del Plan Nacional del S¨ªndrome T¨®xico decidido por el Consejo de Ministros del pasado d¨ªa 27 de marzo a?aden m¨¢s perplejidad a uno de los sucesos m¨¢s graves desde el punto de vista sanitario y m¨¢s complejos desde la perspectiva cient¨ªfica y jur¨ªdica que se han registrado en Espa?a en los ¨²ltimos tiempos.La decisi¨®n del juez instructor del sumario, Alfonso Barcala, de dejar en libertad provisional sin fianza a los cinco ¨²ltimos procesados por este turbio asunto, que permanec¨ªan en prisi¨®n preventiva sin juicio, da pie una vez m¨¢s a una reflexi¨®n sobre la eficacia de la acci¨®n de la justicia. El juez no pod¨ªa hacer otra cosa que decretar su libertad, porque ya hab¨ªan transcurrido m¨¢s de 30 meses de prisi¨®n preventiva y no se pod¨ªa aplic¨¢rseles a los procesados la nueva reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija el per¨ªodo m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva en cuatro a?os. Pero lo ciudadanos se pregutan c¨®mo es posible que, cuatro despu¨¦s de producidas las primeras muertes, no se tenga ni siquiera una m¨ªnima certeza sobre cuando podr¨ªa celebrarse el juicio.

La complejidad del s¨ªndrome t¨®xico, y m¨¢s concretamente el hecho de que no se haya determinado con claridad meridiana desde el punto de vista cient¨ªfico la naturaleza de la sustancia causante, aunque haya quedado establecido que el agente transmisor fue el aceite de colza, parecen ser algunos de los motivos que han retrasado la actuaci¨®n judicial. La inclusi¨®n en un solo sumario de todo el asunto ha evitado que se hubieran podido celebrar, al menos, los juicios por presuntos fraudes alimentarios, que permitieron la extensi¨®n del s¨ªndrorne a trav¨¦s de la comercializaci¨®n ilegal del aceite. El sumano de la colza es, con mucho, el m¨¢s extenso de cuantos se han instruido jam¨¢s en Espa?a. La causa principal supera largamente los 100.000 folios, que han debido ser clasificados en m¨¢s de 100 tomos. Adem¨¢s de las m¨¢s de 550 carpetas, una por cada fallecido, y cerca de 11.000 carpetas correspondientes a familias afectadas. Igualmente, del sumario principal, el 129/81, se han desglosado una veintena de piezas separadas.

El juez Barcala concluy¨® el sumario en noviembre de 1983 con el procesamiento de 31 personas, pero fue reabierto a petici¨®n de la acusaci¨®n particular, que solicit¨® el procesamiento de otros 11 industriales o qu¨ªmicos del aceite, y de la defensa de los acusados, que pidi¨® la pr¨¢ctica de nuevas diligencias. La acusaci¨®n particular tambi¨¦n solicit¨® el procesamiento de algunos de los 10 altos cargos de UCD presuntamente implicados este caso.por negligencia u omisi¨®n en el desempe?o de sus funciones cuando se produjo el envenenamiento masivo.

Barcala acept¨® 10 de los 11 procesamientos solicitados por la acusaci¨®n particular. El Tribunal Supremo dictamin¨® que la presunta responsabilidad de los altos cargos de UCD deber¨ªa ser investigada en un nuevo sumario, que no se ha abierto todav¨ªa puesto que est¨¢ pendiente de que se nombre un juez instructor para el caso.

En la actualidad se encuentran procesados 41 empresarios del aceite. Todos est¨¢n en libertad provisional, excepto cinco que est¨¢n fugados: Andr¨¦s Eloy Muro, Francisco T¨¢rrega, Adela Jarauta, Ignacio Baixeras y Alfonso Molina. La mayor¨ªa est¨¢n acusados de delitos contra la salud p¨²blica, fraude o estafa en la comercializaci¨®n del aceite de colza, aunque algunos est¨¢n procesados por la mezcla de aceites con componentes cancer¨ªgenos como el 4-azo-amino-benceno.

Es de reconocer la complejidad de los hechos, pero resulta desesperanzador que un caso en el que median cientos de muertes tienda a escaparse en el tiempo y en el espacio a la acci¨®n de la justicia. A ello se a?ade la reciente reestructuraci¨®n del Plan Nacional del S¨ªndrome T¨®xico, que ha supuesto la desaparici¨®n de la direcci¨®n general de dicho plan. Aunque no cesan ni la asistencia sanitaria a los afectados -que ahora pasa adepender del Ministerio de Sanidad- ni la econ¨®mica y social, que quedar¨¢ en el Ministerio de la Presidenc?a, esta reorganizaci¨®n, acordada por el Congreso de los Diputados, supone un nuevo tratamiento del tema que posibilita a primera vista difuminar el problema en, el olvido del aqu¨ª no ha pasado nada. En resumidas cuentas la opini¨®n p¨²blica empieza a sospechar que nos encontramos ante un juicio que nunca se celebrar¨¢, ante unas responsabilidades pol¨ªticas que nunca ser¨¢n exigidas y ante un misterio cient¨ªfico contra el que todo conspira para que no sea puesto en claro.